La provincia de León vuelve a situarse en el centro del debate sobre los daños del lobo tras una sentencia que marca tendencia en el país. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha obligado a la Junta de Castilla y León a indemnizar con 7.000 euros la muerte de un perro de caza atacado en Riello, un fallo considerado histórico por su alcance jurídico.
Una resolución que cambia el escenario legal
La muerte de Wifi, el perro de caza de Diego Puebla, durante una jornada en la pedanía de Salce el 3 de febrero de 2024, ha terminado convirtiéndose en un antes y un después para la caza española. La magistrada del juzgado leonés ha declarado firme y sin posibilidad de recurso una sentencia que reconoce la responsabilidad patrimonial de la administración al no asumir los daños pese a haber sido alertada del ataque.
El propietario avisó a los agentes medioambientales tras perder a los perros en una zona de monte con escasa cobertura, pero —según la defensa— «no hicieron nada», lo que llevó al abogado Jorge Carro (Carro Hurtado Abogados) a iniciar el expediente. La resolución incluye, además de la indemnización principal, intereses legales y 600 euros en costas.
El lobo como causante y un precedente a nivel nacional
El fallo se apoya en un informe veterinario que acreditó lesiones compatibles con un ataque de lobo y valoró al animal en función de sus aptitudes como sabueso español. Pese a la ausencia de GPS y las dificultades del terreno, la magistrada entendió que existía prueba suficiente para imputar el daño a fauna silvestre, lo que activa la responsabilidad de la Junta del mismo modo que se hace con el ganado o los perros mastines.
El propio Carro subraya la dimensión del caso: «Es la primera sentencia favorable por un perro de caza en Castilla y León y la primera que ganamos», un resultado que considera un «punto de inflexión» para propietarios que hasta ahora no encontraban amparo administrativo.
Indemnizaciones posibles y nuevas reclamaciones
El abogado incide en que muchos afectados no denuncian por la protección estricta del lobo, convencidos de que el proceso será estéril. Sin embargo, recalca que «si la Administración causa un daño, debe indemnizar», independientemente del estatus de la especie.
Los ataques están aumentando en zonas como Omaña y áreas limítrofes con Asturias, especialmente sobre perros de caza, y ya existe otro caso en marcha en Maraña.
La sentencia, firme y pionera, abre así una vía jurídica para reclamar indemnizaciones cuando se acrediten los requisitos legales. Como concluye Carro, «los daños causados por fauna silvestre no desaparecen por proteger a la especie».
