El jabalí lleva años desbordando cualquier previsión en los montes valencianos: entra en huertas, provoca sustos en carretera y, desde que la peste porcina africana (PPA) ronda Europa, se ha convertido en la pieza que más preocupa a ganaderos y gestores cinegéticos. Para intentar frenar esa expansión, la Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso presupuestario. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el pasado 12 de noviembre una transferencia de crédito de 140.760 euros destinada a sufragar el incentivo de 40 euros por cada jabalí cazado y retirado del medio natural, según recoge Jara y Sedal.
La cifra, aunque modesta frente al conjunto del plan, tiene su lectura: equivale matemáticamente a 3.519 jabalíes, pero esa operación aritmética solo indica la capacidad máxima del crédito, no el número de expedientes ya aprobados o pagados. La transferencia presupuestaria es un trámite distinto de la concesión y el abono de las ayudas, que corresponde resolver a la dirección general competente en materia de caza.
Una plaga que ya tiene nombre de emergencia sanitaria
Lo de Valencia con el jabalí no es un problema nuevo, pero sí se ha agravado. El Consell aprobó a comienzos de 2026 un decreto ley de medidas extraordinarias para combatir la sobrepoblación de jabalíes y prevenir la llegada de la PPA, una enfermedad que, aunque no afecta a las personas, podría golpear con fuerza al sector porcino. El decreto se aplica en 542 municipios, es decir, en el conjunto de la Comunitat Valenciana, y moviliza hasta seis millones de euros: dos millones para ayudas directas a la caza y retirada de ejemplares, y cuatro millones para el servicio de control poblacional complementario y la puesta en marcha de una Unidad Logística encargada de la recogida y destrucción de cadáveres.
La norma reconoce algo que cualquier presidente de coto valenciano sabe de sobra: los titulares de espacios cinegéticos gestionan más del 80 % del territorio susceptible de albergar jabalí, y sobre ellos recae el cumplimiento de los planes técnicos de ordenación. Pero queda un 20 % del territorio sin titular cinegético, zonas comunes, refugios de fauna o terrenos sin acotar donde la caza deportiva no basta. Ahí es donde entra la empresa pública VAERSA, encargada de desplegar jaulas trampa allí donde la actividad cinegética encuentra más limitaciones, además de coordinar las rutas de recogida de animales.
El plan marca como zonas prioritarias los corredores viarios de mayor riesgo —la A-7, la AP-7, la N-232, la A-3, la A-23, la CV-35 y la CV-10—, donde los choques con jabalí son una pesadilla recurrente para quien conduce de noche por zonas rurales. Un balance de junio, cuando el operativo llevaba medio año en marcha, ya hablaba de 3.000 ejemplares retirados, con 1.339 en la provincia de Valencia, 726 en Alicante y 729 en Castellón, y de ellos 800 capturados mediante jaulas y cerca de 2.000 aportados por cazadores.
Quién cobra la ayuda y qué tiene que justificar
La ayuda de 40 euros no va al bolsillo de cada cazador que dispara, sino a los titulares de espacios cinegéticos autorizados y a los adjudicatarios de zonas de caza controlada de la Comunitat Valenciana. Son ellos quienes gestionan el terreno, cumplen los requisitos y tramitan la solicitud, aunque sean los cazadores colaboradores quienes hagan el trabajo sobre el terreno y comuniquen cada captura.
La convocatoria cubre ejemplares abatidos tanto en modalidades deportivas de caza mayor como mediante otras técnicas debidamente autorizadas. Para generar derecho al cobro, el jabalí tenía que haber sido abatido en territorio valenciano entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026, con la retirada justificada por la Unidad Logística dentro de ese mismo periodo. El plazo para solicitar y justificar la ayuda estuvo abierto del 16 al 30 de septiembre. Entre las obligaciones del beneficiario figura comunicar cada captura y su localización, seguir las indicaciones para gestionar las piezas y conservar los justificantes de retirada expedidos por el servicio logístico. Dicho de otro modo: abatir el animal no basta por sí solo, hay que cerrar todo el circuito administrativo para que el incentivo llegue a cobrarse.
Este matiz tiene una consecuencia muy práctica para sociedades de cazadores y titulares de coto: conviene llevar un registro ordenado de cada pieza entregada, con fecha, lugar y justificante, porque sin ese papeleo no hay 40 euros que valgan. La Generalitat, además, habilitó un servicio específico de recogida los domingos por la tarde para facilitar la retirada de animales tras las cacerías de fin de semana, un detalle que agradecerán quienes han tenido que cargar con un jabalí abatido sin saber muy bien dónde dejarlo.
Cazadores y jaulas: dos vías, un mismo objetivo
El balance difundido por la Generalitat en septiembre situó en 5.337 los jabalíes retirados dentro del plan de choque. De ellos, 3.192 correspondieron a actuaciones con colaboración de cazadores —cerca del 60 % del total— y 2.145 se capturaron mediante jaulas, en torno al 40 % restante. Las intervenciones cinegéticas abarcaron 353 cotos y zonas de caza de Alicante, 209 de Castellón y 438 de Valencia, hasta sumar 1.000 espacios cinegéticos en las tres provincias.
El reparto provincial del trampeo, por su parte, dejó a Valencia al frente con 1.047 ejemplares, seguida de Alicante con 659 y Castellón con 439. Zonas como Xàbia-Dénia, La Plana, La Valldigna y La Safor concentraron buena parte de esos resultados hasta principios de septiembre. No existe, sin embargo, un desglose provincial equivalente para los 3.192 jabalíes atribuidos a la colaboración cinegética, así que no cabe construir con los datos disponibles una comparación territorial completa entre ambos métodos.
Un balance provincial de Castellón correspondiente a los primeros cuatro meses del año, con 521 animales entre abatidos y capturados, ilustra la diferencia de ritmo entre cotos privados y trampeo institucional: 462 fueron abatidos por cazadores en cotos privados y 59 capturados en jaulas trampa, lo que en ese momento suponía un desembolso de 18.480 euros solo en esa provincia por el incentivo de 40 euros. Son cifras de un corte parcial del operativo y no sustituyen al balance de 5.337 jabalíes de septiembre, que es el que sostiene esta nueva transferencia de crédito.
Un plan que no se improvisó de la noche a la mañana
No es la primera vez que la Generalitat mete dinero en este asunto. En 2025 ya había abierto una convocatoria dirigida a ayuntamientos con problemas de sobrepoblación de jabalí, dotada con hasta 900.000 euros repartidos en líneas para zonas comunes de caza, cotos privados y eliminación de cadáveres, tal y como contó entonces esta hemeroteca. También la Diputació de València puso en marcha su propio plan provincial de control, con ayudas a la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para financiar batidas y ganchos en 245 localidades con sobrepoblación declarada, según recogió Cazaflix en su momento.
El marco normativo que sostiene todo este dispositivo combina varias piezas. La Ley 13/2004, de caza de la Comunitat Valenciana, atribuye a los titulares de espacios cinegéticos la responsabilidad de gestionar las poblaciones en sus acotados. La Orden 22/2021, de 11 de noviembre, regula específicamente la caza y el control del jabalí en el territorio autonómico, y desde 2022 incluye entre los métodos homologados la caja-trampa, tras la resolución que amplió el catálogo de sistemas de captura autorizados. A eso se suma el decreto ley extraordinario de 2026 y las sucesivas convocatorias de ayudas, cada una con su propio objeto y beneficiarios, lo que explica por qué conviene no mezclar la línea municipal de 2025, el plan provincial de la Diputació y esta transferencia autonómica de 140.760 euros: son instrumentos distintos dentro de la misma estrategia.
Lo que queda por confirmar
Lo acreditado hasta ahora es la habilitación del crédito y el balance de capturas comunicado en septiembre, no el número definitivo de expedientes que terminarán cobrando los 40 euros por ejemplar. Como ya advirtió esta hemeroteca al difundirse la cifra de 5.337 jabalíes, el dato circuló antes de que existiera un balance oficial plenamente accesible, y conviene mantener esa cautela hasta que la Generalitat publique las resoluciones de concesión y pago correspondientes a esta nueva partida.
Para quien gestiona un coto en zona de sobreabundancia, el mensaje práctico es sencillo: el incentivo sigue vivo, pero cobrarlo exige papeleo en regla y atención a los plazos que marque cada convocatoria, algo que también ha ido cambiando en paralelo con otras rebajas fiscales al sector cinegético valenciano, como la que recientemente abarató la licencia de caza trienal en la Comunitat Valenciana.
