Andalucía se convierte en escenario clave en el debate sobre la protección animal tras la decisión de la Federación Andaluza de Caza (FAC) de enviar a todos los grupos del Parlamento autonómico el primer informe oficial del Gobierno central que analiza la gestión y protección de los animales en España. El documento, publicado en marzo de 2025 por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aporta datos que desmienten frontalmente las acusaciones que durante años han tratado de vincular a los cazadores con un abandono masivo de perros de caza.
Datos oficiales que desmontan el relato animalista
Según el estudio, que recopila información de 284 centros municipales y protectoras, en 2023 se recogieron 18.764 perros por pérdida o abandono en toda España. De ellos, únicamente el 12,9 por ciento pertenece a razas de caza —sin que pueda confirmarse que procedan realmente de cazadores— y solo el 2,8 por ciento del total fueron galgos. Estas cifras son las primeras respaldadas por una fuente oficial del Estado, y suponen un golpe directo a años de acusaciones desde colectivos animalistas.
Además, los datos chocan con las cifras difundidas por organizaciones como PACMA, que en 2023 afirmó que más de doce mil perros de caza habían sido abandonados —sin considerar otras razas—, o con las de la Fundación Affinity, que elevó a ciento setenta y tres mil los abandonos totales en 2024. La FAC subraya que este informe oficial demuestra que esas estimaciones carecían de rigor y contribuían a alimentar un relato falso contra el sector cinegético.
La FAC exige a los políticos que defiendan al sector
José María Mancheño, presidente de la FAC, pide a los representantes públicos que “utilicen datos verificados para frenar las campañas de criminalización” y abandonen la tibieza cuando se señala injustamente a los cazadores. La federación reclama que las instituciones defiendan públicamente al colectivo frente a informaciones falsas difundidas en redes sociales y medios.
El estudio, que ya está en manos de los miembros de las comisiones andaluzas de Medio Ambiente y de Presidencia e Interior, marca un punto de inflexión en un debate donde, según la FAC, la verdad estadística debe pesar más que el activismo ideológico.
