Las infracciones relacionadas con la normativa de caza siguen una tendencia claramente descendente en España. Así lo refleja el último Anuario Estadístico publicado por el Ministerio del Interior, cuyos datos muestran una reducción sostenida de las actuaciones administrativas vinculadas a incumplimientos cinegéticos desde el año 2020.
Según el informe, en 2020 se contabilizaron 5.348 infracciones relacionadas con la actividad cinegética en todo el territorio nacional. Cuatro años después, en 2024, la cifra se redujo hasta las 3.541 actuaciones, lo que supone un descenso acumulado de 1.807 casos y una caída cercana al 33,8%.
La evolución refleja una bajada constante año tras año. En 2021 se registraron 5.058 infracciones; en 2022, 4.312; y en 2023, 3.810. La tendencia, lejos de responder a una circunstancia puntual, muestra una línea descendente consolidada que contrasta con otros ámbitos relacionados con la protección medioambiental, donde las cifras presentan mayores fluctuaciones.
Un cambio progresivo en el sector cinegético
El descenso sostenido de las infracciones administrativas apunta a una transformación gradual en la actividad cinegética española. Entre los factores que podrían explicar esta evolución destacan una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa, el aumento de la concienciación dentro del sector y una progresiva profesionalización de la gestión cinegética.

También ha influido el endurecimiento del contexto normativo y el incremento de la sensibilidad social hacia las cuestiones ambientales y de conservación. Todo ello parece haber favorecido un mayor control sobre las prácticas vinculadas a la caza y una reducción paulatina de los incumplimientos administrativos.
Aun así, las cifras continúan siendo relevantes. Las más de 3.500 infracciones registradas durante 2024 evidencian que todavía existe margen de mejora en el cumplimiento de la legislación vigente en materia cinegética.
Los delitos de caza mantienen cifras estables
En paralelo a la caída de las infracciones administrativas, los delitos relacionados con la caza presentan un comportamiento más estable. El mismo informe recoge que en 2024 se registraron 263 delitos vinculados a esta actividad, frente a los 215 contabilizados en 2020.
Aunque durante estos años se han producido oscilaciones —como el repunte hasta 305 delitos registrado en 2023—, no se aprecia una tendencia descendente tan marcada como la observada en el ámbito administrativo.
Este contraste refleja dos realidades distintas dentro del mismo sector: mientras disminuyen los incumplimientos administrativos, los hechos constitutivos de delito mantienen niveles relativamente similares.
La lectura global de los datos, no obstante, confirma una tendencia positiva en el ámbito cinegético español. Las infracciones administrativas relacionadas con la caza son hoy considerablemente menos frecuentes que hace apenas cinco años, un dato que refleja cambios importantes tanto en la gestión de la actividad como en el comportamiento de quienes la practican.
