Los cazadores españoles se han consolidado como el colectivo privado que más invierte en la prevención de incendios forestales en nuestro país. Según el Estudio Socioeconómico de la Caza en España, realizado por Deloitte para Fundación Artemisan, el sector cinegético destina anualmente 54 millones de euros a la adecuación de accesos, la mejora de cortafuegos, la limpieza del monte, el mantenimiento de pantanos y balsas, así como a podas y desbroces, actuaciones esenciales en épocas de calor extremo como la actual.
A esta inversión se suma un dispositivo humano único en el medio natural: miles de guardas de coto y cazadores que, al estar presentes durante todo el año en el campo, se convierten en el primer foco de alerta ante cualquier conato de fuego. Su comunicación inmediata con las autoridades y su disposición a colaborar en las labores de extinción hacen que, además de prevenir, sean agentes activos en la lucha contra los incendios forestales. Un ejemplo claro lo vivimos hace solamente un mes, cuando un grupo de cazadores extinguieron un conato de incendio provocado por un rayo en Valencia.
@jara_y_sedal ¿Sabías que los cazadores invierten más que nadie en prevenir incendios forestales en España? 🔥🌲 #IncendiosForestales #Cazadores #MedioAmbiente #España #Naturaleza ♬ sonido original – Jara y Sedal
Un trabajo que se nota en el territorio
La gestión cinegética no se limita a la prevención directa. Tras un incendio, los cazadores y gestores de cotos impulsan labores de recuperación de la fauna y del monte, con aportes de agua y alimento, repoblaciones forestales, conservación de vegetación autóctona y proyectos de mejora y ordenación del terreno. Todo ello se enmarca dentro de una aportación global del sector que supera los 300 millones de euros anuales en conservación medioambiental, con un impacto económico total de 6.475 millones de euros y 187.000 empleos vinculados.
No es casualidad, recuerdan desde Fundación Artemisan, que grandes espacios de caza mayor como Sierra Morena, Montes de Toledo o la Serranía de Cádiz históricamente hayan registrado pocos incendios. El manejo sostenible del territorio, la existencia de cortaderos, la red de balsas de agua y la vigilancia permanente explican en buena medida esta realidad. A ello se añade la presencia de especies de caza mayor que actúan como «desbrozadoras naturales», reduciendo la carga de combustible vegetal.
Burocracia y abandono del campo, un riesgo añadido
La fundación advierte de que, pese a este esfuerzo, la proliferación de trabas burocráticas y las limitaciones normativas impuestas en espacios protegidos han frenado prácticas tradicionales como podas, limpiezas o quemas controladas, que resultaban clave en la lucha contra los incendios estivales. La consecuencia directa es un campo cada vez más abandonado y despoblado, donde desaparecen actividades como la ganadería y la propia caza, lo que incrementa la vulnerabilidad del monte frente al fuego.
Actualmente, el 25 % del territorio nacional está declarado como espacio natural, lo que ha limitado estos usos. Fundación Artemisan reclama que se adapten las normativas a la realidad, que se recuperen los aprovechamientos tradicionales y que se desarrollen planes de ordenación forestal tanto en montes públicos como privados.
De esta forma, subrayan, se podrá reforzar el papel de los cazadores como el mayor aliado privado en la prevención de incendios y como un colectivo imprescindible también en la extinción, gracias a su presencia diaria y continuada en el campo.
