La colaboración entre cazadores y fuerzas de seguridad ha dado un nuevo paso en Francia. El departamento de Oise, situado al norte del país, acaba de formalizar un acuerdo entre la prefectura, la Federación Departamental de Cazadores y la Gendarmería Nacional que reconoce oficialmente a los cazadores como una red de observación privilegiada capaz de detectar y comunicar con rapidez delitos medioambientales como la caza furtiva, los vertidos ilegales o cualquier comportamiento peligroso en el medio rural.
El convenio, firmado el pasado 30 de junio, pretende reforzar la seguridad durante la actividad cinegética y aprovechar la presencia constante de miles de personas en montes y campos para mejorar la vigilancia del territorio. Hasta ahora esta colaboración existía de manera informal, pero las autoridades francesas han decidido darle un marco oficial.
Un acuerdo entre la prefectura, la Gendarmería y los cazadores
El documento fue suscrito por el prefecto de Oise, Jean-Marie Caillaud; el presidente de la Federación Departamental de Cazadores, Guy Harlé d’Ophove; y el general Christophe Berthelin, jefe del grupo de Gendarmería del departamento.
El objetivo principal es facilitar el intercambio de información entre las tres instituciones para mejorar tanto la protección de los espacios naturales como la seguridad de todas las personas que desarrollan su actividad en el medio rural.
Las autoridades consideran que los cazadores constituyen una fuente de información especialmente valiosa debido a su presencia habitual en bosques, cultivos y terrenos forestales durante buena parte del año.
Una red capaz de detectar rápidamente la caza furtiva
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la creación de una auténtica red de vigilancia integrada por cazadores, guardas particulares juramentados, tramperos autorizados y responsables de asociaciones cinegéticas.
La prefectura define este colectivo como una «red de observación privilegiada», capaz de alertar rápidamente a las fuerzas del orden cuando detecten actividades ilícitas como casos de caza furtiva, vertidos ilegales, daños ambientales o cualquier otra conducta sospechosa.
Esta colaboración permitirá que la información llegue a la Gendarmería de forma mucho más rápida, facilitando la intervención de los agentes y aumentando las posibilidades de identificar a los responsables.
Compromisos por ambas partes
El acuerdo establece obligaciones concretas para cada una de las partes implicadas.
La Gendarmería se compromete a informar a la Federación de Cazadores sobre cualquier accidente o hecho delictivo relacionado con la actividad cinegética. Además, facilitará la identificación de los cazadores voluntarios mediante su incorporación a una base de datos accesible para las patrullas a través del teléfono de emergencias 17.
Por su parte, la Federación Departamental de Cazadores asume el compromiso de comunicar inmediatamente a las fuerzas de seguridad cualquier comportamiento peligroso detectado sobre el terreno y de concienciar a todos sus asociados sobre la importancia de esta colaboración institucional.
Voluntarios para proteger el medio natural
Durante la presentación del acuerdo, el prefecto anunció además la creación de una futura red de cazadores voluntarios que reforzará este sistema de intercambio de información.
Estos colaboradores actuarán como observadores permanentes en los campos y bosques del departamento, aportando información útil para prevenir delitos y mejorar la conservación de los espacios naturales.
Las autoridades consideran que esta medida no supone crear nuevas funciones para los cazadores, sino dar respaldo institucional a una labor que muchos de ellos ya venían desempeñando de manera espontánea gracias a su conocimiento del territorio y a su presencia constante en el medio rural.
Un modelo de cooperación que podría extenderse
La firma de este convenio supone un reconocimiento explícito al papel que desempeñan los cazadores en la vigilancia del entorno natural. Su conocimiento del terreno y su presencia habitual en zonas donde apenas existe vigilancia permanente los convierten en aliados estratégicos para detectar actividades ilegales con rapidez.
La experiencia del departamento de Oise podría servir ahora como modelo para otras regiones francesas interesadas en estrechar la colaboración entre administraciones públicas, fuerzas de seguridad y el colectivo cinegético con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la protección del patrimonio natural.
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