El debate sobre el control de la fauna salvaje vuelve a situarse en el centro de la actualidad catalana. Desde la Agrupación de Sociedades de Cazadores y Pescadores de Catalunya (AGRUPCAT) alertan de un desequilibrio creciente en las poblaciones de corzo en comarcas del interior, especialmente en zonas de la Catalunya Central, donde la densidad se considera ya excesiva.
Según su presidente, Enric Vélez, el problema no se limita al jabalí, cuya expansión está directamente relacionada con los protocolos activados por la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en el territorio. El corzo, asegura, empieza a mostrar una evolución similar sin que se adopten medidas proporcionales para intensificar su aprovechamiento cinegético.
Cazadores disponibles, pero con limitaciones
Desde AGRUPCAT explican que cuentan con un listado de cerca de 100 cazadores formados, capacitados para intervenir en batidas de control si así lo requiere la administración. Todos ellos han superado los cursos exigidos por motivos de seguridad, pero denuncian que la respuesta institucional es lenta y excesivamente burocrática.
El colectivo subraya que, pese a ofrecerse como parte de la solución ante el riesgo sanitario y los daños agrícolas, se encuentran con restricciones normativas que dificultan su labor. Entre ellas, la gestión de la carne de jabalí abatido, cuya comercialización se ve limitada por la desconfianza de algunos mercados, a pesar de que en Catalunya no se han detectado animales infectados.
El corzo, un problema emergente
Más allá del jabalí, los cazadores ponen el foco en el crecimiento descontrolado del corzo, especialmente en determinadas áreas del interior catalán. A su juicio, no se está autorizando un aumento de capturas allí donde la densidad es claramente elevada, mientras que en otras provincias con menor presión poblacional sí se amplían los cupos. Desde el sector advierten de que esta falta de coherencia en la planificación cinegética puede derivar en daños agrícolas, problemas de regeneración forestal y un aumento del riesgo de accidentes de tráfico.
Otro de los puntos críticos señalados por AGRUPCAT es la limitación del número de perros autorizados para la caza del jabalí. La restricción a 14 canes por rehala es considerada insuficiente para completar una temporada, debido a las bajas, lesiones y desgaste habitual de los animales durante las batidas. A ello se suman las dificultades para legalizar instalaciones en suelo rústico, las exigencias administrativas sobre el cuidado diario de los perros y la imposibilidad práctica de mantener recambios, algo que históricamente ha sido clave en la gestión cinegética.
Una actividad en retroceso
Los representantes del sector alertan también de una regresión de la caza en Catalunya, vinculada al abandono del medio rural, la falta de relevo generacional y políticas que, a su juicio, responden mayoritariamente a una visión urbana del territorio. Denuncian además obstáculos como la necesidad de autorizaciones municipales para ocupar caminos durante batidas o propuestas como la geolocalización obligatoria de los cazadores, que ya generaron protestas masivas en Barcelona.
Pese a ello, desde AGRUPCAT recuerdan que la caza cumple una función ecológica y social: contribuye al control de enfermedades, protege cultivos y masas forestales y reduce riesgos para la seguridad vial. Un papel que, insisten, debería ser reconocido y respaldado con normas más ágiles y adaptadas a la realidad del campo.
