La integración de Andalucía y Castilla-La Mancha en la licencia interautonómica de caza supone uno de los mayores avances normativos del sector en los últimos años. Con esta incorporación, el documento —que permite cazar legalmente en varias comunidades con una única licencia— se consolida como una herramienta clave para simplificar trámites y fomentar la movilidad de los cazadores españoles entre regiones colindantes.
Un cambio que responde a una demanda histórica
Durante la presentación del estudio de impacto de la caza en España, organizada por la Fundación Artemisan en Madrid, el Ministerio de Agricultura confirmó que ambas comunidades autónomas se incorporarán al acuerdo interautonómico. Este paso responde a una reivindicación largamente planteada por el colectivo: reducir los obstáculos administrativos que, hasta ahora, disuadían a muchos aficionados de desplazarse para cazar en regiones vecinas.
Hasta la fecha, la licencia interautonómica solo era válida en comunidades como Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Sin embargo, Andalucía y Castilla-La Mancha —que lideran el número de licencias expedidas en todo el país— requerían aún permisos específicos, lo que generaba un coste añadido y complicaciones administrativas para miles de cazadores.
Más movilidad, menos trámites
La entrada de estas dos grandes autonomías multiplica la utilidad de la licencia interautonómica, al cubrir zonas clave para la caza menor y mayor en la mitad sur peninsular. Permitirá a los cazadores moverse con mayor libertad y previsibilidad, sin tener que gestionar múltiples documentos ni duplicar tasas.
Además del beneficio directo para los aficionados, esta medida descarga de trabajo a las administraciones autonómicas, que podrán optimizar recursos y facilitar la gestión cinegética. El resultado es un modelo más eficiente, que alinea los intereses del sector con una visión más coordinada entre territorios.
Hacia una verdadera licencia nacional de caza
Este avance vuelve a situar sobre la mesa la necesidad de seguir caminando hacia una futura licencia nacional, un objetivo cada vez más asumido por las distintas partes implicadas. La interautonómica actual —que gana peso con esta ampliación— puede ser la base de un sistema más coherente, en el que los cazadores no estén penalizados por ejercer su actividad en distintas comunidades.
La decisión, sin duda, marca un antes y un después para la caza en España. Y refuerza la idea de que la simplificación normativa no solo es posible, sino también necesaria para el futuro del sector.
