Fundación Artemisan ha alertado de que el abandono rural y la desaparición de los usos tradicionales han dejado los montes españoles en una situación crítica frente al fuego. El resultado es un escenario propicio para los incendios de sexta generación, caracterizados por su extrema dificultad de extinción y por las graves pérdidas humanas, económicas y medioambientales que provocan. Se trata de fuegos capaces de modificar las condiciones meteorológicas del entorno, con llamas de gran altura y una velocidad de propagación tal que generan tormentas con rayos, capaces de alimentar el propio incendio y extenderlo a otros puntos.
Según explica la entidad, entre las principales causas se encuentra la acumulación de masa combustible en los montes. Cuando esta coincide con condiciones de viento, humedad y temperatura adversas —la conocida regla del 30: viento superior a 30 km/h, menos de un 30 % de humedad y temperaturas por encima de los 30 ºC—, el riesgo de grandes incendios se dispara, tal y como ha ocurrido en España durante los últimos días.
Un monte con cada vez más combustible
El incremento de masa combustible está estrechamente ligado al abandono del mundo rural y a la pérdida de la gestión forestal y ganadera. Actividades que décadas atrás eran habituales, como la extracción de leña o el pastoreo, cumplían una función de selvicultura preventiva que no suponía coste alguno para la administración. Su desaparición, sumada al progresivo abandono agrario, ha dejado tras de sí un terreno perfecto para que los incendios alcancen una magnitud incontrolable.
A esta situación se añade una política forestal desequilibrada. Aunque no han disminuido los esfuerzos económicos, el 60 % de los recursos se destina a la extinción de incendios, mientras que menos del 20 % se dedica a la prevención y el resto a otras actuaciones. Fundación Artemisan considera que estas cifras deberían reequilibrarse para reforzar la gestión forestal como herramienta clave de prevención.
En la actualidad, España cuenta con 28 millones de hectáreas de superficie forestal. Sin embargo, los avances logrados durante décadas se han frenado. Entre 1940 y 1995 se reforestaron 4,1 millones de hectáreas, pero desde 2011 la cifra apenas alcanza las 560.000 hectáreas, con tan solo 129.000 en la última década. Todo ello supone, en palabras de la fundación, un abandono de los esfuerzos históricos con consecuencias dramáticas.
Además, la superficie forestal sigue aumentando en torno a 150.000 hectáreas cada año debido al abandono agrícola, un crecimiento que no va acompañado de ninguna actuación de gestión.
Reclaman un nuevo Plan Forestal
Ante esta realidad, Fundación Artemisan insiste en la urgencia de desarrollar un nuevo Plan Forestal que priorice la prevención. Reclama que las administraciones públicas ordenen sus montes y que se incentive la ordenación de los privados, ya que actualmente solo un 20 % de la superficie forestal española se encuentra planificada.
Asimismo, la entidad subraya la necesidad de revisar una legislación que califica de excesivamente proteccionista. Los planes de gestión de espacios protegidos —como parques nacionales, naturales o la red Natura 2000—, en muchas ocasiones, imposibilitan labores esenciales como limpiezas, podas, resalveos o quemas controladas, herramientas que históricamente han sido decisivas en la lucha contra el fuego. A ello se suma, denuncian, la mínima inversión pública destinada a estas tareas.
Fundación Artemisan también ha querido mostrar su solidaridad con todos los afectados por los incendios y reconocer el trabajo de los profesionales y voluntarios que luchan contra el fuego en estas semanas. Igualmente, pone en valor a quienes, desde el mundo rural, gestionan el territorio a lo largo del año pese a la burocracia y se convierten en un pilar fundamental en la prevención.
En este ámbito, la organización destaca la labor del sector cinegético, que invierte anualmente 54 millones de euros en prevención mediante el mantenimiento de accesos, la creación y mejora de cortafuegos, podas, desbroces, adecuación de pantanos y mejoras del monte. A estas inversiones se añaden las tareas de guardería y vigilancia que convierten a los cazadores en la primera línea de alerta y en agentes activos de prevención y colaboración en la extinción de incendios.
