El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha vuelto a cerrar la puerta a quienes piden parar el programa de control del lobo en el Principado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente el recurso de reposición presentado por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que buscaban suspender cautelarmente las extracciones previstas para la temporada 2026-2027. El auto, fechado el 10 de noviembre, no admite ya recurso ordinario y mantiene en vigor el programa mientras se resuelve el litigio de fondo.
Para quien tiene ganado en zona de lobo, la noticia se traduce en algo muy concreto: los agentes medioambientales pueden seguir actuando sobre el terreno sin que un tribunal les pare los pies, al menos por ahora. COAG Asturias, personada como parte codemandada, ha sido la primera en difundir la resolución y ha pedido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que acelere la ejecución de las actuaciones pendientes.
Una decisión cautelar, no una sentencia sobre el fondo
Conviene no confundir los planos. Lo que el TSJA ha rechazado es una suspensión cautelar, una medida de urgencia que pretendía congelar el programa mientras se tramita el recurso principal. El fallo sobre si el programa 2026-2027 es o no legal sigue sin dictarse y corresponderá a una sentencia posterior, que puede tardar meses. El auto ahora conocido ratifica el criterio que el propio tribunal ya había fijado el 13 de octubre, cuando denegó por primera vez la paralización solicitada por estas mismas organizaciones. Para conceder una suspensión cautelar, los magistrados deben valorar si existe un riesgo real de daño irreparable y sopesarlo frente al interés general de que la Administración pueda aplicar sus propias normas mientras se discuten en los tribunales. Según ha trascendido de las resoluciones conocidas estas semanas, la Sala considera que la suspensión de disposiciones generales es una medida excepcional y que las entidades recurrentes no han aportado datos suficientes para acreditar ese perjuicio irreparable a la población lobera.
Lo que dice el programa: 67 extracciones hasta 2027
El Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2026-2027, aprobado por resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del 26 de agosto, prevé un máximo de 67 extracciones repartidas entre las distintas zonas de gestión del territorio asturiano, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El reparto no es uniforme: la zona Centro-oriental concentra la mayor cuota, con nueve ejemplares, seguida de El Palo-Esva, Centro-occidental y Central, con ocho cada una; la Noroccidental permite siete, Picos de Europa (fuera del Parque Nacional) cinco, y la Suroccidental cuatro. En las áreas sin gestión específica se autoriza eliminar hasta dieciocho animales, cifra que podría ampliarse si la Administración lo considera necesario. Los controles se concentran, sobre el papel, entre enero y abril y entre septiembre y diciembre, aunque el propio programa deja margen para actuar fuera de esas fechas cuando haya ejemplares causando daños reiterados. La ejecución corre a cargo de los agentes medioambientales del Principado, bajo la coordinación de la Dirección General de Planificación Agraria, y admite modificaciones posteriores en función de cómo evolucionen la población y los daños registrados.
El argumento que ha pesado en la Sala: ganadería y censo poblacional
El TSJA ha dado peso a dos tipos de informes técnicos incorporados al expediente. Por un lado, los que describen una evolución favorable del lobo en Asturias, con incremento de camadas detectadas desde los años noventa y de grupos con reproducción confirmada. Por otro, los que cuantifican el coste de la convivencia para el sector ganadero. Según el balance oficial, en 2025 se confirmaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30% más que en 2021, mientras que las indemnizaciones pagadas ascendieron a 1,9 millones de euros, un 59% más que cuatro años antes. La población asturiana de lobo se estima entre 412 y 460 ejemplares, con 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras; según el último censo del Principado, la especie ocupa ya el 83% del territorio regional, unos 8.300 kilómetros cuadrados. Son cifras que la Administración autonómica esgrime para defender que el programa es compatible con el buen estado de conservación de la especie, y que entidades como Fundación Artemisan, la Unión Rural Asturiana (URA) o la Asociación de Agricultores y Ganaderos (GANAGRI) han respaldado al personarse como partes interesadas en el procedimiento. Las organizaciones ecologistas mantienen, en cambio, que la cifra de extracciones carece de justificación científica suficiente y que no se han agotado otras fórmulas de protección del ganado antes de recurrir a la muerte de ejemplares.
Un marco legal que ha dado más de una vuelta
Entender por qué este programa pisa terreno distinto al anterior exige repasar un año y medio convulso. El lobo entró en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que blindó a la especie frente a cualquier control letal salvo excepciones muy tasadas. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo anuló el programa asturiano de 2022 por chocar precisamente con esa protección estricta, fijando además un criterio que condiciona la caza del lobo a que sea «la única solución para evitar daños al ganado» tras agotar medidas alternativas. Esa misma doctrina sirvió de base, meses después, para que el TSJA tumbara también el programa 2025-2026, que había autorizado la extracción de 53 ejemplares. El tablero volvió a moverse con la reforma del LESPRE de marzo de 2025, que sacó de nuevo a la especie de ese régimen de protección estricta y devolvió a las comunidades autónomas margen para gestionar sus poblaciones. Sobre esa base jurídica renovada, el Gobierno asturiano aprobó el Decreto 48/2026, de 29 de junio, que modificó el II Plan de Gestión del Lobo de 2015 para dar cobertura normativa a los nuevos controles, y después tramitó el programa 2026-2027 ahora respaldado cautelarmente por el TSJA.
No es la primera vez ni la única petición rechazada
El rechazo del 10 de noviembre no es un caso aislado. Se suma a otras dos resoluciones del mismo tribunal conocidas en las últimas semanas: el 14 de octubre, el TSJA ya había denegado una primera petición de suspensión presentada por estas mismas entidades ecologistas, y el 4 de noviembre desestimó también la solicitud del Partido Animalista PACMA, que había recurrido el Decreto 48/2026 por el riesgo de «daños irreversibles» a la especie. En aquella ocasión, el tribunal volvió a dar prioridad al interés general y a los informes que apuntaban a una evolución favorable de la población lobera, en una decisión que PACMA ya anunció que recurriría. Conviene no mezclar este episodio con el precedente más sonado: la anulación, por sentencia, del programa 2025-2026, que sí llegó a declarar nulo un plan ya aplicado, con posibilidad de recurso de casación. Lo de ahora es distinto: tres rechazos sucesivos a intentos de parar cautelarmente el programa vigente, no una sentencia sobre su legalidad.
Qué queda pendiente
El procedimiento principal sigue abierto y será ahí donde se dirima si el programa 2026-2027 cuenta con cobertura normativa suficiente tras los vaivenes del LESPRE, y si la cifra de 67 extracciones resulta proporcionada al estado de conservación de la especie. Mientras tanto, el sector ganadero asturiano cuenta con que los controles no se detengan, aunque sepa que la partida legal todavía no está cerrada. En paralelo, el Principado trabaja también en medidas preventivas: entre ellas, un proyecto de ayudas para mantener los perros que protegen al ganado del lobo, que de momento sigue en fase de información pública y no supone una convocatoria abierta.