La instalación de una planta fotovoltaica en el término municipal de Jalance, en Valencia, ha provocado una controversia por su afección a un encinar de repoblación. La Asociación Naturalista de Ayora y Valle (ANAV) denunció ante la Guardia Civil la tala y trituración de más de 30 hectáreas en el paraje de Campichuelo del Campo.
La denuncia ya fue difundida el pasado mes de mayo. Según la asociación, los terrenos albergaban encinas de unos 25 años de antigüedad, con ejemplares que superaban los tres metros de altura y vegetación arbustiva asociada. El colectivo sostiene que la repoblación se realizó en el año 2000 mediante el programa europeo de reforestación de tierras agrícolas.
Un bosque recuperado con ayudas públicas
El origen de la masa forestal es uno de los principales argumentos de ANAV. La entidad considera contradictorio que un terreno restaurado con financiación pública europea se transforme posteriormente para acoger una instalación de generación de energía solar.
Según su denuncia, la actuación afecta a un espacio integrado en la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La asociación cuestiona la elección de este emplazamiento por el valor ambiental del arbolado y de la vegetación que se había desarrollado durante más de dos décadas.
La tramitación del proyecto también forma parte de la polémica. De acuerdo con la información difundida por ANAV, la Dirección General de Medio Natural y Animal solicitó inicialmente que se excluyeran determinadas parcelas para evitar la pérdida del encinar.
El colectivo señala que un informe del 30 de noviembre de 2023 reclamaba preservar las parcelas 13, 14 y 17 del polígono 4. Tras las alegaciones de la empresa promotora y nuevos informes, la Administración autonómica modificó su posición en mayo de 2025 y declaró compatible la ocupación. La autorización administrativa citada por la asociación está fechada el 6 de noviembre de 2025.
Preocupación por la fauna y la transformación del territorio
ANAV también denunció que los trabajos coincidían con la época de nidificación de las aves y reproducción de la fauna silvestre. Esta crítica corresponde a la denuncia difundida en primavera, cuando la entidad alertó de la pérdida de vegetación utilizada como refugio y espacio de cría.
La asociación sitúa el caso dentro de una preocupación más amplia por la concentración de proyectos energéticos en el Valle de Ayora. A su juicio, la transformación de terrenos forestales puede ocasionar una pérdida de patrimonio natural que debe valorarse al decidir dónde se implantan estas infraestructuras.
El caso de Jalance plantea así un conflicto sobre la ubicación de las instalaciones renovables: cómo desarrollar la producción de energía sin comprometer espacios que fueron restaurados con recursos públicos y que, con el paso de los años, han recuperado su cobertura forestal. La denuncia de ANAV pone el foco precisamente en esa elección del terreno y en sus consecuencias ambientales.