Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez hace equilibrios para contener el incendio político provocado por el caso Cerdán —con su número tres del PSOE bajo sospecha por sus supuestos tratos con el entorno de Koldo—, Sumar ha aprovechado el desconcierto para mover ficha en uno de sus frentes ideológicos: la ley animalista. Este lunes, el Ministerio de Derechos Sociales anunció a bombo y platillo la apertura de la consulta pública del reglamento que desarrollará la controvertida Ley 7/2023. Pero hay un detalle importante: no se puede acceder al borrador.
El caos en Moncloa es evidente. El escándalo que afecta a Santos Cerdán ha desatado una crisis interna con dimisiones, silencios incómodos y llamadas a declarar. Mientras tanto, desde el ministerio que dirige el espacio político de Yolanda Díaz han tratado de pasar de puntillas un paso decisivo para imponer el grueso de su agenda animalista. Lo han hecho con una maniobra que roza la trampa: anunciar la exposición pública del decreto sin facilitar el acceso al texto, lo que hace imposible que ningún ciudadano pueda revisarlo o enviar alegaciones.
El decreto que nadie puede ver
El Ministerio asegura que el nuevo reglamento desarrolla 25 artículos de la ley aprobada en marzo de 2023. Incluye medidas como la limitación de la cría de perros y gatos a ejemplares inscritos como reproductores, la obligatoriedad del curso para tener perro y un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros.
En la nota de prensa se insiste en que «todas aquellas personas interesadas, incluyendo organizaciones e instituciones, pueden presentar sus aportes y observaciones durante las próximas dos semanas». Pero basta con intentar hacerlo para darse cuenta de que es imposible: no hay rastro del texto ni en la propia nota, ni en el portal de participación ciudadana del Ministerio, ni en ninguna otra sección de su web.
Sí está disponible, eso sí, el borrador del otro Real Decreto anunciado al mismo tiempo: el que regulará el nuevo sistema estatal de identificación de animales de compañía. Pero del que desarrolla el núcleo duro de la ley animalista, ni rastro.
Silencio, confusión y opacidad
El movimiento llega justo cuando la política española arde por todos los flancos. El caso Cerdán, que ha salpicado a altos cargos del PSOE por sus vínculos con los contratos bajo sospecha del ‘caso Koldo’, tiene al Ejecutivo en el centro del huracán mediático. Sumar, mientras tanto, ha aprovechado el ruido para avanzar una de sus normas estrella con la mínima visibilidad posible y sin someterla al verdadero escrutinio público.
No es la primera vez que la ley animalista genera controversia. Desde su aprobación, Jara y Sedal ha documentado el rechazo social y jurídico que ha provocado su contenido, con medidas como el citado curso obligatorio, el seguro o o la obligatoriedad de tener que registrarse como criador si quieres criar de tus perros. Tampoco es la primera vez que el Ministerio actúa de forma opaca, como ya ocurrió durante la tramitación de la norma.
Pero el contexto actual agrava aún más la maniobra. Con el Gobierno en crisis y la ciudadanía atenta a otras urgencias, Sumar parece estar ejecutando su estrategia: avanzar su agenda ideológica en silencio, sin que nadie pueda leer lo que se está tratando de imponer.
