El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una batería de preguntas escritas al Ejecutivo sobre la aplicación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Los populares denuncian que, dos años después de su entrada en vigor, la norma acumula retrasos, carece de instrumentos clave para su ejecución y sigue sin ofrecer resultados verificables. En el documento, llegan a calificar la tramitación de esta ley como un ejemplo de «lo que no hay que hacer para aprobar una norma», por la falta de consenso y el enfrentamiento que provocó entre los socios del Gobierno.
El listado positivo y el reglamento pendiente
Una de las principales cuestiones se refiere al Listado Positivo de Animales de Compañía, el instrumento que debe definir qué especies pueden ser consideradas domésticas. El PP pregunta al Gobierno cuándo prevé su aprobación y publicación.
También recuerdan que en abril de 2023 el Ministerio competente anunció un único reglamento para desarrollar aspectos como: el sistema de registros de protección animal, el procedimiento de inclusión o exclusión de especies en el listado, la estadística oficial de protección animal, la acreditación de no estar inhabilitado para la tenencia de animales, las condiciones de vida por especie, la formación obligatoria para propietarios de perros, la inscripción de entidades en registros oficiales, la regulación de la cría y los contratos de compraventa y adopción. Según denuncian, en 2024 el entonces director general de Derechos de los Animales prometió que estaría listo a final de año, pero «no fue así».
Estadísticas, sanciones y control
Otra parte de las preguntas apunta a la falta de datos oficiales. El PP interroga al Ejecutivo sobre qué información y datos recoge la Estadística de Protección Animal, dónde pueden consultarse y, en caso de no existir, qué fuentes utiliza el Ministerio.
En materia sancionadora, preguntan cuántas infracciones se han cometido por incumplir la Ley 7/2023, qué sanciones se han impuesto y si el Gobierno ha recibido denuncias por cualquier cauce sobre infracciones de la normativa, así como a quién se han trasladado.
Consejo Estatal y especies prohibidas
El PP pide explicaciones sobre el funcionamiento del Consejo Estatal de Protección Animal: qué evaluaciones y seguimientos ha realizado en estos dos años y cuál es la valoración general de las actuaciones previstas en la ley.
Además, interpelan sobre la disposición transitoria segunda, que prohíbe la tenencia de determinadas especies como animales de compañía. Preguntan cuántos ejemplares han sido comunicados por sus propietarios y cuántos se han intervenido para su traslado a centros de protección de fauna o entidades autorizadas.
Entre las preguntas finales, los populares cuestionan al Ejecutivo sobre si en estos dos años han mejorado los datos de abandono de animales de compañía y si se ha impulsado la adopción. También reclaman que el Gobierno precise qué información oficial avala la efectividad de la ley en la mejora del bienestar animal.
Las palabras de Feijóo
El interés del PP por fiscalizar la aplicación de esta ley sorprende, teniendo en cuenta las declaraciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista concedida a Jara y Sedal antes de las elecciones. Entonces afirmó: «Las políticas de bienestar animal y las personas que saben gestionarlas y garantizarlas están en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No es razonable tener a los expertos en un órgano y las competencias en otro. El resultado no ha podido ser más nefasto». No parecía entonces muy partidario de dar alas al animalismo implantado por el anterior ejecutivo.
Y, preguntado directamente por si derogaría la ley animalista y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, respondió: «Trabajaremos en una ley que no invada competencias autonómicas, que esté avalada por los científicos y buscaremos el máximo consenso social. Nuestro compromiso es claro».
Con esta ofensiva parlamentaria, el PP acusa al Ejecutivo de no cumplir los compromisos derivados de la Ley 7/2023 y denuncia la existencia de vacíos de control, transparencia y eficacia que impiden conocer su impacto real sobre la protección animal en España. Una ley que un amplio sector de nuestra sociedad aún quiere ver derogada.
