El PP de Palencia reivindica la caza sostenible como motor rural

Milagros Marcos y Jorge Martínez Antolín respaldan al sector cinegético palentino y reclaman que la caza se reconozca como actividad económica, social y ambiental

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En plena recta final de campaña, con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el PP de Palencia ha querido dejar claro de qué lado está en uno de los debates que más mueve al campo castellano: el de la caza. La número uno al Congreso por la provincia, Milagros Marcos, se reunió junto a los candidatos al Senado Cristina Sandino y Jorge Martínez Antolín con representantes de los cazadores para reafirmar su respaldo a la actividad cinegética como pieza del engranaje rural palentino.

No fue un gesto improvisado ni aislado. Se enmarca en una estrategia nacional del partido que, semanas antes, había dado un paso visible: el propio Alberto Núñez Feijóo anunció su adhesión al decálogo de compromisos políticos de la Real Federación Española de Caza (RFEC), presentado el 21 de octubre en Madrid dentro de la campaña «La Caza También Vota». En Palencia, esa foto nacional se trasladó al terreno local, con el mensaje de que la caza «no es un enemigo del medio rural», como ya había defendido Feijóo, sino una herramienta de gestión del territorio.

Lo que defienden Marcos y Martínez Antolín

Durante el encuentro, Marcos y Martínez Antolín insistieron en que la caza va mucho más allá del tópico de deporte o tradición arraigada en los pueblos palentinos. La definieron como una herramienta para mantener el equilibrio de los ecosistemas, prevenir incendios, controlar las poblaciones de fauna silvestre y sostener la actividad económica del medio rural. Son los argumentos habituales del sector cinegético, que conviene leer como posición política y no como un diagnóstico técnico cerrado: su validez real depende de la especie, el hábitat y las actuaciones concretas que se apliquen en cada coto, algo que el propio discurso político no suele desglosar.

Marcos fue más allá en el terreno de las ideas y lanzó una frase que resume bien el enfoque del partido en estos meses: «no se puede defender el medio ambiente desde los despachos y de espaldas a quienes viven y trabajan en el campo». Añadió que «la conservación exige gestión, conocimiento y compromiso con el territorio» y que «la inacción no es conservación». Es el mismo argumento que ya empleó Feijóo a escala nacional al calificar la caza como aliada y no enemiga del medio rural.

Para los populares palentinos, la caza sostiene empleo y actividad en los municipios más pequeños: cotos, hostelería, alojamientos rurales, transporte y todos los servicios que giran alrededor de una jornada de caza. Es el argumento de fijación de población que el sector repite con insistencia, y que tiene su correlato en los estudios sectoriales: un tercio de los cazadores españoles vive en localidades de menos de 5.000 habitantes.

El decálogo con la Federación y el Libro Blanco del Mundo Rural

El respaldo de Palencia se apoya en un compromiso ya firmado a nivel nacional. Feijóo suscribió íntegramente el decálogo de la RFEC antes que ningún otro candidato a la Presidencia del Gobierno, comprometiéndose a defender la caza sostenible, reducir la burocracia que rodea al cazador y reforzar su seguridad jurídica. El presidente de la RFEC, Josep Escandell, explicó entonces que el PP había sido consultado durante la elaboración de un Libro Blanco que, según le garantizaron al partido, será la base de su programa electoral y de su plan de gestión si llega al Gobierno.

Ese decálogo no es solo un gesto simbólico: reclama un marco normativo estable para la caza sostenible, pide actualizar y financiar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética y plantea revisar la normativa de bienestar y transporte animal para adaptarla a los perros de caza, entre otras peticiones relacionadas con la vigilancia del furtivismo y el Reglamento de Armas. Conviene matizar algo importante para el lector que gestiona un coto o vive de la caza: incorporar estas propuestas a un documento programático de partido expresa una intención política, pero no equivale todavía a una ley aprobada, a una partida presupuestaria concreta ni a un cambio reglamentario en vigor. Su alcance real dependerá de que el PP llegue al Gobierno y de qué parte de esas promesas se traduzca en iniciativas parlamentarias con plazos y financiación.

En el acto de Palencia, el delegado de la Federación de Caza de Castilla y León para Salamanca, Javier Tendero Marcos, subrayó que el PP ha sido, hasta ahora, el único partido que ha firmado el decálogo de la RFEC y que ha incorporado sus demandas al Libro Blanco. Es una afirmación con fecha de caducidad electoral: refleja la situación a semanas de la cita con las urnas, no necesariamente la posición definitiva del resto de formaciones, que todavía pueden pronunciarse.

Las cifras del sector, con matices necesarios

Marcos cifró el impacto de la caza en España en más de 10.000 millones de euros de aportación al PIB y cerca de 199.000 empleos. Son cifras que coinciden, con ligeras variaciones, con el estudio de impacto socioeconómico que la Fundación Artemisan actualizó con la colaboración de Deloitte y el Ministerio de Agricultura: el documento estima una contribución de 10.190 millones de euros al PIB, 45.642 empleos directos y un total de 199.000 puestos de trabajo sumando empleo directo, indirecto e inducido. El propio presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha repetido en varias ocasiones que la caza «está presente en el 86% del territorio» y que aporta más de 10.200 millones al PIB, además de generar 45.000 empleos directos y 200.000 indirectos.

Conviene tratar estas cifras como lo que son: estimaciones de un estudio sectorial encargado por una fundación vinculada al propio mundo de la caza, no una estadística oficial elaborada por el INE o el Ministerio. Eso no las invalida, pero sí exige prudencia a la hora de trasladarlas sin matices a la realidad concreta de Palencia: ni el estudio ni la intervención de Marcos desglosan qué parte de ese empleo o esa aportación al PIB corresponde específicamente a la provincia o a Castilla y León, así que no es correcto aplicar directamente la proporción nacional al territorio palentino sin datos propios.

Marcos remató su intervención rechazando que se «criminalice» una actividad que, sostiene, ayuda a cuidar y conservar el territorio y mantiene vivas a familias que dependen del campo. Es un discurso que conecta con la línea que ya han adoptado otros gobiernos autonómicos del PP y Vox, que en los últimos meses han ampliado subvenciones al sector cinegético en comunidades como Aragón, Extremadura o la propia Castilla y León, con nuevas líneas de ayuda para cartuchos, censos de especies o mejora de hábitats en los cotos.

Qué cambia realmente para el cazador en Castilla y León

Más allá del respaldo político, el marco legal que regula el día a día de cualquier cazador en la comunidad sigue siendo la Ley 4/2021, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, publicada en el BOE el 20 de julio de 2021. Esta norma no es estática: ya fue modificada en mayo de 2024, entre otras cosas para excluir al lobo de los periodos de caza habilitados tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en 2022 los preceptos que lo catalogaban como especie cinegética al norte del Duero, por invadir competencias estatales.

La reforma no se ha detenido ahí. En octubre de 2026 entró en vigor la Orden AGR/1091/2026, que eliminó la autorización nominativa que hasta entonces necesitaban los cazadores para usar visores térmicos, aunque mantiene la prohibición expresa de disparar basándose únicamente en la imagen térmica o visual que ofrece el dispositivo. Y las Cortes de Castilla y León tienen previsto debatir, los días 15 y 16 de diciembre de 2026, una modificación adicional de la Ley 4/2021 que sustituiría la autorización administrativa previa para organizar competiciones y exhibiciones de caza por una simple comunicación a la Junta con diez días de antelación. El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, ya ha anunciado además su intención de abordar una reforma más amplia de la norma para, en sus palabras, que el cazador pueda ejercer su actividad con normalidad, aunque todavía no ha concretado qué artículos cambiarán ni el calendario de tramitación.

Para quien gestiona un coto palentino, esto se traduce en una pregunta práctica recurrente: qué puede cazar, cuándo y con qué medios auxiliares, algo que depende del anexo II de la ley, de sus sucesivas modificaciones y de las órdenes que se publiquen cada temporada, no del respaldo político que reciba la actividad en un acto de campaña. La gestión administrativa de las capturas también ha cambiado en los últimos años: Castilla y León eliminó el precinto de plástico para el jabalí y lo sustituyó por el sistema digital CapturCyL o por la autorización en papel, a elección del titular del coto, un ejemplo de cómo las decisiones autonómicas acaban afectando al trabajo diario en el monte más allá de los discursos.

Castilla y León también ha reforzado su presencia institucional en foros internacionales de gestión cinegética: la comunidad, junto a Aragón y Extremadura, se incorporó al Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna, un paso que sus responsables autonómicos presentaron como refuerzo de la defensa de la caza regulada como herramienta de conservación.

El pronunciamiento de Palencia confirma, en definitiva, la línea que el PP viene marcando desde la cúpula nacional: alinearse con las reivindicaciones del sector cinegético en un año electoral marcado por la despoblación y el debate sobre el futuro del campo. Queda por ver, una vez pasen las urnas, cuántos de esos compromisos del decálogo y del Libro Blanco se convierten en normas concretas con plazos y presupuesto, y cuánto de lo anunciado en Palencia tiene reflejo real en el empleo y la actividad económica de los pueblos de la provincia.