Agricultores con daños en sus cosechas, rehaleros que no saben muy bien a qué atenerse con el papeleo de sus perros y pueblos de la Sierra de Albarracín (Teruel) que ven pasar la actividad cinegética sin que les deje gran cosa. Ese fue, a grandes rasgos, el mapa de preocupaciones que puso sobre la mesa el coloquio que el Partido Popular de Teruel organizó el jueves 5 de noviembre en Orihuela del Tremedal, con la Reserva de Caza de los Montes Universales como gran protagonista.
Al encuentro, según recoge Diario de Teruel, acudieron Josep Escandell Martínez, presidente de la Real Federación Española de Caza; Ángel Nuño, en representación de los cazadores aragoneses; Antonio Jiménez, de la Fundación Santa María de Albarracín; Alberto Laguía, cazador local, y Kilan Sanz, propietario de rehalas. Una mezcla de federación, territorio y oficio que, cuando se junta en una misma sala, suele dar para una conversación larga. El acto fue organizado y comunicado por el PP de Teruel, por lo que sus conclusiones deben leerse como el posicionamiento de esa formación política, no como un diagnóstico técnico independiente.
Medio siglo de reserva: de la recuperación de especies al debate del exceso
La Reserva de Caza de los Montes Universales no es un invento de ayer. Nació como Reserva Nacional de Caza mediante la Ley 2/1973, de 17 de marzo, junto a otras doce reservas creadas en la misma norma, con el objetivo declarado de asegurar la correcta utilización de los recursos cinegéticos en beneficio de todos los intereses afectados. Su ámbito original se extendía por términos de Teruel y Guadalajara, entre ellos Orihuela del Tremedal, Albarracín, Griegos o Guadalaviar. Desde la Ley aragonesa de Caza de 1992 pasó a denominarse Reserva de Caza, figura que mantiene en la vigente Ley 1/2015 de Caza de Aragón, y sus límites se han ido ajustando por decreto en años recientes, el último en 2023. Medio siglo después, la paradoja es evidente: la herramienta que se creó para recuperar poblaciones de ciervo y gamo hoy tiene que lidiar con el problema inverso. El Gobierno de Aragón ha constatado una alta incidencia de daños en explotaciones agrarias de la Reserva derivados de la sobrepoblación de estas especies, lo que ha llevado a reforzar los descastes por rececho —una modalidad que combina el control de poblaciones dañinas con la aproximación sigilosa al animal— realizados por cazadores habilitados una vez finalizan los permisos ordinarios de temporada. Ese es, en esencia, el reto que el coloquio del PP trasladó a la conversación política: cómo seguir gestionando una reserva que ya no va de escasez, sino de abundancia.
Daños agrarios y convivencia de usos en el monte
El reparto del monte entre quien lo cultiva, quien lo cría, quien lo caza y quien simplemente lo pisea en bicicleta o a pie fue otro de los asuntos centrales. El coloquio abordó cómo compatibilizar las jornadas de caza con el senderismo, el ciclismo y el turismo de naturaleza, y puso el foco en los daños que sufre el sector agrario y en el papel de los cazadores para gestionar las poblaciones de fauna que los provocan. La fuente consultada no aporta cifras de superficies afectadas, especies concretas por municipio ni valoración económica de las pérdidas, de modo que ese diagnóstico queda, por ahora, en el terreno de la percepción compartida por los asistentes más que en un balance cuantificado.
Carne de caza y observación de fauna: cómo retener el dinero en el pueblo
La caza mueve alojamientos, restaurantes, comercios y a los profesionales que transforman la carne de monte, pero la pregunta que planteó el encuentro fue otra: cómo lograr que una parte mayor de ese valor se quede en los municipios de la comarca en lugar de evaporarse hacia fuera. Entre las ideas que se pusieron sobre la mesa figuran promocionar la carne de caza en la restauración local, organizar jornadas gastronómicas y desarrollar actividades de observación de fauna, con la berrea —el periodo de celo del ciervo, cuando los machos braman para marcar territorio y atraer hembras— como reclamo natural para el turismo rural. Son propuestas, no programas cerrados: no se concretó quién las financiaría, qué ayuntamientos se sumarían ni en qué plazos podrían ponerse en marcha.
Rehalas: el papeleo que no acaba de encajar con el día a día
Las rehalas —agrupaciones de perros, habitualmente doce o más, que cazan juntos bajo la dirección de uno o varios rehaleros y comparten alojamiento— tuvieron su propio capítulo en el coloquio, tanto por su peso en la actividad cinegética como por su arraigo en los pueblos de la sierra. Se habló de las dificultades que sus propietarios encuentran para aplicar la normativa sobre cría, tenencia y bienestar de los perros. En Aragón, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales excluye expresamente de su ámbito a los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza. Esa exclusión no significa, sin embargo, que estos animales queden sin regla alguna: todos los perros, incluidos los de caza, deben estar identificados mediante microchip e inscritos en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (RIACA), gestión que realiza el personal veterinario. La ley de protección animal aragonesa de 2003 ya obligaba, además, a que las agrupaciones de doce o más perros que comparten alojamiento —la definición administrativa de rehala o jauría— se inscriban como núcleo zoológico, salvo las excepciones que recoja la normativa específica. Precisamente ese umbral de doce perros es el que más fricción genera entre la Administración y el sector. La Federación Aragonesa de Caza ha presentado alegaciones al decreto que regula los núcleos zoológicos en la comunidad para pedir que ese límite suba de siete a quince perros antes de obligar a registrar una instalación, apoyándose en la excepcionalidad que la propia Ley 7/2023 reconoce para los animales de caza, y para que la cría de cachorros destinados a reponer la propia rehala no se trate como una actividad comercial sujeta a mayores exigencias. Son peticiones del sector, todavía pendientes de resolución administrativa, que dan una idea de por dónde va la tensión real que trasladaron al PP los rehaleros presentes en el coloquio, entre ellos Kilan Sanz.
La amenaza del jabalí: la enfermedad de Aujeszky
La vigilancia veterinaria fue otro de los puntos que centraron el debate, con la enfermedad de Aujeszky como principal preocupación sanitaria. Se trata de una infección vírica grave y de curso casi siempre mortal para el perro, frente a la que no existe tratamiento curativo eficaz una vez declarados los síntomas, según el protocolo técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El jabalí actúa como reservorio natural del virus en el medio silvestre, y los perros se contagian principalmente al consumir carne o vísceras de animales infectados, un riesgo que afecta de forma particular a los perros de rehala que participan en la caza de jabalí. La prevalencia serológica media del virus en jabalí ronda en España el 30%, con diferencias notables según la zona. El coloquio reclamó justamente eso: más vigilancia veterinaria, formación para los responsables de las rehalas y coordinación entre administraciones, cazadores y profesionales sanitarios. No es un debate aislado: la Federación Aragonesa de Caza, la Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad y el Colegio de Veterinarios de Huesca organizan el primer Foro Nacional de Aujeszky en perros de caza el próximo 12 de noviembre en Fraga (Huesca), un encuentro que Cazaflix ha contado con detalle en este reportaje sobre la cita de Fraga y que da continuidad práctica a una preocupación que en Albarracín también se vive en primera persona.
Relevo generacional: que los jóvenes encuentren un motivo para quedarse
El debate se cerró con la pregunta de quién va a seguir cazando, criando perros o gestionando cupos dentro de veinte años. El PP de Teruel defendió facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector mediante formación y la transmisión de conocimiento entre generaciones, aunque la información difundida no concreta ayudas, programas ni calendarios para hacerlo realidad. La presidenta provincial del partido y candidata al Senado, Emma Buj, resumió la idea de fondo defendiendo que en la Sierra de Albarracín se pueda seguir cultivando, criando ganado y cazando, y que los jóvenes que quieran quedarse encuentren ahí una forma de ganarse la vida. Según sus palabras, para lograrlo hace falta escuchar a los agricultores cuando hablan de daños en sus cultivos, contar con los cazadores para gestionar la fauna y conseguir que más ingresos de la actividad cinegética se queden en los pueblos de la comarca.
Lo que queda por ver
El coloquio deja, en definitiva, un diagnóstico compartido y una lista de deberes pendientes: datos fiables sobre poblaciones y daños, fórmulas para que el dinero de la caza no se escape de la comarca, claridad normativa para las rehalas y medidas de relevo generacional que pasen de la intención al presupuesto. Un planteamiento parecido al que la Junta de Andalucía defendió hace meses al presentar su licencia interautonómica como palanca de dinamización del medio rural, otra muestra de que el debate sobre la caza como motor económico no es exclusivo de Teruel. El siguiente paso, en cualquier caso, será comprobar cuántas de estas ideas llegan a convertirse en actuaciones concretas para los pueblos de la Sierra de Albarracín.