Bruselas ha pedido explicaciones urgentes al Gobierno de España por el abandono del Parque Nacional de Cabañeros, un espacio protegido situado entre Ciudad Real y Toledo, que atraviesa una grave crisis medioambiental desde que se prohibió la caza en 2020. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado reenviar un requerimiento formal a España y convocar un nuevo debate sobre el asunto en septiembre, ante la falta de respuesta del Ejecutivo a las denuncias ciudadanas y de asociaciones afectadas.
«Grado de abandono preocupante»
Uno de los impulsores de esta iniciativa ha sido el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, quien visitó el parque el pasado mayo y pudo comprobar sobre el terreno el grado de abandono que sufre este pulmón natural. La propuesta ha sido respaldada por el Partido Popular Europeo (EPP) y Vox, mientras que el Grupo Socialista y Los Verdes han votado en contra.
Desde Bruselas se recuerda que todos los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones de respuesta a las instituciones comunitarias, especialmente cuando se trata de proteger el patrimonio natural y de atender las preocupaciones de la ciudadanía.
Ciervos, jabalíes y un ecosistema desbordado
El detonante de la situación ha sido la explosión incontrolada de ungulados, especialmente ciervos y jabalíes, desde la entrada en vigor de la prohibición de la caza en el año 2020. En apenas tres años, la densidad de estas especies se ha disparado un 250%, lo que ha provocado daños graves a la vegetación y la estructura del ecosistema.
Trece especies vegetales del parque presentan daños críticos, otras nueve sufren afecciones severas y grandes superficies han perdido la cobertura vegetal, generando procesos de erosión y comprometiendo la fertilidad del suelo. Esta degradación amenaza directamente a especies protegidas como el lince ibérico y el águila imperial.
Una joya ecológica al borde del colapso
Cabañeros, considerado uno de los ecosistemas mejor conservados de bosque mediterráneo en Europa, ve comprometida su funcionalidad ecológica por decisiones políticas que, según las asociaciones locales, han ignorado la ciencia y la gestión activa del medio.
Bruselas volverá a tratar el asunto entre el 22 y el 26 de septiembre. Mientras tanto, el deterioro avanza sin control, y los afectados siguen sin respuestas.
