Los cazadores murcianos podrán seguir disparando munición de plomo en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en varias modalidades de caza mayor hasta marzo de 2028. La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia publicó el pasado lunes una modificación de la orden de vedas que relaja, durante dos años, parte de la restricción que había entrado en vigor para esta temporada, según adelantó La Verdad. Quedan fuera de la excepción el rececho, donde la munición sin plomo seguirá siendo obligatoria.
La decisión regional llega apenas unos meses después de que el Comité REACH de la Comisión Europea diera un paso decisivo hacia la prohibición total de los perdigones de plomo en toda la caza, con un periodo transitorio de siete años para adaptarse. Mientras Bruselas negocia los plazos definitivos de ese cambio, Murcia ha optado por anticiparse y suavizar sus propias restricciones antes de que termine la actual temporada cinegética.
La Consejería, dirigida por Juan María Vázquez, justifica la medida alegando que la munición sin plomo «todavía no está desarrollada completamente» y que resulta necesario «testarla con plenas garantías de seguridad en su uso». Al mismo tiempo, el departamento regional admite ser consciente del problema que genera el plomo en el medio ambiente, la fauna silvestre y la salud de las personas, un reconocimiento que no impide la prórroga.
Una moratoria calcada a la de otras comunidades
Murcia no es la primera región en tomar este camino. Castilla-La Mancha aprobó meses atrás una fórmula prácticamente idéntica: una moratoria hasta el 31 de marzo de 2028 que permite seguir disparando plomo en cotos sociales, zonas colectivas de titularidad pública y montes de utilidad pública, reservando la obligación de munición sin plomo para el rececho de caza mayor en terrenos públicos. La Federación de Caza de Castilla-La Mancha se congratuló por la rebaja pero pidió extenderla a todas las modalidades y terrenos, el mismo tipo de reclamación que ahora repite el sector en Murcia.
El paralelismo no es casual: ambas comunidades alegan la falta de munición alternativa plenamente testada y ajustan sus calendarios autonómicos al ritmo de la negociación europea, en vez de esperar a que Bruselas cierre el proceso. El resultado es un mapa desigual en el que cada autonomía decide hasta dónde estira el plazo mientras el reglamento comunitario sigue su curso.
Lo que de verdad ha aprobado la Unión Europea
El marco europeo conviene separarlo en dos capas, porque no toda la caza está afectada por igual. Desde el 16 de febrero de 2023 rige en toda la Unión el Reglamento (UE) 2021/57, que prohíbe disparar y portar munición con una concentración de plomo igual o superior al 1% dentro de los humedales o en una franja de 100 metros alrededor de ellos. Esa prohibición ya está consolidada y no depende de la moratoria murciana ni de ninguna otra autonómica: se aplica con independencia de las excepciones que cada región introduzca en sus órdenes de vedas.
La novedad de 2026 es otra cosa. El 25 de junio, el Comité REACH acordó extender la prohibición de los perdigones de plomo a toda la caza, ampliando el periodo de transición inicialmente propuesto de 18 meses hasta los siete años que reclamaba el sector cinegético europeo. Las balas de caza mayor quedan fuera de esa restricción, al considerarse que su volumen de contaminación es menor y que afectan a capacidades industriales distintas. El texto, sin embargo, todavía no es definitivo: debe superar un periodo de escrutinio de tres meses en el Parlamento Europeo y el Consejo antes de publicarse formalmente y empezar a contar el calendario de siete años. Es decir, la moratoria murciana se mueve en paralelo a un proceso europeo que ni siquiera ha cerrado sus plazos oficiales.
Un metal que sigue matando aves mucho después del disparo
El plomo es un elemento neurotóxico que no desaparece del campo cuando acaba la jornada de caza. Los perdigones quedan dispersos en el terreno y pueden ser ingeridos por aves que los confunden con las piedrecillas que utilizan para digerir, mientras que rapaces y carroñeras se envenenan al alimentarse de vísceras y restos de piezas abatidas que contienen fragmentos del metal. La intoxicación provoca plumbismo, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y puede resultar mortal. El riesgo no se queda en la fauna silvestre: también alcanza a quienes consumen carne de caza con restos de munición, según recoge el propio reglamento europeo sobre humedales.
Para el titular de un coto o el guarda que recorre el monte a diario, este dato tiene una traducción muy concreta: cada vísceras o canal abandonada en el campo después de una batida es un foco potencial de intoxicación para buitres, águilas y otras especies necrófagas que sobrevuelan la zona. De ahí que buena parte del debate técnico se concentre precisamente en las áreas donde conviven la caza mayor y estas aves, el terreno exacto que la moratoria murciana trata de regular con sus excepciones.
El sector pide tiempo, los fabricantes no terminan de mover ficha
José Antonio Moreno, presidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia, sostiene que los cazadores están concienciados con el cambio de munición, pero insiste en que todavía no existe una opción viable que iguale al plomo en eficacia, seguridad, disponibilidad y coste. El dirigente atribuye buena parte del retraso a una inversión insuficiente de la industria cartuchera en el desarrollo de alternativas equivalentes, y apunta que ha faltado presión del propio colectivo cinegético para forzar a los fabricantes a acelerar ese cambio.
Las alternativas existen, pero cada una arrastra sus propias limitaciones. El acero es la opción más barata y extendida, aunque su menor densidad respecto al plomo obliga a subir el tamaño del perdigón y acortar la distancia de tiro, además de exigir que el cañón esté probado para resistir esa munición más dura; no todas las escopetas antiguas lo admiten. El bismuto se comporta de forma mucho más parecida al plomo y resulta compatible incluso con cañones clásicos, pero su coste es mayor. Las aleaciones de tungsteno ofrecen las prestaciones más altas, con una densidad que supera incluso a la del plomo, aunque su precio elevado y su dureza —que exige chokes y cañones específicos— limitan su uso a situaciones muy concretas. Cambiar de munición no es, por tanto, un simple gesto en el mostrador de la armería: implica revisar el arma, los choques admitidos y el régimen de tiro con el criterio de un armero, no mediante equivalencias caseras.
El debate sobre los plazos tampoco es nuevo en la política nacional. Cazaflix contó cómo el Partido Popular pidió al Gobierno estudiar en profundidad las alternativas y defender ante la UE un periodo de transición de al menos diez años, mientras que distintos sectores cinegéticos han denunciado giros en la posición española durante la negociación europea, como recogió también este medio al abordar el respaldo del Ejecutivo a una restricción más inmediata.
Qué cambia realmente para el cazador murciano
Con la modificación aprobada, el cazador murciano podrá seguir utilizando plomo de forma temporal en las ZEPA y en la caza mayor practicada en áreas de distribución de especies necrófagas, pero no dispone de una exención general: el rececho queda excluido y las restricciones europeas vigentes en humedales y su entorno de 100 metros se mantienen intactas, sin que la orden autonómica pueda alterarlas. La moratoria da dos años más de margen a la Administración, a los fabricantes y al propio sector para probar soluciones y aclarar qué munición puede emplearse en cada arma, pero también prolonga la exposición ambiental al plomo en espacios donde conviven especies especialmente sensibles a su toxicidad.
El equilibrio entre ambas cuestiones dependerá de cómo se aplique la orden sobre el terreno, de los ensayos que se desarrollen durante este periodo y de cómo acabe cerrándose el calendario europeo, todavía pendiente del visto bueno final del Parlamento y el Consejo. Hasta entonces, cotos, guarderías y cazadores tendrán que moverse con la cartografía de cada zona bien identificada para no confundir una excepción autonómica con una prohibición europea que, en los humedales, lleva ya tres años en vigor. Puede consultarse el detalle de la decisión murciana y sus declaraciones originales en la información publicada por La Verdad.