Buscar la foto perfecta puede salir muy caro. En el Pallars Sobirà (Lérida), dos personas fueron denunciadas por captar imágenes del urogallo pirenaico durante su época de celo en espacios naturales protegidos. Los hechos fueron confirmados por los Agentes Rurales de Cataluña, y se barajan posibles sanciones que podrían alcanzar los 200.000 euros.
Los infractores fueron localizados en zonas de alto valor ecológico y sin autorización. Ambos contaban con equipo profesional de fotografía de fauna, y accedieron a áreas restringidas durante un periodo crítico para la reproducción de la especie, considerada una de las más amenazadas de la fauna ibérica.
Zonas restringidas y vigilancia reforzada
El primer caso ocurrió dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, en el término municipal de Esterri d’Àneu, donde uno de los fotógrafos fue sorprendido camuflado y pernoctando junto a una zona de canto de urogallo. El segundo se produjo en Alins, en el Parque Natural del Alt Pirineu, y el infractor ya había sido identificado por publicar en redes sociales imágenes del ave en libertad.
Ambos espacios forman parte de las áreas con mayores restricciones de acceso durante la temporada de celo del urogallo. Por este motivo, los Agentes Rurales han intensificado la vigilancia con la intervención del Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo.
Un comportamiento clave en peligro
El canto del macho de urogallo durante el celo no es un detalle anecdótico: es la clave del éxito reproductivo. Las hembras solo son receptivas dos o tres días al año, y cualquier molestia —incluida la presencia humana o el ruido— puede interrumpir el cortejo y frustrar toda la temporada reproductiva.
Según la Sociedad Española de Ornitología, solo quedan unos 700 ejemplares de urogallo pirenaico (Tetrao urogallus aquitanicus) en libertad. La perturbación de su hábitat y el efecto llamada provocado por la difusión de imágenes en redes sociales están agravando su ya precaria situación.
Las sanciones pueden ser ejemplares
La legislación catalana establece sanciones de entre 3.000 y 200.000 euros por este tipo de infracciones ambientales. La presencia no autorizada en zonas de especial protección y en fechas sensibles se considera una perturbación grave de fauna protegida.
Desde la administración se insiste en la necesidad de fotografiar con responsabilidad, respetando las normas que protegen a las especies más vulnerables. De lo contrario, lo que empieza como una afición puede acabar en una sanción económica severa… y en un daño irreversible para el medio natural.
