Practicar la caza en la Comunidad Valenciana será todavía más económico. PP y Vox han pactado una nueva rebaja de las tasas de las licencias cinegéticas que mejora incluso la reducción planteada inicialmente por el Consell, una medida con la que ambas formaciones vuelven a mostrar su respaldo al sector cinegético valenciano.
La modificación ha sido aprobada en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas dentro de la tramitación de la ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como ley de acompañamiento.
La licencia de tres años baja hasta los 13,57 euros
El Gobierno valenciano ya había planteado una importante reducción de las tasas cinegéticas. En su propuesta inicial, las licencias autonómicas de tipo A —que permiten la caza con armas de fuego, arco y modalidades asimiladas— y las de tipo B —para caza sin armas de fuego— pasaban de costar 37,10 euros a 14,28 euros para una vigencia de tres años.
Sin embargo, el acuerdo parlamentario entre PP y Vox ha ido un paso más allá. Gracias a una enmienda conjunta, ambas licencias costarán finalmente 13,57 euros para tres años de validez, rebajando todavía más el precio previsto inicialmente.
Además, las dos formaciones también han acordado reducir el importe de las licencias con una vigencia de un año.
También desaparecen algunas tasas administrativas
La reforma mantiene igualmente la eliminación de determinadas tasas relacionadas con la actividad cinegética. Entre ellas figuran las correspondientes a la concesión de licencias para cazar en zonas de caza controlada y las autorizaciones excepcionales para la captura de aves fringílidas con red.
En el caso de las licencias tipo C, destinadas a grupos o rehalas de perros para la caza mayor, el Consell ya había previsto una reducción desde los 64,66 euros hasta los 24,89 euros, rebaja que permanece en el texto aprobado.
Un nuevo gesto hacia el colectivo cinegético
La nueva rebaja supone un nuevo respaldo institucional a los cazadores valencianos, que verán reducidos los costes administrativos para desarrollar su actividad. La medida se enmarca en la política del Ejecutivo autonómico de impulsar la actividad cinegética y facilitar la gestión de la fauna silvestre, especialmente en un contexto marcado por el aumento de poblaciones de especies como el jabalí y la necesidad de reforzar su control en numerosas comarcas de la región.
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