La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la primera ley autonómica de Caza y Pesca de su historia, una norma que busca ordenar la actividad cinegética, reforzar el control de especies como el jabalí y el conejo, y modernizar el sector en un contexto marcado por el aumento de poblaciones de fauna salvaje.
El anuncio se produjo el 25 de marzo de 2026 durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Morata de Tajuña, donde el Ejecutivo regional acordó remitir el proyecto a la Asamblea de Madrid. La previsión es que la ley entre en vigor antes de que finalice el año.
El texto, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, introduce un marco normativo que pretende dar respuesta a varios retos actuales, entre ellos el crecimiento de especies como el jabalí y el conejo, cuya expansión está provocando importantes daños agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios para la ganadería.
Control poblacional y gestión de especies
Uno de los pilares de la futura ley es la creación de los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para actuar sobre especies sobreabundantes fuera de los periodos ordinarios de caza. Esta medida permitirá intervenir de forma más ágil en situaciones de emergencia cinegética.
La sobrepoblación de determinadas especies se ha consolidado como un problema estructural en la región. En el caso del conejo, su incidencia sobre cultivos agrícolas genera pérdidas económicas significativas, mientras que el jabalí se ha convertido en un factor de riesgo creciente tanto en carreteras como en entornos periurbanos.
Además, la ley fija por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, aunque en el caso de la caza menor se podrán autorizar superficies desde 50 hectáreas siempre que exista una justificación técnica.
Modernización del sector y seguridad
La normativa apuesta también por la digitalización de la actividad cinegética, con la implantación de licencias electrónicas y procedimientos administrativos simplificados. Este avance facilitará el acceso a la licencia interautonómica, permitiendo a los cazadores madrileños ejercer en otras comunidades adheridas.
En materia de seguridad, se amplía la distancia mínima de seguridad respecto a núcleos urbanos, que pasa de 100 a 150 metros. Asimismo, se regula la práctica de la cetrería, estableciendo criterios claros para el uso de terrenos cinegéticos y zonas de vuelo.
El régimen sancionador también se actualiza, con multas que oscilarán entre 200 y 80.000 euros en función de la gravedad de la infracción. En el ámbito de la pesca, la ley simplifica la clasificación de las aguas, que se dividirán en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. También presta especial atención a especies como la Salmo trutta en ríos y a otras de interés en embalses, como la carpa o el lucio.
La futura ley supone un paso relevante en la regulación de la actividad cinegética en Madrid, en un momento en el que la gestión de la fauna salvaje se ha convertido en una cuestión clave para el equilibrio entre conservación, actividad rural y seguridad pública.
