La propuesta ha sido trasladada a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de que se incluya en la Ley de Presupuestos de Andalucía 2026. El organismo federado entiende que esta medida es fundamental para facilitar el acceso a la caza, reforzar el relevo generacional y consolidar el papel del sector como motor de desarrollo rural.
Una rebaja para apoyar a las sociedades de cazadores
El presidente de la FAC, José María Mancheño, ha señalado que la reducción del canon «sería un incentivo para quienes gestionan y custodian cotos en montes públicos, facilitaría el acceso a la caza y ayudaría al fortalecimiento económico y social en las zonas rurales». Ha recordado además que en 2023 el sector movilizó un gasto de 8.699 millones de euros, con un impacto de 10.190 millones en el PIB nacional, según un informe de Deloitte para la Fundación Artemisan.
Bonificaciones ligadas a la conservación
La propuesta no se limita a la rebaja del canon. La FAC solicita también que los presupuestos autonómicos contemplen bonificaciones fiscales temporales para aquellos cotos que demuestren un compromiso real con la conservación. La federación defiende que quienes inviertan en mejoras de hábitat, participen en proyectos científicos de seguimiento de fauna o colaboren en programas de recuperación de especies amenazadas deben recibir un reconocimiento económico. La misma consideración debería aplicarse a los cotos en los que el aprovechamiento cinegético quede suspendido de manera temporal por motivos de gestión o conservación. Mancheño ha subrayado que «la federación se ha adelantado en el tiempo para presentar estas propuestas y confía en que este año sí se incluyan en los Presupuestos».
La caza como motor de empleo rural
La FAC recuerda además que la caza desempeña un papel esencial en el mantenimiento del empleo en el medio rural. El informe de Deloitte estima que en 2023 la actividad permitió sostener 199.000 puestos de trabajo, de los cuales 45.642 fueron empleos directos vinculados a cotos y cacerías. Con esta base, la federación plantea la puesta en marcha de ayudas directas a empresas y entidades rurales que creen puestos de guardas de caza, una medida que, en su opinión, reforzaría tanto la seguridad como la gestión de los acotados en Andalucía.
