La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha alertado al sector cinético: sectores del Gobierno de Pedro Sánchez estarían moviendo ficha en Europa para prohibir de forma inmediata el uso de plomo en la caza. Lo más grave es que este volantazo se da pese a que el Ministerio de Agricultura defendía hasta ahora una posible moratoria. El Ejecutivo habría cambiado su postura para alinearse con los países más restrictivos… y con los grupos anticaza.
La información, tal y como adelantó Jara y Sedal, confirma que España ha decidido apoyar en Bruselas el reglamento que plantea vetar el plomo ya, sin contemplaciones ni periodos de adaptación. ¿Quién está detrás del movimiento? Según denuncia la FAC, el impulso viene del Ministerio para la Transición Ecológica, con su Secretaría de Estado de Medio Ambiente a la cabeza, en un intento por imponer criterios ideológicos y no técnicos.
Una decisión que parte al Gobierno en dos
Este movimiento ha generado un choque frontal entre ministerios. Mientras Agricultura apostaba por una transición hacia alternativas viables, el ala más radical del Ejecutivo ha tomado el mando. Desde el sector cinegético lo tienen claro: prohibir el plomo de forma inmediata, sin estudios ni soluciones reales encima de la mesa, es un suicidio para la caza tal y como la conocemos.
El problema no es solo que el plomo sea hoy por hoy insustituible en muchos contextos de caza. Lo grave es que no existen alternativas igual de eficaces, seguras y accesibles, ni para el cazador ni para los fabricantes de munición. Además, muchas armas no son compatibles con proyectiles sin plomo, y el cambio dejaría obsoletos cientos de miles de armas legales.
La RFEC también responde: «No es el camino»
La Real Federación Española de Caza (RFEC) no ha tardado en reaccionar. En un comunicado publicado ayer advierte que eliminar el plomo de golpe puede poner en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana. «La transición hacia una caza sin plomo requerirá de escuchar, aunar y convencer a todos los sectores y agentes implicados», subraya el texto.
Desde la federación nacional insisten en que la caza es un instrumento de control de poblaciones silvestres, y que prescindir de ella sin alternativa real provocaría un repunte de daños agrícolas, accidentes de tráfico y el riesgo de enfermedades como la peste porcina africana. En definitiva, un desastre anunciado.
¿Quién defiende realmente al mundo rural?
Con este cambio de rumbo, el Gobierno le da la espalda a los cazadores, a las armas que muchos usan legalmente y a un modelo de gestión que funciona. ¿El resultado? Más leña al fuego del hartazgo rural. La FAC no se va a quedar de brazos cruzados. Y tampoco el resto del sector. Lo que está en juego es mucho más que el plomo: es el futuro de la caza en España.
