El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a colocarse del lado de los que quieren acabar con la caza. Esta vez lo ha hecho en Bruselas, donde ha apoyado una de las propuestas más radicales jamás planteadas contra los cazadores: la prohibición del uso de munición de plomo en Europa.
Según ha podido saber Cazaflix, durante la última reunión del Consejo de Medio Ambiente de la UE, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, restó importancia al posible impacto de la prohibición de la munición de plomo en sectores como el de defensa, calificándolo de «no significativo», y respaldó la necesidad de aplicar cuanto antes la restricción para «proteger la salud humana y el medio ambiente».
Ya en abril, durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Hugo Morán dejó entrever la línea dura de su departamento con una frase rotunda: «Cuanto antes dejemos de consumir plomo, nos irá mejor».
Una nueva ofensiva contra la caza
La Comisión Europea lleva meses trabajando en una de las normativas más lesivas para el mundo cinegético. La propuesta, promovida por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), plantea prohibir cualquier cartucho o aparejo de pesca que contenga más de un 1% de plomo. La intención es clara: eliminar de forma total este metal en la actividad cinegética.
Los plazos propuestos tampoco dan respiro: cinco años para la caza menor y tan solo 18 meses para la mayor. Todo ello basado en unos estudios que, según denuncian científicos, expertos y federaciones, no reflejan la realidad del campo y están plagados de errores metodológicos e intereses ideológicos.
El daño sería brutal
Si la propuesta sale adelante, la caza tal y como la conocemos hoy está en serio peligro. La normativa dejaría inservibles cientos de miles de armas, provocaría un incremento insostenible del coste de los cartuchos —el plomo es mucho más barato que sus alternativas— y empujaría a miles de cazadores a abandonar.
Pero el problema no acaba ahí. Según los últimos datos, el 95% de los campos de tiro europeos no podrían adaptarse y cerrarían sus puertas. Esto supondría un golpe directo no solo para los aficionados, sino también para los cuerpos de seguridad, militares y deportistas que entrenan en estas instalaciones.
A nivel ecológico, la situación sería aún más alarmante. En un momento en el que la sobrepoblación de jabalíes ya es crítica en muchas zonas, restringir la herramienta más eficaz para su control supondría agravar el problema. Más daños a cultivos, más accidentes de tráfico, más enfermedades. Y menos cazadores para hacer frente a todo ello.
Las organizaciones cinegéticas europeas lo tienen claro: esto no va de salud pública, va de imponer una agenda política que demoniza al cazador. La Federación FACE ha sido tajante: «Los informes de la ECHA no reflejan la realidad». Denuncian que se han ignorado estudios independientes y que la Comisión ha preferido fiarse de ONGs ecologistas radicales.
