La escena se repite cada temporada en la ría de Vigo, pero esta vez terminó con un expediente sobre la mesa. Un hombre de 48 años, vecino de Vigo (Pontevedra), fue interceptado por la Guardia Civil en la localidad de Cangas (Pontevedra) cuando salía del agua con un miño —la bolsa de red con tres palos superpuestos que se usa tradicionalmente para transportar marisco— repleto de centollas. Los agentes lo esperaban en la orilla tras detectar la maniobra, según relató La Voz de Galicia.
El aviso llegó el sábado 14 de noviembre. El buceador vestía neopreno y portaba 29 kilos de centolla capturados, según la información publicada, en una jornada de inmersión sin que mediara ningún permiso. Al pedirle la documentación, los agentes comprobaron que carecía de la licencia necesaria para ejercer esta actividad extractiva, así que la Guardia Civil formuló una denuncia por una presunta infracción administrativa grave en materia de pesca y marisqueo.
Las centollas, devueltas vivas al mar
Los ejemplares intervenidos estaban todavía vivos, así que los agentes optaron por devolverlos al mar con el objetivo de favorecer su supervivencia y preservar el recurso marisquero, en vez de destruirlos o decomisarlos como prueba material. Es una práctica habitual en este tipo de intervenciones cuando el marisco no ha sufrido daños que comprometan su viabilidad, aunque la fuente no detalla si se evaluó el estado concreto de cada animal ni el punto exacto de la liberación.
El caso ya está en manos de la Xunta de Galicia, a la que la Guardia Civil remitió las actuaciones para que la autoridad competente tramite el correspondiente expediente sancionador. La fuente original apunta que el furtivo tenía antecedentes, aunque no concreta su naturaleza ni si guardan relación con el marisqueo, por lo que ese extremo queda pendiente de confirmación oficial.
Qué es la centolla y por qué vale tanto
La centolla gallega, identificada científicamente como Maja squinado, es uno de los crustáceos más cotizados de la gastronomía atlántica y una pieza clave del calendario marisquero de las rías. Su captura está sujeta a vedas estacionales porque es una especie estrechamente ligada al ciclo reproductivo: fuera de esos periodos regulados, cualquier extracción —legal o furtiva— incide directamente en la biomasa disponible para la campaña siguiente. Según cálculos recogidos por La Voz de Galicia a partir de precios de referencia, si el furtivo hubiera vendido el género en lonja a razón de ocho euros el kilo habría obtenido 232 euros, mientras que colocarlo directamente en pescaderías, restaurantes o al consumidor final —con precios de entre 20 y 59 euros el kilo— podía haberle reportado entre 600 y 1.700 euros. Son cifras orientativas de la propia fuente, no una tasación oficial de la mercancía intervenida. La campaña de este año, según datos de mercado consultados, arrancó con cotizaciones en lonja en torno a 15,66 euros por kilo, un 20% por encima del precio de 2025, aunque con desembarcos iniciales más escasos y desiguales.
Licencias, vedas y el expediente que viene
La extracción de centolla en Galicia exige un título administrativo habilitante y respeta un calendario de veda que varía según la provincia. En años recientes, la prohibición de capturar esta especie se ha prolongado en A Coruña y Pontevedra desde finales de junio hasta el 6 de noviembre, mientras que en Lugo el periodo vedado se adelanta al 2 de julio y se extiende hasta el 27 de noviembre. Esas fechas corresponden al plan de gestión aprobado para cada campaña, y la Consellería do Mar publica anualmente la resolución actualizada en el Diario Oficial de Galicia, de modo que noviembre suele ser el mes en el que la veda ya ha levantado en las rías de Pontevedra y comienza la actividad extractiva legal para quienes sí tienen licencia. Ahora bien, que la veda esté abierta no significa que cualquiera pueda meterse al agua con un miño: la actividad sigue reservada a quien cuente con el título administrativo habilitante correspondiente, ya sea como marisqueador profesional a pie, en embarcación o mediante las modalidades autorizadas de buceo. Es precisamente esa falta de licencia, y no la época del año, lo que convierte la captura de este caso en una presunta infracción grave.
La Ley de pesca de Galicia regula el régimen sancionador en materia de marisqueo, y el ejercicio de actividades extractivas sin el título administrativo exigido se enmarca entre las conductas que la normativa autonómica califica como graves. El procedimiento, a grandes rasgos, arranca con la incoación por parte del órgano territorial competente de la Consellería do Mar, sigue con la notificación al interesado y la posibilidad de presentar alegaciones y pruebas, y concluye con una resolución motivada que puede recurrirse por las vías ordinarias. La cuantía exacta de la sanción y si existen medidas accesorias para este caso concreto no las detalla la fuente disponible, por lo que ese dato queda pendiente de la resolución administrativa final.
Lo que el furtivismo le cuesta al sector legal
Más allá del episodio puntual, el furtivismo marisquero tiene un coste que el sector profesional conoce bien: introduce producto sin trazabilidad, compite de forma desleal con quien paga licencia, respeta vedas y declara sus capturas, y dificulta el control real de cuánto recurso se extrae en cada ría. La extracción de ejemplares fuera de los canales autorizados puede además afectar a la gestión biológica de la especie si coincide con zonas sensibles o con individuos en plena madurez reproductiva, aunque en este episodio concreto no consta la talla ni el sexo de las centollas intervenidas, así que no cabe atribuir un daño ecológico específico sin esos datos. Para las cofradías y mariscadores que viven de esta pesquería, cada intervención de la Guardia Civil contra el furtivismo supone una pequeña victoria frente a una competencia que no asume los mismos costes ni las mismas restricciones. El marisqueo furtivo, de hecho, tiene también relevancia penal cuando alcanza cierta entidad: el Código Penal castiga de forma expresa, desde la reforma de 2015, la realización de actividades de marisqueo relevantes sin el debido título administrativo en espacios sometidos a concesión o autorización, dentro de los delitos contra la flora y la fauna.
Cómo denunciar el furtivismo en la costa gallega
Si un vecino o un profesional del mar detecta una maniobra sospechosa en la orilla, lo más seguro es no enfrentarse directamente a quien está realizando la extracción. Conviene anotar la ubicación, la hora y una descripción de los hechos, y trasladar esa información a los canales oficiales: la Guardia Civil atiende avisos relacionados con caza y pesca ilegal a través del teléfono 062, el número específico del SEPRONA, mientras que el 112 cubre las situaciones de emergencia o cuando la actividad está sucediendo en ese mismo momento. Ambas líneas permiten dirigir la alerta hacia la patrulla más cercana sin necesidad de intervenir personalmente ni asumir riesgos innecesarios. Este tipo de vigilancia ciudadana es también una herramienta que ya ha dado frutos en otros ámbitos del mundo rural: Cazaflix ha cubierto antes casos similares de furtivismo fuera del medio marino, como las actuaciones de la Guardia Civil contra furtivos durante la berrea del ciervo en León, donde varios operativos terminaron con detenidos, investigados y material cinegético intervenido. Son ámbitos distintos —uno de caza mayor, otro de marisqueo— pero comparten el mismo mensaje de fondo: la actividad extractiva sin autorización perjudica tanto al recurso natural como a quienes la ejercen legalmente, pagando licencia, respetando cupos y cumpliendo la normativa vigente en cada caso.
El expediente abierto por la Xunta de Galicia deberá fijar ahora los hechos probados y la sanción que corresponda. Hasta entonces, el caso queda como una denuncia administrativa, sin que conste ninguna detención ni una resolución firme sobre el fondo del asunto.
