A veinte días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el candidato del Partido Popular ha querido dejar negro sobre blanco qué significaría su llegada a Moncloa para el sector cinegético. Lo ha hecho en una entrevista con Jara y Sedal, la revista que lleva desde 2001 pulsando el ánimo del mundo rural en cada cita electoral, y que esta vez ha sido la primera en lograr respuesta de Alberto Núñez Feijóo. El resultado es un repaso punto por punto a lo que el dirigente popular llama su «programa de Gobierno» para la caza: desde ingresos directos para quien gestiona el monte hasta la revisión de las leyes que el sector lleva años señalando como hostiles.
El contexto no es menor. Feijóo encara la cita después de que su partido ya hubiera suscrito el decálogo de la Real Federación Española de Caza dentro de la campaña «La Caza También Vota». La entrevista de Jara y Sedal amplía ese gesto inicial con medidas concretas, plazos y, en algunos casos, cifras de gestión que el candidato promete activar nada más llegar al Gobierno.
Cien días para mover ficha con el lobo y la fauna silvestre
Preguntado por las tres decisiones que tomaría en sus primeros cien días, Feijóo no esquiva el asunto que más tensión genera entre comunidades autónomas y Gobierno central: el informe sexenal de fauna silvestre. Según explica a la revista, «la primera semana de Gobierno remitiremos a la Comisión Europea el informe sexenal de fauna silvestre que ha sido aprobado por los expertos de todas las comunidades autónomas y lleva más de un año paralizado por el Gobierno», añadiendo que ese envío «permitirá el cumplimiento de la Directiva Hábitats y el control poblacional de las especies que no estén en situación desfavorable, incluido el lobo».
Para cualquier titular de coto o junta gestora que lleve meses esperando una respuesta sobre el control poblacional del lobo, esto no es letra pequeña: del envío de ese documento depende, según el candidato, poder aplicar medidas de gestión allí donde la especie no esté en estado desfavorable. Junto a ese gesto inmediato, Feijóo anuncia la puesta en marcha de un Programa Nacional de Medidas Preventivas frente a la Fauna Silvestre, que sumaría la actividad cinegética a herramientas ya conocidas en el campo como los mastines, los cercados o los sistemas de alerta temprana. Y completa el paquete de arranque con la activación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, un documento que el propio candidato admite que hasta ahora ha sido, en sus palabras, «un brindis al sol lleno de muy buenas intenciones, pero sin utilidad ni aplicación real».
Ingresos por servicios ambientales: la promesa con más recorrido práctico
Si hay una medida que puede cambiar la cuenta de resultados de un coto, es esta. Feijóo plantea que «los cazadores puedan obtener ingresos por los servicios ambientales que prestan, incorporando las actuaciones cinegéticas a la Ley de Ingresos por Beneficios Ambientales, con incentivos fiscales asociados». Dicho de otro modo: el control de poblaciones, el mantenimiento de hábitats o la vigilancia del territorio que ya hacen cazadores y gestores de forma cotidiana podrían empezar a reconocerse económicamente, con ventajas fiscales incluidas, si esa figura legal se desarrolla tal y como la describe.
El candidato no detalla en la entrevista qué actuaciones concretas se acogerían a esa ley ni qué requisitos habría que acreditar para cobrar por ellas, así que el recorrido real de la medida dependerá del desarrollo normativo posterior. Lo que sí precisa es el horizonte temporal de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que su gobierno revisaría para el periodo 2027-2035 dotándola, dice, de memoria económica, indicadores de seguimiento y evaluación por resultados, coordinada con las políticas forestal, rural, de biodiversidad y sanidad animal. Feijóo añade, además, el reconocimiento de la caza como herramienta ordinaria de gestión de poblaciones cuando concurran razones ambientales, sanitarias, económicas o de conservación, junto a un compromiso de recuperación de la caza menor y mejora de hábitats.
Menos papeleo y reconocimiento entre comunidades
Para el cazador que hoy tiene que repetir trámites cada vez que cruza de comunidad autónoma, el PP promete un módulo cinegético dentro de la Ventanilla Única, gestión digital de las licencias y, sobre todo, la consolidación de la figura del cazador formado con reconocimiento mutuo entre territorios. Es, en la práctica, la aspiración de que aprobar el examen en una autonomía sirva en todas, sin repetir cursos ni papeles.
Feijóo liga esta simplificación a otro compromiso que suena a música para cualquier junta directiva de coto que haya recibido un recurso o visto suspendida una orden de vedas por vía judicial: reforzar la seguridad jurídica del sector con criterios homogéneos y decisiones basadas en datos científicos, reduciendo así la judicialización de normas y resoluciones cinegéticas. La entrevista no concreta qué reformas procesales harían falta para lograrlo, pero el diagnóstico que plantea el candidato —criterios dispares entre territorios y normas que acaban suspendidas en tribunales— es el mismo que lleva tiempo señalando el sector.
A esa seguridad jurídica suma un compromiso de participación: más voz para los cazadores en órganos consultivos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente y una propuesta para que ninguna norma estatal se apruebe sin antes valorar su impacto sobre el mundo rural y la actividad cinegética, algo equiparable a los informes de impacto que ya existen para otras políticas sectoriales.
Leyes animalistas y el futuro de la Dirección General de Derechos de los Animales
Preguntado sin rodeos sobre si derogaría o modificaría las leyes animalistas, Feijóo responde con la misma contundencia: «Nuestro compromiso de revisión era firme y lo sigue siendo». Recuerda que los perros de caza quedaron excluidos de la Ley de Bienestar Animal gracias, según su versión, a la negociación del PP en el Congreso, y carga contra la reforma del Código Penal de 2023 en materia de maltrato animal, a la que acusa de desproporción frente a otros delitos: «nadie entiende que el Gobierno lo haya modificado para rebajar las penas a secesionistas y, al mismo tiempo, para aumentarlas a quien mate a una rata que se le cuela en casa».
Sobre la Dirección General de Derechos de los Animales, el candidato no anuncia expresamente su supresión, pero sí promete reducir «todo gasto y exceso del aparato administrativo» que considera fruto de lo que llama órganos ideológicos, a los que atribuye haber generado «problemas, burocracia y gastos» sin beneficio para la conservación. La entrevista, en el fragmento disponible, deja abierto si eso se traduce en el cierre del organismo o en una reorganización de sus competencias.
Caza y pesca en parques nacionales, silvestrismo y Reglamento de Armas
El encargo recoge también la intención de Feijóo de impulsar cambios legales que permitan la caza y la pesca deportivas en terrenos privados dentro de parques nacionales cuando esas actividades contribuyan a la gestión y conservación del espacio. No es una idea nueva para su partido: el PP ya registró en 2020 una proposición de ley para prorrogar la moratoria que permitía cazar en esos terrenos privados, alegando que la actividad «permite fijar población sobre el territorio» y sostiene el empleo rural. Cualquier reforma en esta línea necesitaría tramitación parlamentaria y tendría que resolver su encaje con el régimen de protección de cada parque y con los derechos de los propietarios de esos terrenos.
En el terreno de las tradiciones, el candidato defiende el reconocimiento del silvestrismo y de las modalidades tradicionales de caza como patrimonio cultural y etnográfico, una protección que convivirá, en todo caso, con las obligaciones ya existentes en materia de conservación y bienestar animal.
Sobre armamento, el compromiso pasa por actualizar el Reglamento de Armas en sintonía con la normativa europea, abordando cuestiones como los moderadores de sonido —los dispositivos que reducen el ruido del disparo sin eliminar la detonación— y el uso de nuevas tecnologías como drones o cámaras en el campo. Son materias que ya generan debate en varias comunidades: la propia Comunidad de Madrid tramita una nueva ley de caza que prohíbe expresamente volar drones para localizar o acosar piezas, en línea con los conflictos entre cazadores y colectivos animalistas que han usado estos aparatos para interrumpir batidas legales.
Plomo y munición: transición con apoyo, sin fecha de corte
En uno de los asuntos más delicados para la caza acuática y de palomas, Feijóo promete una transición progresiva hacia alternativas a la munición de plomo, acompañada de periodos transitorios y apoyo económico para que el cambio no se imponga de golpe sin margen de adaptación técnica. La entrevista no concreta qué ayudas se activarían, qué tipos de munición quedarían afectados ni en qué plazos se aplicaría el cambio, de modo que el desarrollo real de esta promesa habrá que seguirlo cuando el PP publique su programa electoral completo.
Caza como herramienta de gestión y mirada al medio rural
El hilo que conecta todas estas promesas es la idea que Feijóo repite a lo largo de la entrevista: la caza como herramienta ordinaria de gestión de poblaciones cuando concurran razones ambientales, sanitarias, económicas o de conservación, y no como una actividad residual o sospechosa. El candidato enlaza esa visión con el concepto europeo de one health —la prevención integrada de enfermedades que pueden transmitirse entre fauna, ganado y personas— y pone como ejemplo la sobrepoblación de jabalíes en Cataluña y la peste porcina africana, que a su juicio «casi un año después sigue descontrolada» por falta de un enfoque de este tipo.
Todas estas propuestas, conviene recordarlo, son compromisos electorales recogidos en una entrevista y no medidas aprobadas. Su desarrollo real dependerá de que el PP llegue al Gobierno, del contenido definitivo de su programa electoral —todavía no publicado en el momento de la entrevista— y, en los asuntos que afectan a la Unión Europea o a las comunidades autónomas, de la coordinación con esos otros niveles de gobierno. Para el cazador de a pie, el mensaje de fondo es claro: el PP quiere presentar la caza como aliada del medio rural y no como un problema que gestionar desde los despachos, pero el recorrido de cada promesa concreta —ingresos ambientales, plomo, parques nacionales— se medirá en los próximos meses, no en las urnas del 29 de noviembre.