El hallazgo de seis perros muertos en una protectora de animales que habría recibido fondos públicos para la recogida y custodia de animales abandonados ha generado una fuerte polémica en Extremadura. Mientras la Guardia Civil mantiene abierta una investigación por un presunto delito continuado de maltrato y abandono de animales de compañía, la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) ha exigido explicaciones y ha reclamado que las administraciones refuercen los controles sobre las entidades que gestionan este tipo de servicios.
Los hechos se produjeron en una finca rústica de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde los agentes localizaron seis perros muertos en distintos estados de descomposición y rescataron a otros nueve animales que permanecían con vida, aunque en unas condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes.
Una denuncia ciudadana permitió descubrir el estado de los animales
La investigación comenzó tras una alerta ciudadana que informaba de la posible presencia de animales muertos en una finca aislada del término municipal. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron al lugar para realizar una primera inspección y comprobaron que la situación era mucho más grave de lo esperado.
En las instalaciones aparecieron los cadáveres de seis perros, mientras que otros nueve animales seguían vivos en un evidente estado de abandono. Ante la gravedad de los hechos, el recinto quedó precintado para preservar las pruebas y facilitar el desarrollo de la investigación.
Posteriormente, inspectoras facultativas sanitarias de la Junta de Extremadura participaron en una segunda inspección técnico-policial que confirmó, según el informe elaborado, una situación de presunto maltrato por omisión y la ausencia de las condiciones sanitarias mínimas necesarias para albergar animales.
Los nueve perros supervivientes fueron trasladados a un centro de acogida autorizado, donde reciben atención veterinaria, mientras que los cadáveres de los seis animales fallecidos fueron retirados e incinerados bajo la coordinación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Bajo la lupa la gestión de los fondos públicos
Las pesquisas de la Guardia Civil no se centran únicamente en el estado en el que fueron encontrados los animales. Según la información conocida hasta ahora, el investigado gestionaba el recinto a través de una protectora que habría recibido financiación pública mediante convenios y contratos con diferentes administraciones locales para prestar el servicio de recogida y custodia de animales abandonados en la comarca de Tierra de Barros.
Por este motivo, los investigadores han solicitado al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros toda la documentación relativa a contratos, pliegos administrativos, importes abonados y autorizaciones como núcleo zoológico correspondientes a los últimos cinco años.
El objetivo es determinar si, además del presunto delito de maltrato animal, pudieron producirse irregularidades en la gestión de unos recursos públicos cuya finalidad era precisamente garantizar el bienestar de los animales.
FEDEXCAZA reclama más supervisión y transparencia
Tras hacerse público el caso, la Federación Extremeña de Caza ha emitido un comunicado en el que reclama un mayor control sobre las asociaciones y protectoras que reciben financiación pública.
La entidad considera que las administraciones tienen la obligación de supervisar periódicamente el destino de esos fondos y verificar que las instalaciones cumplen con la normativa vigente en materia de bienestar animal.
«No basta con conceder subvenciones; hay que supervisar que ese dinero cumple realmente su finalidad», señala FEDEXCAZA, que considera que este caso evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de inspección y fiscalización.
La federación también ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre determinados discursos que, a su juicio, centran sus críticas exclusivamente en la actividad cinegética.
«Desde hace años, una parte del movimiento animalista dedica sus esfuerzos a atacar y criminalizar al sector cinegético y a los cazadores. Sin embargo, casos como este demuestran que el bienestar animal no depende de las etiquetas, sino de los hechos, de la responsabilidad y del control», sostiene la organización.
FEDEXCAZA concluye recordando que el maltrato animal debe perseguirse con independencia de quién sea el responsable.
«El maltrato animal debe perseguirse siempre, venga de donde venga y lo cometa quien lo cometa. Sin excepciones», afirma la federación.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil ya han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, que será el encargado de determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de este caso.
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