La Junta de Extremadura ha reclamado al Gobierno de España que se oponga a la propuesta de la Unión Europea de reducir la caza de la codorniz común (Coturnix coturnix), una medida que podría debatirse en la próxima reunión de la Task Force de la Comisión Europea sobre la Directiva Aves, prevista para los días 12 y 13 de febrero de 2026.
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco José Ramírez González, ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acompañada de un informe técnico con alegaciones contra la iniciativa comunitaria, que plantea una reducción sustancial de los cupos de captura o incluso una prohibición temporal de la caza de esta especie.
Extremadura pide una oposición firme
En el documento enviado el 4 de febrero de 2026, el responsable autonómico solicita al Ejecutivo central que defienda una posición firme de oposición ante la Comisión Europea. Según expone, la caza de la codorniz tiene una importancia estratégica en España desde el punto de vista cinegético, social, económico y ecológico, especialmente en regiones rurales como Extremadura.
La propuesta comunitaria se basa en un informe del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) sobre el estado de conservación de la especie en Europa. Este documento fue analizado el 29 de diciembre de 2025 en una reunión telemática de directores generales autonómicos competentes en materia cinegética, entre ellos el extremeño José Antonio Cidoncha.
La Junta considera que los datos utilizados por el organismo europeo no son suficientemente sólidos para justificar una reducción de la actividad cinegética, y advierte de que no deben aplicarse al suroeste europeo parámetros reproductivos obtenidos en latitudes septentrionales, defendiendo la necesidad de incorporar datos nacionales y regionales en la evaluación.
Impacto en el mundo rural
El consejero en funciones también alerta del impacto socioeconómico que tendría limitar la caza de la codorniz, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación. Según señala en su escrito, una reducción de las capturas supondría menos oportunidades de empleo directo e indirecto, además de un descenso de la inversión privada en la gestión y mejora de hábitats naturales.
Por este motivo, la Junta de Extremadura solicita al Gobierno que defienda un enfoque basado en el rigor científico, la proporcionalidad de las medidas y los principios de buena gobernanza en el debate europeo sobre la conservación de la especie.
La decisión final podría marcar el futuro de una de las especies más representativas de la media veda en España, cuyo aprovechamiento cinegético forma parte de la tradición y de la economía de numerosos territorios rurales.
