La temporada de caza menor en la Comunidad de Madrid comienza con una noticia especialmente negativa para miles de aficionados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto, fechado el pasado 6 de octubre, por el que suspende cautelarmente la caza de nueve especies de aves en toda la región. La resolución llega después de que la organización ecologista SEO/BirdLife presentara un recurso contra la orden de vedas aprobada por el Gobierno autonómico para la temporada 2026-2027, alterando de manera inesperada los planes de numerosos cazadores que ya tenían preparadas sus primeras jornadas.
La decisión judicial supone un importante revés para el sector cinegético madrileño, que ve cómo una parte de las especies contempladas en la normativa autonómica quedan excluidas del calendario apenas unas horas antes del inicio de la temporada general. El problema no se limita a la suspensión de su aprovechamiento, sino también a la inseguridad jurídica que genera entre los aficionados, muchos de los cuales desconocen todavía las consecuencias de una resolución que modifica las condiciones bajo las que habían organizado sus jornadas.
Nueve especies que ya no podrán cazarse en Madrid
La suspensión afecta concretamente a la perdiz roja, la codorniz, la becada, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la paloma zurita, la paloma bravía, la corneja negra y la urraca. Se trata de especies incluidas en la orden de vedas de la Comunidad de Madrid y que, mientras permanezca vigente la medida cautelar, no podrán ser objeto de aprovechamiento cinegético en las condiciones ordinarias previstas para esta temporada.
Conviene aclarar que la prohibición no afecta a todos los zorzales ni a todas las palomas, sino exclusivamente a las especies mencionadas en el auto judicial. No obstante, el alcance de la resolución resulta especialmente perjudicial para modalidades tradicionales de caza menor, principalmente aquellas relacionadas con la perdiz roja y la becada, dos especies que despiertan un notable interés entre los aficionados madrileños.
El tribunal ha atendido cautelarmente la petición ecologista, aunque todavía no existe una sentencia definitiva que determine si la orden de vedas recurrida es conforme a derecho. Esta circunstancia resulta especialmente relevante, puesto que los cazadores se ven obligados a aceptar unas restricciones inmediatas sin que se haya resuelto todavía el fondo del procedimiento judicial. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que pueden tener este tipo de recursos para la planificación y el desarrollo de la actividad cinegética.
Los cazadores se enfrentan ahora al riesgo de importantes sanciones
Una de las consecuencias más preocupantes de esta decisión es la posibilidad de que algunos cazadores incurran en infracciones por desconocer las nuevas restricciones. La orden de vedas de Madrid había establecido previamente las especies autorizadas y los períodos hábiles de la campaña, por lo que numerosos aficionados habían organizado sus jornadas siguiendo una normativa que ahora se ha visto alterada por la intervención judicial.
La nueva Ley 4/2026, de 2 de julio, de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid, contempla un régimen sancionador con multas que pueden oscilar entre los 200 y los 80.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, además de posibles suspensiones de la licencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta ley todavía no ha entrado en vigor, por lo que no corresponde aplicar automáticamente sus sanciones a los incumplimientos actuales.
En cualquier caso, cazar una especie cuyo aprovechamiento se encuentre suspendido judicialmente puede tener consecuencias administrativas conforme a la legislación aplicable. Por este motivo, resulta fundamental que los titulares de cotos, guardas y cazadores particulares conozcan cuanto antes el alcance de la resolución y eviten abatir cualquiera de las nueve especies afectadas mientras la medida siga vigente.
La falta de una comunicación suficientemente rápida y clara por parte de la Administración autonómica puede agravar todavía más esta situación, especialmente entre quienes no consultan habitualmente las novedades judiciales y continúan tomando como referencia la orden de vedas publicada antes del comienzo de la campaña.
Una nueva batalla judicial que perjudica a los aficionados a la caza
Más allá de las consecuencias inmediatas, este episodio refleja las dificultades a las que se enfrenta el sector cinegético cuando decisiones administrativas que permiten planificar una temporada quedan suspendidas por los tribunales a raíz de recursos presentados por organizaciones contrarias a determinados aprovechamientos.
La suspensión afecta además a propietarios y titulares de cotos que habían organizado sus aprovechamientos conforme a la normativa autonómica y que ahora deberán revisar sus previsiones para los próximos meses. Todo ello en un momento en el que la temporada acaba de comenzar y muchos aficionados esperaban disfrutar de las primeras jornadas de caza menor.
Por ahora, la resolución judicial debe cumplirse mientras permanezca en vigor, con independencia de que pueda ser modificada posteriormente. La Comunidad de Madrid tendrá que afrontar las consecuencias de este auto y determinar los pasos que dará en el procedimiento, mientras los cazadores esperan una respuesta que aporte claridad a una situación que amenaza con condicionar buena parte de la temporada 2026-2027.
El resultado es una mala noticia para la caza madrileña: nueve especies dejan de poder cazarse en las condiciones inicialmente autorizadas y miles de aficionados se ven obligados a cambiar sus planes cuando la temporada apenas acaba de arrancar.