La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto-ley 2/2026, una norma que introduce medidas administrativas y fiscales urgentes para implantar la licencia interautonómica de caza y fomentar la actividad cinegética en la comunidad.
El texto, según ha informado la Federación Andaluza de Caza, es fruto de más de tres años de trabajo conjunto con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Su objetivo es adaptar la normativa cinegética a la realidad actual del cazador, reducir cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica del sector.
Licencia interautonómica y permisos temporales
Una de las principales novedades es la puesta en marcha de la licencia interautonómica de caza, que permitirá cazar con un único documento en Andalucía y en otras comunidades adheridas: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias y Región de Murcia.
La licencia tendrá un precio de 70 euros, una vigencia de 1 año e incluirá la licencia básica de caza en todas sus modalidades, así como la licencia de rehala, sin pago adicional.
El decreto también contempla la expedición telemática de licencias temporales para extranjeros y cazadores de otras comunidades autónomas que quieran cazar en Andalucía bajo el sistema de tutela.
Más margen para modalidades y sociedades de cazadores
La norma incorpora además reivindicaciones históricas del sector, como la posibilidad de practicar la caza a diente con hasta 6 perros y la autorización del visor óptico convencional en todas las modalidades de caza mayor, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación estatal y autonómica.
En el ámbito de la gestión cinegética, el decreto suprime la limitación de superficie mínima para los cotos deportivos de caza, una medida especialmente relevante para muchas sociedades locales. También prevé que la licitación de montes públicos se realice conforme a la legislación patrimonial de las administraciones públicas, lo que, según la Federación, permitirá mantener la apuesta por la caza social en terrenos públicos.
Con este Decreto-ley, Andalucía da un paso relevante en la simplificación administrativa de la actividad cinegética y atiende varias demandas que el sector venía planteando desde hace años.
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