El último informe elaborado por la Fundación Artemisan, presentado recientemente en Madrid, ofrece una radiografía precisa del número de cazadores en España, su distribución por comunidades y su impacto territorial. El documento recopila los datos oficiales de licencias de caza a 31 de diciembre de 2023, y eleva el número total de practicantes a 577.742, una cifra que pone de relieve el peso de esta actividad tanto en lo social como en lo económico.
A partir de las 891.889 licencias autonómicas en vigor y otras 17.624 interautonómicas, el estudio revela un alto grado de movilidad: más del 53% de los cazadores cuenta con más de una licencia, lo que evidencia que buena parte de los aficionados se desplaza regularmente fuera de su comunidad para cazar. La licencia interautonómica —vigente en ocho regiones— está contribuyendo a simplificar estos desplazamientos.
Castilla-La Mancha, destino prioritario para cazadores foráneos
Andalucía lidera el número de licencias autonómicas, con 151.387 permisos activos, lo que representa el 26,2% del total nacional. Le siguen Castilla y León, con 76.170, y Cataluña, con 54.218. En el otro extremo se sitúan comunidades como Canarias, Baleares o La Rioja, cuya menor extensión y población justifican cifras más bajas, entre 4.000 y 13.000 licencias.
Más allá del volumen bruto, el estudio pone el foco en los desplazamientos entre comunidades. Castilla-La Mancha es, con diferencia, el territorio que más cazadores atrae de otras regiones. El informe señala que el 84% de los gallegos, el 66% de los baleares y el 65% de los asturianos que han cazado fuera de su comunidad lo han hecho en tierras manchegas. También Castilla y León y Andalucía actúan como receptoras, aunque en menor medida.
El dato de movilidad cobra especial relevancia si se considera que casi la mitad de los cazadores dispone de una sola licencia. El resto —un 53,2%— acumula dos o más permisos, lo que reafirma la transversalidad territorial de la caza en España. Regiones como Cantabria presentan un perfil más local (el 82% caza dentro de su comunidad), mientras que otras como Navarra registran altos porcentajes de desplazamiento, principalmente hacia Castilla-La Mancha y Castilla y León.
La caza como factor económico y social en el medio rural
El informe también profundiza en el impacto económico y medioambiental de la actividad cinegética. La caza genera en España 10.190 millones de euros del PIB, sostiene 199.000 empleos (de los que 45.642 son directos) y contribuye con 1.200 millones en recaudación fiscal. Además, el 85% del territorio nacional está catalogado como coto de caza, lo que equivale a unos 43 millones de hectáreas.
Las inversiones en gestión cinegética y conservación ascienden a 289 millones anuales, a los que se suman 31 millones dedicados a restauración de hábitats. Más del 62% de los cotos albergan especies protegidas, lo que demuestra que el aprovechamiento cinegético no es incompatible con la sostenibilidad. En términos demográficos, el informe constata que el 80% de los empleos directos vinculados a la caza se concentran en el medio rural, y que un 32,6% de los cazadores reside en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Con estos datos sobre la mesa, queda patente que la caza no es solo una práctica recreativa, sino una actividad estructural en buena parte del territorio español, con implicaciones económicas, sociales y medioambientales que van mucho más allá del mero ejercicio deportivo.
