Castilla-La Mancha ha puesto números al peso real de la actividad cinegética en la región. Según un estudio elaborado por Deloitte para la Junta, con la colaboración de Fundación Artemisan, la caza genera 1.141 millones de euros al año y mantiene más de 21.000 empleos, de los que casi 9.000 son directos. Unas cifras que confirman lo que en los pueblos ya se sabe: que sin la caza, buena parte del mundo rural estaría mucho más debilitado.
La presentación del informe tuvo lugar en San Pablo de los Montes (Toledo), en el antiguo almacén de trigo del municipio, y reunió a representantes del sector junto al presidente autonómico, Emiliano García-Page; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; y el director de Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, entre otros.
Page pide combatir la desinformación
El presidente regional quiso dejar clara su posición: «La caza sufre tanto por quienes la atacan para rascar votos como por quienes intentan apropiarse de ella». Page defendió que se trata de un fenómeno social profundamente arraigado y que la Administración tiene la obligación de apoyar al sector y frenar los discursos que lo demonizan.
Aseguró que la sostenibilidad real solo es posible si existe viabilidad económica y puso como ejemplo la vida en los pueblos: «La mejor manera de que se mantenga el arraigo en los municipios es que vivir en ellos sea rentable». También destacó que la caza es una seña de identidad regional y que juega un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas.
Peticiones y retos pendientes
En su intervención, Luis Fernando Villanueva recordó que cada año la Junta ingresa millones en tasas y licencias de caza y reclamó que una parte de ese dinero se reinvierta en el propio sector, sobre todo en dos frentes clave: garantizar el relevo generacional y dar soluciones a la delicada situación de la caza menor.
Por su parte, la consejera Mercedes Gómez puso el acento en el papel de la caza como herramienta de gestión sostenible y como parte esencial de la custodia del territorio. Subrayó además su dimensión cultural y social, más allá de lo estrictamente económico.
La alcaldesa de San Pablo de los Montes, Eva García, quiso remarcar la importancia del monte público de su localidad —con 6.000 hectáreas y cinco cotos— y lo puso como ejemplo de cómo la caza puede convivir con el deporte, la conservación y la economía local.
Turismo, impuestos y fijación de población
El informe aporta también datos de impacto fiscal: 133,4 millones de euros al año en impuestos y más de siete millones en licencias y tasas. A ello se suma el turismo cinegético, con especial peso en la región: el 54 % de los cazadores proceden de otras comunidades o de fuera de España, lo que deja 61,5 millones de euros adicionales en la economía castellanomanchega.
En lo social, la caza se convierte en un muro contra la despoblación. Ocho de cada diez empleos directos se generan en el medio rural y más de la mitad de los cazadores viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Para muchos, según el estudio, la caza es uno de los motivos principales para no marcharse de sus pueblos.
Seguridad y conservación
La actividad cinegética también tiene un efecto directo en la seguridad vial y en la protección de la agricultura. En 2022 se registraron 3.777 accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas en Castilla-La Mancha. La mayoría, por corzos (54 %) y jabalíes (33 %). Sin control poblacional, estas cifras serían mucho más elevadas y los daños al campo, aún mayores.
El informe recoge que el 87 % del territorio regional está declarado coto de caza, lo que supone casi siete millones de hectáreas. Los cazadores invierten cada año 53 millones de euros en gestión y conservación del medio ambiente, siendo, tras la Administración, el colectivo que más aporta en esta materia.
Además, dos de cada tres cotos cuentan con especies protegidas y colaboran en programas de conservación, una muestra del compromiso del sector con la biodiversidad y con la protección de especies amenazadas.
