La Junta de Andalucía ha puesto cifra oficial al peso económico de la caza en la comunidad: 1.748 millones de euros de aportación al PIB andaluz y 32.943 empleos vinculados. El dato se comunicó el 25 de septiembre de 2026 durante la feria Ibercaza, celebrada en Jaén (Jaén), y figura en una nota de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que puede consultarse en la web autonómica en este enlace oficial.
Según la Junta, del total de empleo asociado a la actividad cinegética 9.168 puestos son directos. El resto procede de impactos indirectos e inducidos, sin que la administración detalle en la comunicación pública el desglose por subsectores. Tampoco concreta el porcentaje del PIB andaluz que suponen esos 1.748 millones ni la metodología exacta empleada para el cálculo, extremos que no figuran en la nota difundida por la Consejería.
El sector cinegético andaluz mueve una base social y territorial amplia: casi 163.000 personas con licencia de caza (en torno a 90.000 federadas), más de 7.500 cotos entre privados y deportivos, y un aprovechamiento que abarca aproximadamente el 83% del territorio andaluz, cerca de 7 millones de hectáreas. Son cifras que ayudan a entender por qué el impacto no se queda solo en el monte: llega al taller, a la armería, al bar del pueblo y a la empresa de servicios del entorno rural.
Plan Andaluz de la Caza 2023-2033: políticas y palancas para el sector
Detrás de los números, la Junta sitúa el marco del Plan Andaluz de la Caza 2023-2033, con 8 objetivos, 40 medidas y más de 175 actuaciones. El documento, según la Consejería, ordena la actividad desde criterios de sostenibilidad y gestión responsable, con la caza como herramienta de conservación, control de poblaciones y dinamización económica en miles de pueblos andaluces. En la práctica, se traduce en reglas claras para titulares de cotos, guardas y cuadrillas, y en certidumbre para invertir y planificar.
En materia de licencias, el Gobierno andaluz recuerda que el Presupuesto de 2026 incluyó una bonificación del 30% en la tasa de emisión, exención para mayores de 65 años y una bonificación del 50% para menores de 18 y cazadores federados. Dicho claro: menos barreras de entrada para jóvenes y alivio para veteranos, con el objetivo de sostener relevo y práctica legal. Para titulares y sociedades, esto repercute en más socios potenciales y en una base de usuarios mejor distribuida por edades.
La digitalización es otra de las palancas. La Junta destaca la app Capture, que integra trámites de caza y pesca continental de forma telemática. En la práctica, significa menos papel, gestiones más rápidas y un registro de permisos y comunicaciones que facilita el trabajo de la guardería y de los gestores de cotos. Para el cazador, la ventaja es operativa: menos desplazamientos, menos esperas y más certezas sobre lo que tiene aprobado en cada momento.
La hoja de ruta incorpora además la sanidad cinegética bajo el enfoque «One Health», que entiende la salud de fauna, personas y medio como piezas conectadas. En ese carril se enmarca el certificado «Certicaza», impulsado por la Junta con universidades y centros de investigación, que acredita valores nutricionales y estándares de calidad de la carne de caza. Para el mercado, este sello ayuda a abrir puertas y a consolidar la imagen de una proteína silvestre bien gestionada.
Ibercaza y el tejido económico que activa la caza
El anuncio de las cifras durante Ibercaza, en Jaén (Jaén), subraya el alcance transversal del sector. En la feria conviven empresas cinegéticas, sociedades de caza, adiestradores, fabricantes y distribuidores de equipamiento, firmas de ropa técnica y expositores de vehículos 4×4. No es solo escaparate: muchas operaciones se cierran con la temporada a las puertas, desde material y servicios hasta acuerdos para formación, mantenimiento y logística.
Esa actividad se apoya también en la oferta pública. Andalucía articula cada año el reparto de permisos de caza en reservas y cotos públicos, lo que moviliza viajes, guías, rehalas, transporte y alojamiento. Para los titulares privados, la feria funciona como un barómetro temprano: qué demanda hay, qué modalidades tiran y qué servicios complementarios pedirán los cazadores en los próximos meses.
La gestión también tiene su cara menos vistosa pero muy relevante: controles poblacionales y prevención de daños. Cuando la administración declara emergencia cinegética por daños de conejo o impulsa actuaciones frente a sobreabundancias, se activan cuadrillas, guardería, veterinarios y talleres. Todo eso suma en el impacto económico y, a la vez, descarga presión sobre cultivos y carreteras, con la caza legal como herramienta de equilibrio.
Jaén, una provincia cinegética clave dentro de Andalucía
La provincia anfitriona del anuncio, Jaén (Jaén), ilustra bien la dimensión territorial. Según la Junta, cuenta con 894 cotos —612 de caza menor y 282 de caza mayor— que suman 1.238.981 hectáreas de superficie sometida a aprovechamiento cinegético. En cuanto a licencias, son 19.281 cazadores con permiso en vigor, un volumen que sostiene actividad durante todo el año entre recechos, menores, esperas y los trabajos de campo que no se ven pero pagan nóminas.
Para el tejido local, esos números significan calendario, compra de munición y equipamiento, mantenimiento de armas y ópticas, combustible, talleres de 4×4, perros y veterinaria, así como consumo en bares y casas rurales. Cuando se programan monterías, ganchos o batidas, pueblos enteros notan el movimiento. Y fuera de temporada, la gestión del hábitat mantiene ocupaciones constantes: limpieza de cortaderos, puntos de agua, siembras y arreglos de caminos.
A escala autonómica, Andalucía concentra más de 7.500 cotos y un aprovechamiento cinegético que ronda el 83% del territorio, casi 7 millones de hectáreas, con cerca de 163.000 licencias y alrededor de 90.000 federados. La Junta sitúa en 1.748 millones la aportación al PIB y en 32.943 los empleos asociados, con 9.168 directos. El porcentaje que eso representa sobre el PIB regional no figura en la nota oficial, que puede consultarse íntegra en la web de la Junta.