La lucha contra la pesca furtiva volvió a dejar una importante actuación en el Cantábrico el pasado 21 de marzo. Un dispositivo conjunto desarrollado por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Guipúzcoa y la Gendarmería Marítima de Lorient culminó con la investigación del patrón de una embarcación de recreo por la captura ilegal de un ejemplar de atún rojo (Thunnus thynnus) de 183 kilos.
El investigado, residente en Navarra, cuenta además con un amplio historial relacionado con la pesca ilegal, ya que acumula 25 antecedentes por pesca furtiva. Ahora se enfrenta a una nueva investigación por un presunto delito contra la flora y la fauna silvestres debido a la captura de una especie cuya extracción está sometida a una de las regulaciones más estrictas de Europa.
Un operativo conjunto para controlar la pesca en aguas del Cantábrico
La actuación se enmarcó dentro de un dispositivo de vigilancia dirigido a controlar el cumplimiento de la normativa pesquera frente a la costa de Gipúzcoa. Para ello se desplegaron medios marítimos de ambos lados de la frontera con el objetivo de supervisar tanto la actividad de la flota profesional como la de las embarcaciones de recreo, un ámbito donde también se producen infracciones relacionadas con especies altamente reguladas.
Durante la jornada, los agentes realizaron 45 inspecciones. De ellas, siete correspondieron a barcos de pesca profesional y 38 a embarcaciones de recreo.
Fue precisamente durante una de estas inspecciones cuando localizaron el ejemplar de atún rojo capturado de forma presuntamente ilegal, iniciándose inmediatamente las diligencias correspondientes contra el responsable de la embarcación.
El atún rojo, una especie sometida a una estricta regulación
La pesca del atún rojo está regulada mediante un complejo sistema de cuotas, autorizaciones específicas, periodos hábiles de captura y obligaciones de declaración, tanto para la flota profesional como para determinadas modalidades recreativas autorizadas.
Estas medidas responden a la necesidad de garantizar la conservación de una especie que durante años sufrió una fuerte presión pesquera y cuyas poblaciones han requerido importantes esfuerzos de recuperación por parte de los organismos internacionales encargados de su gestión.
Por este motivo, la captura de ejemplares fuera de la normativa vigente puede derivar tanto en sanciones administrativas como en responsabilidades penales cuando concurren las circunstancias previstas en la legislación sobre protección de la fauna silvestre.
El ejemplar fue decomisado y destinado a investigación científica
Tras comprobar la irregularidad de la captura, los agentes procedieron al decomiso inmediato del atún rojo de 183 kilos siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones.
Lejos de desperdiciarse, el ejemplar tuvo un doble destino. Las vísceras, la cabeza y la cola fueron entregadas al centro tecnológico AZTI, donde servirán para realizar diferentes estudios biológicos sobre la especie. Estos análisis permiten obtener información de gran valor sobre parámetros como la edad, el crecimiento, la alimentación o el estado sanitario de los ejemplares.
Por su parte, toda la carne apta para el consumo humano fue donada al Aterpe de Cáritas, otorgando un fin social al pescado decomisado y evitando su desperdicio.
Cinco infracciones administrativas más durante el dispositivo
El operativo desarrollado por las autoridades españolas y francesas no solo permitió detectar esta presunta actividad delictiva.
Según ha informado la Guardia Civil, durante las inspecciones también se levantaron cinco actas por infracciones administrativas graves. Tres de ellas estaban relacionadas con deficiencias en materia de seguridad marítima, mientras que las otras dos respondían al incumplimiento de distintos aspectos de la normativa pesquera vigente.
Estas actuaciones ponen de manifiesto el elevado nivel de vigilancia existente sobre la actividad pesquera en el litoral cantábrico, especialmente cuando afecta a especies sometidas a planes internacionales de gestión.
Cooperación internacional contra la pesca ilegal
La colaboración entre la Guardia Civil y la Gendarmería Marítima francesa se ha convertido en una herramienta habitual para combatir la pesca furtiva y otras actividades ilícitas en las aguas compartidas del Golfo de Vizcaya.
Este tipo de operativos coordinados permiten incrementar la capacidad de inspección sobre embarcaciones profesionales y recreativas, mejorar el intercambio de información entre ambos países y reforzar el cumplimiento de la normativa destinada a garantizar la explotación sostenible de los recursos marinos.
La investigación sobre el patrón de la embarcación continúa abierta mientras las autoridades instruyen las diligencias por la presunta captura ilegal del atún rojo.
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