La firma del convenio entre la finca privada Cabañeros, la Junta de Castilla-La Mancha y la Administración del Estado marca un punto de inflexión en la gestión del parque. Con 6.300 hectáreas, se convierte en la primera propiedad privada del interior del parque nacional que acepta aplicar el sistema oficial de control de ungulados, el mismo que ya se utiliza en terrenos públicos.
Durante los años posteriores a la prohibición de la caza en 2020, las poblaciones de ungulados se dispararon sin que existiera un Plan de Gestión plenamente operativo, generando una presión creciente sobre hábitats sensibles. Bosques de ribera, turberas y monte mediterráneo comenzaron a mostrar signos claros de degradación, poniendo en riesgo especies emblemáticas como el águila imperial ibérica o el lince ibérico.
Un acuerdo que desbloquea años de conflicto
El convenio, avalado por el patronato del parque reunido en Pueblo Nuevo del Bullaque, ha sido presentado por la Administración como una herramienta clave para reforzar la conservación de este enclave estratégico. El documento establece medidas de restauración ecológica, control de ungulados, eliminación de especies invasoras y seguimiento continuo de fauna y flora.
Durante años, los propietarios privados habían reclamado una solución tras quedarse sin actividad cinegética. La falta de acuerdos y el incremento sostenido de ciervos y jabalíes generaron un conflicto creciente. La moción aprobada en enero de 2025 por la Diputación de Ciudad Real, que planteaba reintroducir la caza, evidenció la gravedad del problema. En aquel pleno se alertó de que la sobrepoblación estaba afectando de forma grave a la flora, la fauna y la biodiversidad del parque.
A este impacto ambiental se sumó el daño socioeconómico en la comarca de Cabañeros, donde la actividad cinegética había sido históricamente una fuente de empleo y fijación de población. «Afecta a un territorio muy importante de Ciudad Real, donde los pueblos se quedan sin gente», señaló entonces el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.
Tras prohibir la caza, ahora necesitan abatir 2.400 ungulados
El plan aprobado contempla recechos, aguardos, batidas y capturas en vivo con el objetivo de reducir la población en unos 1.200 ejemplares anuales durante dos años, hasta alcanzar niveles compatibles con la conservación del ecosistema. Se trata de una actuación considerada ya crítica por los técnicos para recuperar procesos naturales alterados.
El patronato del parque analizó además el informe de gestión de 2025, que recoge avances en conservación de hábitats, prevención de incendios y programas científicos. De cara a 2026, las prioridades pasan por reforzar la restauración ecológica, el control de fauna y el conocimiento de los efectos reales de la sobrepoblación.
Con este primer acuerdo, la Administración confía en que otras fincas privadas se sumen al modelo y permitan actuar de forma coordinada en todo el parque. El objetivo es frenar cuanto antes un deterioro que amenaza el futuro de uno de los espacios naturales más valiosos de la península.
