El Comité de los Derechos del Niño examina estos días el grado de cumplimiento por parte de España de la Convención sobre los Derechos del Niño tras recibir un informe que plantea prohibir la participación de menores de edad en la caza, tanto como usuarios de armas de fuego como en calidad de acompañantes.
La documentación ha sido elaborada por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), una asociación que, bajo el argumento de reforzar la protección de la infancia, propone modificaciones normativas de alcance estatal que afectarían directamente al relevo generacional de la actividad cinegética y, por extensión, al mundo rural.
Según el informe, la legislación española no garantizaría de forma suficiente el interés superior del menor, principio recogido en el tratado internacional ratificado por el Estado. Desde el sector cinegético se considera, sin embargo, que este planteamiento no tiene en cuenta la realidad social, cultural y legal de la caza, ni el marco de control y supervisión que regula esta actividad.
Menores, armas y legislación vigente
CoPPA señala que la normativa actual permite que adolescentes a partir de los 14 años puedan utilizar armas de fuego bajo condiciones estrictas, así como la presencia de menores como acompañantes en determinadas comunidades autónomas. El informe presenta esta situación como una excepción dentro del entorno europeo.
Fuentes del sector recuerdan que este modelo es común en numerosos países de Europa y en Estados Unidos, donde el acceso progresivo y supervisado a la caza forma parte de la transmisión de conocimientos y responsabilidades propias del medio rural. En este contexto, introducir una prohibición específica en España supondría, a su juicio, romper el relevo generacional cinegético y aislar al país de una práctica extendida a nivel internacional.
El documento remitido a Naciones Unidas recopila referencias a accidentes de caza y establece vínculos generales entre la disponibilidad de armas de fuego y determinados problemas de salud mental en adolescentes. Desde el ámbito cinegético se advierte de que estas conclusiones parten de generalizaciones que no distinguen entre contextos ni usos, y que atribuyen de forma simplista a la caza problemáticas presentes en otros ámbitos de la sociedad.
Asimismo, se subraya que la caza es una actividad altamente regulada, con formación obligatoria y supervisión adulta, y que presenta tasas de accidentalidad inferiores a las de otros deportes o actividades recreativas en las que participan menores sin un cuestionamiento similar.
Impacto cultural y futuro del mundo rural
El informe también aborda el supuesto impacto emocional que la exposición a la muerte de animales podría tener en los menores. Frente a esta visión, el sector cinegético defiende que la caza forma parte del patrimonio cultural del mundo rural, y que su transmisión se basa en valores como el respeto, la responsabilidad y el conocimiento del entorno natural.
La solicitud de CoPPA al Comité de los Derechos del Niño plantea prohibir en todo el territorio nacional que los menores de 18 años utilicen armas de fuego o asistan a jornadas de caza, una medida que, según profesionales del sector, tendría un efecto directo sobre el futuro de la actividad, ya afectada por el despoblamiento rural y la presión normativa.
Desde el mundo cinegético se advierte de que este tipo de iniciativas no se limitan a un debate sobre seguridad infantil, sino que forman parte de una estrategia que cuestiona la legitimidad de la caza y pone el foco en uno de sus pilares fundamentales: la transmisión intergeneracional de la afición.
