La suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves en la Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo frente entre conservación, gestión cinegética y agricultura justo cuando el campo madrileño entra en plena campaña de siembra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) adoptó la medida mediante un auto fechado el 6 de octubre de 2026, tras aceptar el recurso de urgencia presentado por SEO/BirdLife contra la orden autonómica que regula los periodos hábiles de caza para la temporada 2026-2027. ASAJA Madrid ha reaccionado con preocupación, al entender que la decisión llega en el peor momento posible para los agricultores de cereal de la región, según explica en un comunicado publicado en su web.
Nueve especies suspendidas en pleno arranque de la siembra
La resolución afecta a la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca. La suspensión está en vigor durante la época hábil general, que se extiende del 8 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027, y también durante los pasos tradicionales fijados entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Quedan exceptuadas las cacerías de suelta autorizadas o comunicadas y las que se celebren en cotos comerciales, donde solo podrán abatirse los ejemplares soltados conforme a la especie y el número recogidos en la autorización correspondiente.
La medida llega cuando una parte de los agricultores madrileños ya ha comenzado la siembra del cereal o está a punto de iniciarla. Según ASAJA Madrid, determinadas aves pueden alimentarse de las semillas recién depositadas y ocasionar pérdidas en un momento especialmente sensible del cultivo. La organización presenta el cereal como el principal cultivo de la región y sitúa este conflicto en un escenario ya tensionado por el coste de los insumos y los combustibles, la meteorología, los daños causados por otros animales como el conejo y unos precios de mercado que, según advierte, empujan la actividad «hacia la más absoluta inviabilidad».
El riesgo señalado por la organización agraria se concentra en los primeros compases del cultivo. Si una presencia elevada de aves provocara el consumo de una parte apreciable de la semilla, la consecuencia podría ser una nascencia irregular, es decir, una emergencia desigual de las plantas. Dependiendo del alcance real del daño, el agricultor podría afrontar pérdidas de producción, labores adicionales o incluso una resiembra, con el correspondiente gasto en semilla, combustible y maquinaria. Son posibilidades agronómicas planteadas a partir de la preocupación sectorial, no una estimación de daños ya cuantificada: para conocer el alcance efectivo haría falta disponer de inspecciones sobre parcelas concretas y datos de incidencia por especies que separen el efecto de las aves de otros factores, como una mala implantación del cultivo o la acción de otros animales.
«No podemos ignorar una realidad que conocemos de primera mano»
Francisco José García, presidente de ASAJA Madrid, sostiene que la decisión llega «en un momento especialmente delicado para el campo, cuando muchos agricultores ya han comenzado las labores de siembra o están a punto de iniciarlas». El dirigente agrario añade que «la presencia de determinadas aves puede ocasionar daños importantes al alimentarse de las semillas recién sembradas, con las consiguientes pérdidas económicas para los agricultores», y remacha que «no podemos ignorar una realidad que quienes trabajamos la tierra conocemos de primera mano».
La organización plantea además una pregunta que por ahora no tiene respuesta acreditada en la documentación disponible: quién respondería ante los posibles perjuicios económicos derivados de la medida. Esa cuestión del régimen de responsabilidad por daños de fauna silvestre deberá contrastarse con la Administración autonómica y con la normativa aplicable.
Qué orden se ha recurrido y qué supone la suspensión
El procedimiento tiene su origen en el recurso presentado contra la Orden 2511/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 6 de julio. Esa norma fija las limitaciones y épocas hábiles de caza para la temporada 2026-2027 en el territorio madrileño y recoge, entre otras cuestiones, la ampliación de posibilidades de caza para especies como el jabalí o el conejo por sus niveles poblacionales, además de un plan de gestión adaptativa para la tórtola europea.
La suspensión cautelar no equivale a una sentencia sobre el fondo del asunto ni paraliza toda la actividad cinegética regional: se podrá seguir cazando sobre las especies que quedan fuera de las medidas cautelares, respetando los periodos hábiles de cada una conforme a la orden de vedas. Se trata de un procedimiento judicial en curso, adoptado de forma urgente y sin audiencia previa de la Comunidad de Madrid, que ahora dispone de tres días para presentar alegaciones. De hecho, la Administración autonómica ya trabaja en un paquete de alegaciones para intentar revertir la medida, apoyada en estudios propios y en el respaldo del sector cinegético.
El conflicto coincide con un contexto en el que la Administración madrileña ha recurrido en otras ocasiones a autorizaciones extraordinarias para responder a problemas concretos de fauna. Un artículo de Cazaflix sobre los controles excepcionales de caza en Madrid recoge que la región concedió más de 1.400 autorizaciones de este tipo en la última temporada para frenar daños agrícolas y riesgos sanitarios, centradas sobre todo en conejo, jabalí y paloma, lo que da idea de la magnitud del problema de fauna que vive el campo madrileño, aunque esas autorizaciones no son aplicables de forma automática a las nueve especies ahora suspendidas.
Los argumentos del recurso conservacionista
SEO/BirdLife, promotora del recurso, pidió la adopción urgente de medidas cautelares al considerar que permitir las capturas mientras se tramitaba el procedimiento podía causar una mortalidad imposible de reparar con una sentencia posterior. La entidad sostiene que faltan evaluaciones recientes y trazables que permitan relacionar las poblaciones de estas aves en Madrid con los niveles de extracción autorizados, y recuerda que tampoco existen límites globales de capturas para estas especies, ni siquiera un cupo máximo diario por cazador en siete de ellas.
La organización atribuye una situación desfavorable de conservación a seis de las especies incluidas en la suspensión. Según sus propios datos, la codorniz común ha sufrido una reducción acumulada del 60,4% de sus poblaciones reproductoras en España desde 1998 y está catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España, mientras que la perdiz roja, también Vulnerable, habría disminuido un 57,6% en el mismo periodo; paloma zurita, corneja negra, urraca y zorzal alirrojo mostrarían igualmente tendencias negativas. Para la paloma bravía silvestre, la becada y el zorzal real, la entidad señala lagunas de conocimiento sobre el estado de sus poblaciones. Mario Giménez, responsable del Área de Conservación de SEO/BirdLife, defiende que «planificar la actividad cinegética, como cualquier otra actividad, exige actuar con prudencia y apoyarse en la evidencia científica disponible».
Estas cifras, divulgadas por la propia organización recurrente, se refieren en buena medida a tendencias de ámbito nacional, no a censos específicos de la Comunidad de Madrid, y deben leerse como la posición de una de las partes del litigio, no como una evaluación independiente de las poblaciones madrileñas.
El sector cinegético y agrario reclaman diálogo
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado que se personará en el procedimiento judicial junto a la Federación Madrileña de Caza y la Fundación Artemisan, entre otras entidades, para defender los intereses de los cazadores madrileños. La federación califica la decisión de «extraordinaria gravedad», advierte de que genera «una preocupante inseguridad jurídica» y alerta de perjuicios difícilmente reparables para miles de cazadores, sociedades, clubes deportivos y titulares de cotos, además de para las actividades económicas vinculadas al medio rural madrileño.
ASAJA Madrid, por su parte, afirma respetar la protección de la biodiversidad, pero reclama que las decisiones sobre fauna tengan en cuenta sus efectos sobre las explotaciones agrarias. «No se puede dar por hecho que el agricultor asuma, una vez más, las consecuencias económicas de decisiones que no tienen en cuenta su día a día», sostiene García. La organización pide «diálogo con el sector, rigor técnico y medidas que permitan compatibilizar la conservación de las especies con la protección de los cultivos y la viabilidad de las explotaciones», y anuncia que estudia qué actuaciones puede emprender para defender a los agricultores sin menoscabar la protección de la fauna, aunque todavía no concreta las vías elegidas.
ASAJA también describe a algunas de las aves afectadas como causantes de problemas en determinados entornos agrícolas, llegando a calificarlas de invasoras en esos contextos, de acuerdo con su comunicado. Esa valoración, ligada al impacto que perciben los agricultores sobre sus cultivos, no equivale a una clasificación legal de especie invasora y debería revisarse especie por especie conforme a los catálogos oficiales vigentes, sin extrapolarse de forma automática a todo el listado incluido en la suspensión.
Qué puede pasar ahora
El auto del TSJM es una medida cautelar dentro de un procedimiento judicial todavía abierto, no una sentencia firme ni una declaración de nulidad de la Orden 2511/2026. La Comunidad de Madrid dispone de un plazo breve para presentar alegaciones, y tanto la Administración autonómica como las federaciones de caza ya han anunciado que impugnarán la decisión apoyándose en estudios propios. Mientras se resuelve esa pugna judicial, el debate seguirá girando en torno a dos necesidades que no deberían abordarse de espaldas entre sí: conservar las poblaciones silvestres con información suficiente y evitar que el coste de las decisiones recaiga sin evaluación ni respuesta sobre quienes trabajan la tierra en plena campaña de siembra.