Fundación Artemisan y SCI Iberian Chapter han anunciado el inicio de un estudio nacional para analizar cómo percibe la sociedad el furtivismo y poner cifras a los daños que provoca en España. La investigación arranca con dos encuestas anónimas y cuenta con la colaboración de la Universidad de León, cuyas comisiones éticas han revisado los cuestionarios. El lanzamiento coincide, según los promotores, con una época del año en la que se registran más delitos por furtivismo.
El proyecto, presentado por las entidades citadas, combina una encuesta dirigida a titulares y gestores de cotos de caza mayor con otra abierta a la población general, vinculada o no a la actividad cinegética. Ambas son online y anónimas, lo que facilita recoger experiencias y opiniones de forma amplia y comparable. La colaboración académica de la Universidad de León aporta un marco metodológico y de confidencialidad para tratar los datos con rigor.
Los impulsores subrayan que el furtivismo no es una forma de caza ni algo equiparable a la actividad cinegética legal: vulnera derechos de los titulares, quebranta la normativa y supone una amenaza para la conservación. Diferenciar con claridad la caza regulada del delito es parte del enfoque del estudio, que aspira a ofrecer evidencias útiles para la prevención, la vigilancia y el régimen sancionador.
Objetivos y alcance del proyecto
Según Fundación Artemisan, el trabajo busca cubrir el vacío de información sistemática sobre incidencia, motivaciones y consecuencias del furtivismo, así como estudiar su aceptación social. La investigación analizará la imagen del furtivo, las diferencias percibidas respecto al cazador legal y si algunas prácticas se justifican socialmente por motivos culturales o de necesidad. El reto es convertir percepciones dispersas en datos que permitan tomar decisiones con base empírica.
El sector cinegético gestiona en España alrededor de 31 millones de hectáreas de terrenos ordenados, con poblaciones de especies de gran valor, recuerdan los promotores. A ese contexto se suma el peso económico de la caza: en 2023 generó 10.190 millones de euros de PIB y ayudó a mantener más de 199.000 empleos, según el estudio de referencia de Fundación Artemisan, disponible en su informe socioeconómico.
El momento del lanzamiento no es casual, apuntan las entidades: coincide con una de las épocas del año en la que la Guardia Civil y las guarderías de los cotos acumulan más avisos. Para el titular de un acotado, lo que ocurra ahora se traduce en costes de vigilancia, riesgos para las poblaciones y un daño reputacional que paga quien cumple. Medir con precisión ese impacto es indispensable para afinar la respuesta pública.
Metodología y cómo participar
El diseño es empírico y multidisciplinar. Se apoya en dos encuestas online y anónimas: una dirigida a titulares y gestores de cotos de caza mayor, y otra a la población general. El objetivo es captar, por un lado, la experiencia directa de quienes sufren el problema en sus fincas y, por otro, la imagen social del fenómeno para entender mejor su aceptación y los factores que la condicionan.
La encuesta a la ciudadanía ya está operativa y puede rellenarse en pocos minutos en este enlace oficial: cuestionario de población general. Es anónima y busca recoger opiniones sinceras y variadas, tanto de personas vinculadas a la caza como de quienes no lo están. La participación amplia es clave para que los resultados sean representativos y útiles.
Las encuestas han superado el análisis del Comité Ético de la Universidad de León, que colabora en el estudio. Esto garantiza buenas prácticas en el tratamiento de datos y en el diseño de las preguntas, un aspecto importante cuando se abordaan conductas delictivas y percepciones sociales. La nota completa de lanzamiento puede consultarse en la web de Fundación Artemisan: anuncio del estudio.
Resultados previstos y utilidad para el sector
El proyecto prevé elaborar informes técnicos para las administraciones competentes y un documento con propuestas de reforma legislativa orientadas a mejorar la prevención, los mecanismos de denuncia, la vigilancia y el régimen sancionador. Los promotores no adelantan medidas cerradas ni garantizan su adopción, pero sí buscan ofrecer una base de datos sólida para que los poderes públicos puedan decidir con mayor eficacia.
Por ahora no se han publicado cifras actuales de daños económicos o biológicos atribuidos al furtivismo; según indican, se conocerán cuando concluyan las encuestas y se presenten los resultados. Tampoco hay un calendario de publicación hecho público. Hasta entonces, el valor añadido del estudio es abrir la puerta a evidencias medibles que diferencien claramente a la caza legal del delito y permitan orientar recursos donde más falta hacen.
El sector cinegético ya participa de forma habitual en iniciativas de ciencia y gestión colaborativa. Un ejemplo reciente es el impulso a proyectos de seguimiento de especies, como el censo simultáneo de codorniz. En paralelo, conviene recordar los beneficios ambientales y de gestión que aporta la caza regulada. Precisamente por eso, separar con datos el furtivismo de la actividad legal es una necesidad para los cotos, sus titulares y la conservación.
Quien desee ampliar información sobre los impulsores puede consultar también la página oficial de SCI Iberian Chapter en este enlace. La llamada a participar en la encuesta ciudadana permanece abierta y los promotores recomiendan su difusión entre amigos y familiares, cazadores o no, para mejorar la calidad de la fotografía social que ofrecerán los resultados.