En los campos de Zaragoza, Huesca y Teruel donde el conejo ha dejado de ser una pieza menor para convertirse en una plaga, el Gobierno de Aragón ha decidido meter la mano en el bolsillo para ayudar a pagar la munición. El proyecto de presupuestos autonómico para 2027 incluye una partida de 30.000 euros destinada a comprar cartuchos para el control del conejo de monte, una medida que busca aliviar el gasto que asumen los cazadores cuando salen a reducir las densidades de una especie que está arruinando cosechas enteras en varias comarcas.
La ayuda se canalizará, como ya ocurrió en 2026, a través de la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA), entidad que según la Ley 1/2015 de Caza de Aragón tiene el carácter de colaboradora de la Administración autonómica en materia cinegética. Pero antes de que un solo cazador vea un cartucho subvencionado, la partida tiene que sobrevivir a la tramitación en las Cortes. Jara y Sedal informó de que el proyecto de presupuestos superó el debate de totalidad el 12 de noviembre, un trámite que lo mantiene vivo pero que todavía dista de ser una aprobación definitiva. De hecho, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó la totalidad del proyecto con los votos de PP y Vox, y las cuentas entran ahora en la fase de enmiendas parciales antes de volver al pleno para la votación final.
Una ayuda sin letra pequeña, de momento
Aquí viene la parte que todo titular de coto quiere saber y que, por ahora, nadie puede responder con precisión: quién podrá pedir los cartuchos, cuántos le tocarán, en qué municipios se repartirán primero y qué papeleo habrá que rellenar. Ninguno de esos detalles está cerrado. El reparto, los destinatarios y las zonas prioritarias deberán fijarse en el texto que regule la subvención, que solo podrá publicarse después de que el presupuesto quede aprobado en firme. Mientras tanto, ningún cazador tiene que mover un papel: no hay convocatoria abierta ni plazo de solicitud, solo una previsión presupuestaria.
El antecedente más cercano, sin embargo, sí dejó un rastro documental claro. El 16 de octubre de 2026 el Gobierno aragonés concedió a FARCAZA una subvención para adquirir más de 70.000 cartuchos destinados al control del conejo durante ese año. Según recoge el boletín oficial de la Dirección General de Caza y Pesca del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, los cartuchos debían emplearse en modalidades de caza legalmente autorizadas y únicamente en los municipios incluidos en el anexo II del Plan General de Caza 2026-2027, el listado de términos municipales con sobrepoblación reconocida. El plazo era estrecho: los cartuchos tenían que estar suministrados o a disposición de sus destinatarios antes del 25 de noviembre de 2026, fuera de cuya fecha el gasto quedaba sin cobertura.
En esa misma comunicación, el Ejecutivo autonómico situó en alrededor de un millón de conejos al año las capturas atribuidas a la actividad de FARCAZA en la comunidad. Conviene no confundir esa cifra, procedente de una estimación institucional, con un censo poblacional contrastado de forma independiente ni con un registro de capturas verificado pieza a pieza.
El conejo, de pieza de caza menor a problema agrario
Para entender por qué Aragón acaba pagando cartuchos, hay que mirar lo que el conejo lleva años haciendo en el campo. El Decreto-ley 9/2019 del Gobierno de Aragón ya describía un desequilibrio poblacional en 118 términos municipales que estaba provocando daños desproporcionados sobre los cultivos agrícolas, la vegetación silvestre y la ganadería extensiva de ovino. La norma explicaba que los conejos consumen las cosechas de cereal desde la germinación hasta la espiga y roen cortezas y ramas jóvenes de los cultivos leñosos, y llegaba a estimar que, en zonas áridas, dieciséis conejos equivalen al consumo en campo de una oveja de carne. El problema no se ha quedado quieto. Según una investigación publicada por elDiario.es, cerca de 140 municipios aragoneses están declarados afectados por la superpoblación de conejos, con la plaga extendida por más de 50.000 hectáreas de cereal, hortalizas y frutales y daños superiores al 30% de la producción en esas zonas. Desde la plataforma agraria PAIDAS se ha llegado a calificar la situación de insostenible y se ha señalado que la caza, como única herramienta disponible hasta ahora, empieza a mostrar sus límites porque muchos cazadores se gastan una fortuna en cartuchos y comienzan a retirarse de esa modalidad poco atractiva. Es precisamente ese desgaste económico el que la nueva partida presupuestaria trata de compensar, aunque sea de forma parcial.
Para el titular de un coto en una comarca como la de Cariñena (Zaragoza) o en zonas del Cinca y los Monegros (Huesca), el conejo no es un trofeo: es una gestión diaria que exige jornadas, desplazamientos, organización de batidas y mucha munición gastada en una pieza que apenas compensa en carne o en interés cinegético. La normativa vigente ya contempla herramientas específicas para esos municipios con sobrepoblación. La Ley 1/2015 de Caza de Aragón marca el marco general, y la Orden MAT/897/2026, que aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2026-2027, dedica un capítulo completo a las normas específicas de control del conejo en los cotos del anexo II, incluyendo el refuerzo mediante cazadores habilitados y la captura en vivo por parte de propietarios o arrendatarios de terrenos agrícolas afectados. El Gobierno de Aragón mantiene esa normativa recopilada en su página oficial de normativa de caza.
Codorniz y ciencia ciudadana, las otras dos patas de la ayuda
Los cartuchos no son la única línea de colaboración prevista para FARCAZA en el proyecto presupuestario de 2027. En conjunto, las tres ayudas sumarían 65.000 euros. Además de los 30.000 euros para munición, otros 20.000 euros se destinarían al seguimiento de la codorniz mediante distintos métodos de observación y censo, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre su presencia, abundancia y evolución en la comunidad. No es un gesto aislado: Aragón ya reforzó el seguimiento de esta especie en el propio Plan General de Caza 2026-2027, que limitó su aprovechamiento a la media veda y implantó un sistema obligatorio de comunicación de capturas a remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, una medida pensada para sostener con datos el futuro cinegético de una especie bajo presión regulatoria en toda Europa.
Los 15.000 euros restantes financiarían actuaciones de ciencia ciudadana relacionadas con especies cinegéticas. La idea es aprovechar las observaciones que los cazadores recogen durante sus propias jornadas de campo y trasladarlas a la Administración para que se incorporen a la gestión. Es un planteamiento que ya resuena entre quienes llevan años pidiendo que el conocimiento de quien pisa el monte cuente tanto como el de los técnicos de despacho, aunque la utilidad real de esos datos dependerá del protocolo de recogida y validación que finalmente se apruebe, un extremo que todavía no se ha hecho público.
Estas tres líneas se enmarcan en un presupuesto departamental mucho mayor. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, presentó el 9 de noviembre ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón unas cuentas departamentales de 302,99 millones de euros para 2027, un incremento del 48% respecto a los fondos propios del ejercicio anterior. Durante su comparecencia, Biendicho reivindicó el valor social, económico y ambiental de la caza y la pesca, así como su contribución al control de especies que provocan daños en los cultivos o pueden suponer riesgos sanitarios. El mismo paquete presupuestario contempla además una rebaja del 80% en las tasas de licencias de caza y pesca a partir de 2027, otra medida que, como la de los cartuchos, sigue pendiente de superar la tramitación en las Cortes.
Lo que falta por saber antes de que llegue el primer cartucho
Por ahora, ningún cazador aragonés tiene que tramitar nada relacionado con esta partida. El calendario es claro en lo que falta: primero debe aprobarse el presupuesto autonómico en su votación definitiva, y solo después podrá publicarse el instrumento que regule cómo se financia la compra y cómo reparte FARCAZA los cartuchos entre sus destinatarios. Hasta que ese texto exista, quedan en el aire cuestiones que determinarán si la ayuda llega de verdad a quien madruga para plantarse en un majano o recorre un talud con el hurón: qué municipios tendrán prioridad, qué modalidades de caza darán derecho a recibir munición, cómo se acreditará su uso y qué obligaciones asumirán los beneficiarios. Mientras esas condiciones no se publiquen, la partida de 30.000 euros sigue siendo, estrictamente, una previsión sobre el papel. Quien quiera hacerse una idea de lo que supone enfrentarse a un cado grande en terreno agrícola, con hurones, cascabel y paciencia, puede repasar cómo se vive una jornada real de control del conejo en tierras aragonesas, el mismo escenario que la nueva ayuda pretende aliviar económicamente.