Casi 174.000 euros que llevaban ocho temporadas acumulándose vuelven ahora al territorio de donde salieron. El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha autorizado un gasto de 173.985,42 euros para repartir entre los propietarios de los terrenos de las cuatro reservas de caza del Pirineo oscense las cuotas complementarias generadas por la venta de permisos de caza entre las temporadas 2017-18 y 2024-25, ambas incluidas.
El dinero procede de las reservas de Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque, todas en la provincia de Huesca, y se distribuirá entre 30 propietarios de terrenos que forman parte de estas reservas, principalmente ayuntamientos, mancomunidades forestales y entidades locales menores. El criterio aplicado es proporcional a la superficie que cada propietario aporta dentro de los límites de la reserva correspondiente, de modo que quien pone más terreno recibe una parte mayor del ingreso.
Los Valles y Viñamala concentran la mayor parte
Por reservas, Los Valles concentra la cantidad más alta, con 84.040,62 euros. Le sigue Viñamala, con 62.597,60 euros. Más atrás quedan Los Circos, con 14.445,60 euros, y Benasque, con 12.901,60 euros. Las cuatro cifras suman exactamente los 173.985,42 euros autorizados por el departamento.
No se trata de una estimación global del peso económico de la caza en el Pirineo, sino de un ingreso administrativo muy concreto: el que generan las cuotas complementarias ligadas a la venta de permisos durante esas ocho temporadas. Esas cuotas forman parte del sistema económico de los permisos de caza en terrenos sometidos a régimen especial, y la Administración las reparte después entre los titulares de los terrenos incluidos en cada reserva, tomando como referencia la superficie aportada por cada uno.
Ansó-Fago, a la cabeza del reparto
Entre los perceptores concretos, la Mancomunidad Forestal de Ansó-Fago encabeza la lista con 33.560,27 euros. Le siguen el Ayuntamiento de Sallent de Gállego, con 15.943,20 euros, y el Ayuntamiento de Panticosa, con 15.908,48 euros. Cierra ese grupo de principales beneficiarios el Valle de Hecho, con 14.513,16 euros. Los cuatro municipios y entidades están en la provincia de Huesca, aunque la Administración precisa que el reparto completo llega a 30 propietarios distintos, no solo a estos cuatro.
La lógica es sencilla de entender para cualquiera que conozca el monte: cuanto más terreno aporta un ayuntamiento o una mancomunidad dentro de los límites de la reserva, mayor es la parte del ingreso cinegético que le corresponde. Es un mecanismo que lleva funcionando desde hace décadas y que, en la práctica, convierte la superficie cedida al aprovechamiento de caza en un retorno económico tangible para quien la gestiona.
El decreto que sostiene el reparto
El Gobierno de Aragón ampara la operación en el régimen económico de las reservas de caza recogido en el Decreto 108/1995, de 9 de mayo, de la entonces Diputación General de Aragón, que desarrolló los títulos I, II y VII de la Ley 12/1992, de 10 de diciembre, de Caza de la Comunidad Autónoma. Esta norma reglamentaria creó el Registro de Terrenos Cinegéticos y estableció el marco de gestión de los terrenos sometidos a régimen especial, entre ellos las reservas de caza, fijando también las bases del reparto de los ingresos cinegéticos entre los propietarios según la superficie aportada.
Las cuatro reservas implicadas —Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque— tienen un origen anterior al propio decreto: nacieron entre 1966 y 1972 como Reservas Nacionales de Caza, orientadas sobre todo a la conservación y el aprovechamiento ordenado del sarrio. La Ley de Caza de Aragón de 2002 las transformó simplemente en «reservas de caza», manteniendo su funcionamiento. El Decreto 108/1995 es la pieza reglamentaria que, desde hace tres décadas, ordena cómo se gestionan económicamente estos terrenos de régimen especial, aunque conviene que cualquier lector interesado consulte el texto consolidado para confirmar si ha sufrido modificaciones posteriores en los artículos que afectan a este reparto concreto.
Un retorno que se queda en el territorio
Para los ayuntamientos y mancomunidades forestales del Pirineo oscense, este tipo de ingresos no es una anécdota contable. Son entidades que, en muchos casos, gestionan comarcas con escasa población y pocas fuentes de ingresos propias, y el dinero que revierte de la actividad cinegética se suma a otros aprovechamientos forestales como una vía más de sostenimiento económico. El propio Gobierno de Aragón ha explicado en otras ocasiones que la gestión ordenada de estas reservas, con guardería específica y criterios técnicos, ha traído beneficios económicos directos e indirectos a los municipios que las integran desde su creación.
La información oficial no detalla a qué partidas destinará cada beneficiario el dinero recibido, ni permite calcular cuántos empleos o inversiones concretas genera este reparto puntual. Por eso conviene distinguir bien los planos: son 173.985,42 euros de retorno directo repartidos entre 30 propietarios por ocho temporadas de cuotas complementarias, no una medición del impacto económico total de la caza en el Pirineo aragonés. Ese impacto más amplio —en empleo, gasto cinegético y aportación al PIB rural— se mide con otros estudios y otras metodologías, y no debe confundirse con esta cifra concreta.
El mecanismo, en cualquier caso, resulta ilustrativo de cómo funciona el aprovechamiento cinegético en terrenos públicos: el cazador paga su permiso, una parte de ese ingreso se convierte en cuota complementaria y el régimen económico fijado por decreto canaliza ese dinero hacia quienes, en última instancia, son dueños del monte donde se practica la caza. Para el sector cinegético aragonés, que vive también otros cambios normativos recientes como el nuevo Plan General de Caza para la temporada 2026-2027 o la futura rebaja de tasas que prepara el Gobierno aragonés, este tipo de repartos refuerza la idea de que la actividad cinegética bien gestionada deja huella económica en los pueblos del Pirineo, más allá del día de caza en sí.
