La Generalitat Valenciana ha aprobado un paquete de medidas que supone un giro relevante en su política cinegética. Entre los principales cambios figura la reducción del precio de la licencia autonómica de tipo A, la más habitual entre cazadores, que pasa de 12,99 a 5 euros, lo que representa una rebaja del 61,5 %. Asimismo, se eliminan las tasas para batidas y monterías en zonas con alta densidad de especies como el jabalí (Sus scrofa), el arruí (Ammotragus lervia) y el ciervo (Cervus elaphus).
El objetivo principal es facilitar el relevo generacional y reducir la carga económica que supone para muchos aficionados mantener su actividad. Además, estas medidas buscan incentivar la participación en los controles poblacionales ante el aumento de daños provocados por la fauna silvestre, especialmente en agricultura y ganadería. Según estimaciones, estos perjuicios superan los 50 millones de euros en la región.
Apoyo de la Federación y beneficios operativos
Desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) se ha valorado positivamente la reforma. La entidad destaca que la eliminación de tasas contribuirá a mejorar la gestión de poblaciones y tendrá efectos positivos en aspectos como la seguridad vial, la prevención sanitaria, la diversidad genética y la lucha contra la despoblación rural.
La rebaja fiscal no es la única modificación introducida. La nueva normativa contempla también medidas operativas que afectan a la gestión de cotos, permitiendo incorporar terrenos rústicos colindantes aún no acotados, lo que facilitará una gestión territorial más coherente y efectiva.
Además, se flexibilizan las licencias con nuevas opciones adaptadas a periodos concretos —como jornadas sueltas— o a modalidades específicas. Esto permitirá abrir la puerta a un perfil de cazador más ocasional y podría dinamizar el turismo cinegético regional.
Reformas legales y coordinación de acciones colectivas
La reforma incluye también mejoras en la regulación de las acciones colectivas de caza mayor, con nuevos mecanismos que permitirán organizarlas de forma simultánea y coordinada, mejorando la eficacia en los controles poblacionales. Junto a ello, se han ajustado los criterios legales sobre zonas de seguridad, con el objetivo de evitar malentendidos e incrementar la seguridad jurídica en campo.
Este paquete de cambios se enmarca en el acuerdo alcanzado entre las formaciones que integran el actual gobierno autonómico —PP y Vox— durante la tramitación de los presupuestos. La iniciativa responde a una preocupación creciente por los efectos de la sobreabundancia de fauna cinegética y plantea a la caza como una herramienta fundamental dentro de una estrategia de control sostenible y regulado.