Estados Unidos se prepara para dar un paso sin precedentes en materia de acceso cinegético y recreativo a terrenos públicos. El Departamento del Interior ha presentado una propuesta para ampliar las oportunidades de caza y pesca en 111 espacios gestionados por el Gobierno federal, una iniciativa que, de aprobarse definitivamente, supondría la mayor expansión de este tipo impulsada hasta la fecha por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.
La medida afectaría a 107 refugios nacionales de vida silvestre y cuatro criaderos nacionales de peces, repartidos por 32 estados. En conjunto, permitiría que más de 37 millones de hectáreas estuvieran disponibles para actividades cinegéticas dentro del sistema federal de refugios, una superficie que supera ampliamente la extensión de países como Alemania y que se aproxima a tres cuartas partes del territorio español.
El anuncio representa un importante respaldo a los cazadores y pescadores estadounidenses, especialmente en un contexto en el que el acceso a terrenos públicos se ha convertido en uno de los grandes debates relacionados con la gestión de la fauna y la conservación en Norteamérica.
Una ampliación histórica del acceso a terrenos públicos
Según los datos difundidos por el Departamento del Interior, la propuesta contempla más de 1.450 nuevas oportunidades de caza y pesca deportiva. Cada una de ellas corresponde a la autorización para practicar una modalidad concreta sobre una especie determinada en un espacio específico, lo que permite dimensionar con mayor precisión el alcance real de la iniciativa.
Las nuevas aperturas abarcan desde la caza mayor hasta la caza menor, pasando por aves migratorias, especies de montaña y distintas modalidades de pesca deportiva. Además, uno de los aspectos más destacados del proyecto es que algunos de estos espacios permitirían por primera vez la práctica de estas actividades.
En concreto, la propuesta incorpora oportunidades de caza o pesca en 14 refugios nacionales y tres reservas de peces donde hasta ahora no existían autorizaciones de este tipo, lo que demuestra que no se trata únicamente de ampliar temporadas o especies en lugares ya abiertos, sino de incorporar nuevos territorios al uso público.
El sistema de refugios nacionales de vida silvestre constituye una extensa red de áreas protegidas gestionadas por el Gobierno federal. Aunque su principal objetivo es la conservación de hábitats y especies, la legislación estadounidense contempla la caza y la pesca como usos compatibles siempre que no comprometan los fines de conservación de cada espacio.
Menos burocracia y más protagonismo para los estados
La iniciativa se enmarca dentro de la denominada Secretary’s Order 3447, una orden impulsada por el Departamento del Interior que busca revisar las restricciones existentes y facilitar el acceso de cazadores y pescadores a terrenos y aguas federales.
El planteamiento de la Administración Trump parte de una premisa clara: los espacios públicos deben permanecer abiertos a estas actividades salvo que exista una razón concreta, justificada y documentada para limitarlas.
El secretario del Interior, Doug Burgum, ha defendido públicamente la propuesta argumentando que durante años numerosos terrenos federales han estado sujetos a restricciones que considera innecesarias o alejadas de la realidad de la gestión cinegética llevada a cabo por los estados.
En este sentido, la reforma pretende reforzar la coordinación entre la normativa federal y las regulaciones estatales, otorgando un mayor peso a las administraciones locales en la toma de decisiones relacionadas con la fauna silvestre y las actividades recreativas asociadas a ella.
Más de 500 cambios regulatorios
La apertura de nuevos espacios no es el único cambio previsto. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre también ha anunciado una profunda revisión normativa que incluye más de 500 modificaciones o eliminaciones de disposiciones regulatorias actualmente vigentes.
El objetivo declarado es simplificar la legislación aplicable, reducir contradicciones entre administraciones y facilitar que los usuarios conozcan con claridad las normas que deben cumplir en cada refugio o reserva.
Desde el Gobierno estadounidense consideran que la coexistencia de normas federales y estatales ha generado en muchos casos situaciones complejas para cazadores y pescadores, por lo que una mayor armonización normativa contribuiría a mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Un motor económico para el mundo rural
La Administración también ha querido destacar la relevancia económica de estas actividades. Según los datos oficiales más recientes, 39,9 millones de estadounidenses practican la pesca recreativa y 14,4 millones participan en actividades cinegéticas.
En conjunto, ambos sectores generan un impacto económico superior a los 144.000 millones de dólares anuales, sustentando miles de empleos y contribuyendo al desarrollo de numerosas comunidades rurales.
Además, el modelo norteamericano de conservación se financia en buena medida mediante las aportaciones realizadas por cazadores y pescadores a través de licencias, permisos e impuestos específicos sobre armas, municiones, cañas y otros equipos relacionados con estas actividades.
Por ello, el Departamento del Interior presenta esta propuesta no solo como una ampliación de oportunidades recreativas, sino también como una herramienta para fortalecer la financiación de la conservación, impulsar las economías rurales y garantizar la continuidad de tradiciones profundamente arraigadas en la cultura estadounidense.