Seis terneros muertos en apenas un mes es el balance que arrastra una pequeña explotación de Molinos de Duero (Soria), un pueblo serrano asomado al pantano de la Cuerda del Pozo. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció el caso el 27 de octubre de 2026 y, con él, ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que lleva meses creciendo en la región: el ritmo con el que la Junta de Castilla y León resuelve los informes y paga las indemnizaciones por los daños del lobo.
El afectado es José Manuel Cornejo, titular de una explotación de 30 vacas que, según denuncia la organización agraria, ha sufrido seis ataques de lobo en apenas treinta días, sin que hasta ahora hubiera registrado una racha de incidentes de esta gravedad en años de actividad. Cornejo resume su malestar con una frase que ya circula entre los ganaderos de la comarca: «Queremos tener lobos por todos los sitios y que los mantengan los ganaderos». El ganadero sostiene que los agentes acuden a inspeccionar los animales atacados, pero que después no llega una respuesta a la altura del problema que tiene delante.
Un mes de ataques junto al pantano
Los seis episodios se han concentrado en las inmediaciones del pantano de la Cuerda del Pozo y de la Playa de Pita, en el término de Molinos de Duero (Soria), un entorno de gran afluencia turística en verano por sus playas de interior y sus rutas de senderismo. UCCL sostiene que las autoridades conocen la presencia reiterada de camadas de lobo en esta zona, lo que sitúa el conflicto justo en el cruce entre el reclamo turístico del paraje y la actividad ganadera que sigue sosteniendo el territorio durante todo el año.
La documentación disponible no permite reconstruir día a día el orden de los seis ataques ni detallar la edad o el valor individual de cada ternero perdido, extremos que solo podrán conocerse cuando se cierren los expedientes técnicos abiertos por cada episodio. Lo que sí queda claro es la consecuencia directa para una explotación de tamaño reducido: seis bajas en un mes suponen trabajo adicional de vigilancia, revisión de cerramientos y una presión económica que no se limita al valor del animal muerto, sino que incluye el lucro cesante y el tiempo dedicado a tramitar cada parte de daños.
UCCL: informes que se retrasan y se califican de «indeterminados»
UCCL presenta el caso de Molinos de Duero como ejemplo de lo que la organización define como abandono institucional del sector. La entidad denuncia que, pese a los avisos y partes tramitados por el ganadero, los informes técnicos de la Guardería Medioambiental acumulan retrasos injustificados o se resuelven con calificaciones de «indeterminado» sobre el origen del daño, una práctica que, a su juicio, permite a la Junta de Castilla y León eludir su responsabilidad presupuestaria en lugar de abonar los daños reales que sufren las explotaciones.
La organización lleva meses insistiendo en el mismo diagnóstico. UPA-COAG había reclamado ya en septiembre de 2026 el pago de diez millones de euros en indemnizaciones pendientes por ataques de lobo, con expedientes que entonces acumulaban hasta un año de retraso. UCCL Ávila, por su parte, denunció que la Junta llevaba sin abonar expedientes compensatorios desde octubre del año anterior. El propio Ejecutivo autonómico ha reconocido la dimensión del problema: el 24 de octubre de 2026 reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las transferencias estatales pendientes de 2025 y 2026 para financiar estas compensaciones, alegando que el retraso en los fondos nacionales le obliga a asumir con recursos propios el pago íntegro de las indemnizaciones por ataques de lobo a la ganadería extensiva.
La Administración autonómica dispone en su sede electrónica de un procedimiento específico para los pagos compensatorios derivados de daños del lobo en explotaciones ganaderas. Ese trámite existe, pero los baremos, los plazos exactos y la documentación exigida para casos como el de Molinos de Duero deben verificarse en la versión vigente del procedimiento, algo que este borrador no puede dar por cerrado sin consultar la resolución aplicable a estos seis expedientes.
El antecedente de septiembre: una promesa de pago en 30 días
En septiembre de 2026, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, reconoció en Ávila que el nuevo equipo de la Consejería se había encontrado con cerca de un año de indemnizaciones pendientes de pago a los ganaderos. Pino anunció entonces la intención de actualizar los baremos a precios reales de mercado, incluir el lucro cesante y poner en marcha un procedimiento simplificado para que las compensaciones llegaran en menos de 30 días antes de que terminara el año.
Mes y medio después, el caso de Molinos de Duero es precisamente lo que UCCL pone en duda a la vista de los hechos. La carta remitida por la Junta al Ministerio el 24 de octubre confirma que los fondos estatales de 2025 y 2026 siguen sin llegar y que la Administración autonómica sigue sosteniendo con cargo propio el pago de las indemnizaciones, pero no hay constancia pública de que los nuevos baremos con lucro cesante y el plazo de 30 días estén ya operativos para expedientes como los de este ganadero soriano.
La responsabilidad patrimonial por daños de fauna protegida también ha llegado a los tribunales. En un asunto distinto, Cazaflix informó de una sentencia que obligó a la Junta a indemnizar con 7.000 euros la muerte de un perro de caza atacado por un lobo en Riello (León). Aquel fallo no permite anticipar el resultado de los expedientes ganaderos de Molinos de Duero, pero sí deja claro que la acreditación del ataque y la actuación posterior de la Administración pueden acabar pesando en un juzgado.
Una tendencia que se repite en toda la comunidad
El episodio soriano no es un caso aislado, sino la punta de un problema que crece año tras año. Según los datos de la Junta de Castilla y León, la comunidad registró 4.474 ataques de lobo a explotaciones ganaderas en 2025, con 6.294 cabezas de ganado muertas y otras 585 heridas. En 2024 los ataques fueron 3.973, con 5.985 animales muertos; en 2023, 3.566; en 2022, 3.237; y en 2021, 2.694. En cinco años, los ganaderos de la comunidad han sufrido 1.780 ataques más, un incremento que la propia Junta cifró en un 47 % entre 2021 y 2024, coincidiendo con la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que impidió a las comunidades autónomas al norte del Duero gestionar la especie mediante controles poblacionales. La tensión no se limita a Soria. En octubre de 2026, ASAJA Ávila denunció cerca de una docena de ataques de lobo en apenas una semana entre la Sierra de Gredos y San Bartolomé de Pinares (Ávila), con pérdidas que la organización cifra muy por encima del valor de los animales muertos si se suman heridos, desaparecidos, gastos veterinarios y horas de trabajo. Son episodios denunciados por el sector, no un balance administrativo de ataques ya confirmados, pero dibujan el mismo patrón que describe un ganadero salmantino citado por El Debate: el lobo «ya mata hasta de día», algo que antes solo ocurría al alba o al atardecer. El debate no es idéntico en todos los territorios vecinos. La gestión planteada en La Rioja, que prevé autorizar la caza del lobo sin tasas ante el aumento de manadas y ataques, responde a sus propias competencias y no debe trasladarse automáticamente al marco de Castilla y León, donde la especie sigue protegida al norte del Duero.
Conservación y continuidad de la ganadería extensiva
El conflicto enfrenta dos objetivos que, sobre el papel, deberían ser compatibles: conservar el lobo y mantener explotaciones extensivas capaces de seguir trabajando en el territorio. El informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024, aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, certifica un estado de conservación favorable de la especie en España, un dato que para buena parte del sector choca de frente con el aumento sostenido de los ataques sobre el terreno.
UCCL concentra sus demandas en tres bloques concretos. Reclama el abono directo, ágil y actualizado de los daños materiales y del lucro cesante, sin trabas burocráticas ni calificaciones ambiguas que, según la organización, buscan denegar las ayudas. Exige también que la Guardería Medioambiental y los servicios técnicos emitan sus informes en tiempo y forma, reflejando con veracidad lo observado en el campo. Y pide un control poblacional real y transparente del lobo en las zonas donde la presión sobre el ganado hace inviable la continuidad de las familias rurales, entendiendo que el pago posterior de los animales perdidos no basta si no se actúa también sobre el origen recurrente de los daños. La forma jurídica concreta de aplicar ese control depende de la normativa estatal vigente sobre la especie, que sigue marcando el margen de actuación de la comunidad autónoma.
En pueblos como Molinos de Duero, la consecuencia de fondo es la continuidad de la actividad. Si una explotación pequeña acumula bajas, trabajo adicional y meses de espera para conocer el resultado de sus expedientes, la compensación económica puede llegar tarde o quedarse corta frente a lo realmente perdido. UCCL advierte de que esa presión favorece el abandono ganadero y agrava la fragilidad económica y demográfica de los pueblos sorianos que, como este, combinan pantano, turismo de verano y ganadería extensiva durante todo el año.
El caso queda pendiente de los informes definitivos sobre los seis terneros, de la resolución de las compensaciones y de una respuesta detallada de la Junta a las críticas de UCCL. Hasta entonces, la atribución administrativa de todos los ataques y el alcance económico de las pérdidas siguen abiertos, aunque la sucesión denunciada ya muestra el problema de fondo: los daños ocurren en el campo, pero su reconocimiento se decide después, en un expediente que puede tardar meses en resolverse.