Castilla-La Mancha dispone ya de un estudio de referencia sobre el peso real de la caza en su economía y en su medio rural. Se trata del «Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha (2023)», presentado públicamente en 2025, y encargado por la Junta con la colaboración de Fundación Artemisan. En el acto de presentación estuvo el presidente Emiliano García-Page, que respaldó el trabajo y subrayó la importancia del sector para la región.
Según el resumen de resultados difundido por Fundación Artemisan, la actividad cinegética aporta 1.141 millones de euros al PIB regional y mantiene 21.080 empleos, de los que 8.710 son directos. El estudio estima además un retorno fiscal de 133,4 millones entre IVA, IRPF y Sociedades, y cuantifica 7,1 millones en ingresos por licencias y tasas, 61,5 millones en importación turística y una presencia destacada de cazadores foráneos, que suponen el 54% de los visitantes cinegéticos.
Para el cazador, el titular de coto o el alcalde de un pueblo de sierra, las cifras aterrizan en cosas muy concretas: jornadas de monte, alojamientos abiertos en temporada, empleo en guardería y en rehalas, talleres ocupados y bares con vida. El informe también ofrece base para planificar gestión y defender con datos decisiones que afectan a cotos, propietarios y a la economía de muchos municipios dispersos de la región.
Qué mide el estudio y de dónde salen las cifras
El documento, disponible en la web oficial de la Junta dentro del apartado de notas informativas sobre caza y pesca, puede consultarse y descargar en este enlace: notas informativas de caza y pesca. Es un estudio con enfoque económico, social y ambiental, encargado por la administración autonómica y realizado con la colaboración técnica de Fundación Artemisan.
Entre los resultados centrales difundidos por la fundación sectorial figuran 1.141 millones de euros de PIB anual, 21.080 empleos totales (8.710 directos), 133,4 millones de retorno fiscal y 7,1 millones en licencias y tasas. Se suma el tirón turístico de 61,5 millones, con un 54% de cazadores procedentes de otras comunidades o países, y un dato territorial clave: el 87% del suelo regional, 6,9 millones de hectáreas, está declarado coto de caza.
Conviene leer con atención la metodología del PDF oficial para interpretar bien cada magnitud económica y sus limitaciones. El resumen de Fundación Artemisan habla expresamente de PIB para los 1.141 millones, pero la diferencia entre agregados como PIB o VAB, y el año base de cálculo, deben comprobarse en el documento completo para evitar lecturas simplistas o comparaciones impropias.
Empleo, superficie cinegética y gasto que se queda en el campo
El estudio atribuye a la caza 21.080 puestos de trabajo en la región, con 8.710 empleos directos vinculados al aprovechamiento cinegético y a oficios que lo sostienen. Traducido al día a día, son guardas que conocen cada majano, cuadrillas de montería, guías de rececho, hostelería que abre fuera de verano y talleres que funcionan cuando el resto del país baja la persiana. Es actividad económica repartida y pegada a los pueblos.
Que el 87% del territorio regional sea coto (6,9 millones de hectáreas) explica por qué los cotos, sus titulares y sus guardas son piezas de gestión fundamentales. En ese mosaico de dehesas, sierra y llano se decide la salud de la perdiz y del conejo, pero también el equilibrio del corzo y del jabalí. El informe da respaldo cuantitativo a una realidad diaria: sin gestión y sin cotos vivos, el campo pierde fauna y economía.
Los cazadores invierten 53 millones de euros al año en gestión y conservación, una cifra que baja a tierra en comederos, puntos de agua, siembras, arreglos de caminos y formación. A eso se suma la importación turística de 61,5 millones y el efecto tractor sobre alojamientos rurales y restauración. El tejido cinegético también impulsa iniciativas de seguimiento, como el censo simultáneo de codorniz en España, que ayudan a tomar decisiones mejor informadas.
Seguridad vial y gestión: datos de accidentes y control poblacional
El informe recoge 3.777 accidentes de tráfico en 2022 en los que intervinieron especies cinegéticas en Castilla-La Mancha, con el corzo implicado en el 54,3% de los siniestros y el jabalí en el 33,47%. Más allá del dato, hay una consecuencia práctica: planificar batidas, ganchos y esperas con cabeza no solo mejora la salud de las poblaciones, también reduce riesgos para conductores y daños a la agricultura.
La experiencia en otras autonomías muestra que una gestión constante ayuda a contener daños. Ahí están casos como la retirada de jabalíes en la Comunidad Valenciana, con fuerte participación de los cazadores, que ilustra cómo combinar control poblacional y seguridad. Cada territorio requiere su propio plan técnico, pero el patrón de trabajo y la coordinación funcionan cuando hay respaldo y método.
Para situar el marco regulador anual, puede consultarse la Orden de Vedas 2026/27 de Castilla-La Mancha. Y para profundizar en cifras y metodología, lo adecuado es descargar el PDF oficial en la web de la Junta y revisar el resumen divulgativo de Fundación Artemisan, disponible aquí: resumen del estudio con principales resultados.