Después de cuatro décadas sin una normativa clara, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha aprobado el primer Programa de Uso Público del Parque Natural Sierra de Grazalema, una medida que busca ordenar el creciente tránsito de visitantes y actividades recreativas en este enclave gaditano, frecuentado por miles de personas cada año.
El parque llevaba desde 1985 sin una regulación específica sobre usos como el senderismo, el cicloturismo, el vuelo libre o las pruebas deportivas. El nuevo plan aspira a garantizar la conservación sin comprometer su uso turístico, pero su contenido ha despertado cierta inquietud entre los sectores tradicionales que operan en el monte, como los cazadores y gestores de cotos.
Las dudas sobre la convivencia con la caza
Uno de los puntos más controvertidos es que la norma no aborda con claridad los conflictos recurrentes entre senderistas y cotos, pese a que se trata de un escenario cada vez más habitual en determinadas épocas del año. No se indica de forma explícita la obligación de respetar zonas de seguridad ni se establece la prevalencia legal de un uso sobre otro, lo que podría generar problemas operativos en jornadas de caza o batidas autorizadas.
Desde el sector cinegético se advierte que, sin una regulación precisa y realista, se corre el riesgo de alimentar la confrontación y la inseguridad jurídica en el monte. Además, preocupa que se mantenga la posibilidad de autorizar pruebas deportivas sin un marco claro, lo que incrementa la presión sobre los terrenos cinegéticos, especialmente en fincas donde conviven varios usos.
Se abre la mano al senderismo… pero sin planificación completa
El plan sí contempla facilidades para las actividades recreativas, como la apertura de nuevas rutas de senderismo en zonas hasta ahora restringidas o el acceso limitado a enclaves como la Crestería de la Sierra del Pinar y la cueva del Hundidero, antes prohibida. También se anuncia el estudio de nuevas rutas por caminos tradicionales y vías pecuarias, algunas de ellas con fuerte presión actual como el pinsapar del Pinar o el sendero del Majaceite.
Sin embargo, no se garantiza el libre tránsito por todas las vías pecuarias ni caminos públicos, debido a la falta de deslindes y registros oficiales. La medida genera inseguridad jurídica tanto para usuarios como para titulares de fincas por las que discurren estos caminos, lo que podría derivar en conflictos o restricciones de acceso no resueltas.
Vehículos a motor, acampadas y otros puntos pendientes
Otro aspecto polémico del programa es que se permitirá el acceso en vehículos a motor por pistas forestales hacia zonas de especial valor ambiental, como los Llanos del Rabel o el puerto del Pinar. Esta decisión ha sido criticada por varios sectores por el impacto que puede generar en la fauna y en quienes recorren el parque a pie, y por el agravio comparativo que supone para quienes sí deben solicitar autorizaciones para actividades mucho menos invasivas.
Tampoco se contempla, por ahora, ninguna zona de acampada libre y controlada ni la adecuación de refugios de montaña, a pesar de la demanda creciente entre los usuarios que realizan travesías de varios días. El modelo planteado parece diseñado más para el excursionismo de un solo día que para quienes recorren la sierra con profundidad y conocimiento del medio.
Una norma que llega tarde y no resuelve los retos del campo
La aprobación del Programa de Uso Público del Parque Natural de Grazalema, tras 27 años de trámites y dos intentos fallidos en 1998 y 2006, supone un cambio relevante en la gestión del espacio. Pero su enfoque, más centrado en actividades deportivas y recreativas, deja sin resolver muchos de los retos que afectan al uso tradicional del monte, como la actividad cinegética, la ganadería extensiva o el tránsito vecinal por caminos históricos.
Para los cazadores y gestores de terrenos, la llegada de esta norma es una oportunidad perdida para definir un marco equilibrado, que no sólo facilite el acceso del visitante ocasional, sino que proteja también los usos que han sostenido el territorio durante generaciones. Y si no se corrigen estos desequilibrios, todo apunta a que los problemas se trasladarán de los despachos al monte.