Una imagen tomada en El Escorial (Madrid) está llamando la atención por el contraste entre dos carteles municipales colocados prácticamente uno encima del otro. Ambos regulan cuestiones relacionadas con animales presentes en el espacio público, pero el mensaje que recibe el ciudadano cambia considerablemente dependiendo de si se trata de un perro con propietario o de los gatos comunitarios pertenecientes a una colonia felina.
En la parte superior del poste, el Ayuntamiento recuerda a los propietarios de perros que deben evitar que sus animales depositen excrementos y orines en lugares de paso habitual y que, si ocurre, están obligados a retirarlos o limpiar inmediatamente la zona afectada. El aviso termina con una advertencia difícil de pasar por alto: «Sanción entre los 300 y 3.000 euros».
Apenas unos centímetros más abajo aparece el segundo cartel. En este caso informa de la existencia de una «colonia felina controlada», gestionada mediante el sistema CES/CER de captura, esterilización y retorno, y solicita a los ciudadanos que respeten a los animales. Entre otras indicaciones, pide «no molestar a los gatos» y «no retires ni alteres el alimento, comederos o refugios».
Hasta 3.000 euros si no se cumplen las obligaciones con el perro
La advertencia dirigida a los propietarios de perros responde a las obligaciones establecidas en la normativa municipal de El Escorial. El Ayuntamiento ya recordó durante una campaña desarrollada en 2022 que los responsables de estos animales deben impedir, en la medida de lo posible, que depositen sus excrementos y orines en lugares de tránsito habitual.
Cuando esto sucede, el propietario debe retirar las heces o limpiar la zona afectada. El incumplimiento de estas obligaciones puede terminar en sanciones que, según recuerda el propio cartel municipal, oscilan entre los 300 y los 3.000 euros.
La existencia de un propietario permite además identificar claramente quién tiene la responsabilidad sobre el animal. Es esa persona la que debe hacerse cargo de las consecuencias derivadas de llevar a su perro por el espacio público y cumplir las obligaciones establecidas en la ordenanza.
La situación cambia en el caso de los gatos comunitarios, ya que estos animales no tienen un propietario particular que pueda acompañarlos y retirar inmediatamente sus deposiciones. Su gestión corresponde a las administraciones locales dentro del marco establecido por la legislación vigente.
El cartel situado debajo protege una colonia felina
La segunda señal informa precisamente de la presencia de una colonia felina controlada. Además de pedir que no se moleste a los animales, advierte a los ciudadanos de que no deben retirar ni modificar los elementos empleados para su mantenimiento, entre ellos los comederos, el alimento y los refugios instalados para los gatos.
Esta protección tiene actualmente respaldo en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que dedica varios artículos a los denominados gatos comunitarios y atribuye a las entidades locales la gestión de sus poblaciones.
La norma establece que los ayuntamientos deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas que incluyen, entre otras actuaciones, el censo de los animales, su esterilización, identificación, atención sanitaria y el establecimiento de protocolos destinados a resolver los conflictos vecinales que puedan surgir.
La ley también impone obligaciones a los ciudadanos respecto a estos animales y sus instalaciones. Esto explica que los carteles municipales pidan expresamente no alterar los refugios o puntos de alimentación utilizados dentro de una colonia gestionada.
Esto no significa que las deposiciones de los gatos estén permitidas
La proximidad de ambos avisos puede transmitir una imagen especialmente chocante, pero existe un matiz importante. La normativa no establece que las deposiciones de los perros deban limpiarse mientras que las de los gatos comunitarios puedan permanecer indefinidamente en calles, parques o jardines.
La diferencia fundamental está en quién tiene la responsabilidad sobre cada animal. El perro cuenta con un propietario al que pueden exigirse directamente determinadas obligaciones y, en su caso, sancionarle por incumplirlas. Los gatos comunitarios, en cambio, carecen de propietario particular y su gestión corresponde a la Administración competente.
Esto implica que las colonias felinas también deben gestionarse teniendo en cuenta cuestiones como la higiene, la alimentación y la convivencia con los vecinos. La protección de los gatos no convierte las colonias en espacios ajenos a cualquier control sanitario o de limpieza.
Precisamente uno de los asuntos que más controversia genera alrededor de estas poblaciones es cómo compatibilizar el bienestar de los gatos con la higiene de los espacios públicos, la convivencia vecinal y la protección de la fauna silvestre.
Una imagen que resume un debate mucho mayor
Más allá del caso concreto de El Escorial, los dos carteles resumen gráficamente una situación que se repite en numerosos municipios desde que las colonias felinas adquirieron una regulación específica. Los propietarios de perros están sujetos a obligaciones individuales claramente identificables, mientras que los gatos comunitarios viven en libertad y quedan integrados en programas cuya responsabilidad recae sobre las entidades locales.
La Ley 7/2023 establece como objetivo el control poblacional de estos gatos mediante su esterilización y contempla una reducción progresiva de su población, al mismo tiempo que protege a los ejemplares que forman parte de las colonias y restringe las circunstancias en las que pueden ser retirados o desplazados.
El debate alrededor de este modelo no se limita a la limpieza. La presencia de gatos en libertad ha generado también discusiones relacionadas con su impacto sobre la fauna silvestre, la transmisión de enfermedades, la alimentación en espacios públicos y los conflictos que algunas colonias pueden provocar entre los vecinos.
Por eso resulta tan llamativa la fotografía tomada en El Escorial. En un mismo poste, un cartel advierte al dueño de un perro de sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros si incumple sus obligaciones y, justo debajo, otro recuerda que una colonia de gatos comunitarios está protegida y que sus animales, alimentos, comederos y refugios deben respetarse.
Dos mensajes diferentes separados apenas por unos centímetros que reflejan, en realidad, dos regímenes de responsabilidad distintos para animales que comparten los mismos espacios públicos.