La provincia de León tiene registradas 2.047 cacerías de jabalí realizadas o comunicadas para celebrarse antes del cierre de la temporada, una cifra que la Junta de Castilla y León considera normal en términos de actividad cinegética, incluso tras la declaración de la emergencia por Peste Porcina Africana (PPA) en toda la Comunidad.
Desde el servicio territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta en León aseguran que la orden aprobada en diciembre para reforzar la prevención frente a la PPA no ha supuesto, de momento, un incremento real de las batidas ni una mayor presión sobre el territorio. Según explican, el número de monterías y ganchos se mantiene dentro de los parámetros habituales de cualquier campaña.
Sin cambios en los trámites administrativos
La Administración autonómica subraya que la orden no modifica los procedimientos administrativos vigentes. Las cacerías de jabalí continúan sometidas al régimen de comunicación o autorización establecido en la normativa actual, tal y como recoge la orden MAV/1434/2025. En ella se permite la celebración de monterías y ganchos entre el cuarto domingo de septiembre y el cuarto domingo de febrero, conforme a la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León.
Todas las cacerías comunicadas o autorizadas quedan registradas en los sistemas de la Junta, lo que permite un control exhaustivo de la actividad cinegética. La norma elimina límites en el número de monterías y ganchos, suprime la exigencia de una superficie mínima y permite la repetición de estas modalidades en las mismas manchas, siempre dentro del marco administrativo ya conocido por el sector.
Medidas amplias, pero sin aplicación automática
La orden fue presentada el 11 de diciembre por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y declara la emergencia cinegética por jabalí en Castilla y León con un enfoque preventivo frente a la PPA.
Entre las medidas previstas figuran la ampliación de los días hábiles de caza —hasta 305 días—, la eliminación de cupos en los planes cinegéticos, la autorización de modalidades como el rececho, el aguardo con visores nocturnos, la caza al salto y en mano, así como la flexibilización del sistema de precintado y comunicación de capturas. También se contemplan controles poblacionales excepcionales durante los 365 días del año, incluso en terrenos no cinegéticos, aunque desde la Delegación Territorial de León insisten en que estas herramientas no se aplican de forma automática.
Desde Medio Ambiente consideran que el marco aprobado es suficiente para que el sector cinegético responda a la situación sanitaria, llegando incluso a calificarlo de amplio en cuanto a margen de actuación. En este contexto, descartan que los agentes medioambientales vayan a asumir controles directos de población, al entender que la gestión debe recaer principalmente en titulares cinegéticos y cazadores.
La declaración de emergencia se enmarca en una actuación coordinada entre las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y ha sido objeto de diálogo con el sector. El objetivo, según la Junta, es anticiparse a posibles riesgos sanitarios, proteger al sector porcino y mantener el equilibrio entre prevención, gestión cinegética y conservación, sin que ello implique, por ahora, un aumento efectivo de las cacerías en la provincia de León.