La Comisión Europea ha dado un paso decisivo hacia la desaparición de la munición de plomo en la caza. El Comité REACH aprobó el pasado 25 de junio la prohibición del uso de perdigones de plomo, estableciendo un periodo transitorio de siete años antes de que la medida entre plenamente en vigor. La decisión no afecta, por el momento, a las balas utilizadas en rifles.
Aunque el sector cinegético consiguió ampliar considerablemente el plazo inicialmente planteado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que proponía únicamente 18 meses de adaptación, las organizaciones de cazadores consideran que la prohibición sigue siendo precipitada y carece del respaldo científico necesario para garantizar una transición segura.
De 18 meses a siete años: una negociación que evita el peor escenario
La decisión aprobada supone una mejora respecto a la propuesta inicial elaborada por el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA, que contemplaba un periodo transitorio de apenas año y medio. Durante los últimos meses, las federaciones nacionales de caza y las organizaciones representativas del sector han mantenido una intensa labor de interlocución con las instituciones europeas para lograr un calendario más realista.
Ese trabajo ha permitido ampliar el plazo hasta los siete años, un periodo que el sector considera más asumible para que fabricantes, distribuidores y cazadores puedan adaptarse progresivamente a las nuevas exigencias. Sin embargo, las organizaciones cinegéticas recuerdan que el problema no reside únicamente en el tiempo disponible para la transición, sino en la falta de garantías sobre las alternativas que deberán utilizarse una vez entre en vigor la prohibición.
Desde el colectivo recuerdan que miles de escopetas actualmente en uso podrían no ser compatibles con determinados tipos de munición sustitutiva y advierten de que la sustitución del plomo plantea interrogantes que, aseguran, siguen sin resolverse.
Los cazadores cuestionan la falta de respaldo científico
El principal motivo de preocupación expresado por las federaciones de caza es que la Comisión Europea haya impulsado esta prohibición sin disponer, según denuncian, de estudios científicos concluyentes que avalen el comportamiento de las municiones alternativas.
El sector reclama investigaciones específicas sobre la seguridad frente a los rebotes, la toxicología de los materiales sustitutivos, la compatibilidad con las armas actualmente existentes y la capacidad de estas municiones para garantizar una muerte rápida y ética de las piezas de caza, un aspecto directamente relacionado con el bienestar animal.
Las organizaciones cinegéticas sostienen que una transición de este alcance no debería limitarse a una decisión regulatoria, sino apoyarse en evidencias técnicas que permitan garantizar la continuidad de la actividad cinegética sin incrementar los riesgos para los cazadores ni comprometer la eficacia de la caza.
La batalla se traslada ahora al Parlamento Europeo
La aprobación del Comité REACH no supone todavía el final del procedimiento legislativo. El Parlamento Europeo dispone ahora de un plazo máximo de tres meses para pronunciarse sobre la propuesta, una fase en la que el sector cinegético tratará de impedir que la prohibición llegue a aplicarse.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los eurodiputados españoles para trasladarles las consecuencias que, a su juicio, tendrá esta medida sobre miles de cazadores y sobre el futuro de la actividad.
El presidente de la RFEC, Josep Escandell, asegura que las federaciones defenderán ante los representantes españoles que la prohibición se ha aprobado sin estudiar suficientemente sus repercusiones económicas, sociales y técnicas, y solicitarán que el Parlamento Europeo vete una medida que consideran carente de alternativas plenamente contrastadas.