Una carabina del calibre 22 LR, un visor óptico y los restos de varios animales de caza mayor fueron suficientes para que la Guardia Civil abriera una investigación por un presunto delito contra la fauna en la Sierra de Segura (Jaén). El episodio, conocido este 5 de noviembre, vuelve a poner el foco en un problema que persigue a los cotos y reservas de la provincia desde hace años: el furtivismo que se mueve de noche, con armas de precisión y sin ningún permiso del titular del terreno.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de La Puerta de Segura identificaron dos vehículos y a sus ocupantes en las proximidades del municipio de Arroyo Frío (Jaén), dentro de un dispositivo de vigilancia específico contra la caza furtiva. En el interior de los coches aparecieron tres cabezas de gamo, una de ciervo, dos de jabalí y un gamo despiezado, además del arma y el visor. La Guardia Civil investiga ahora a tres personas, de entre 21 y 52 años, como presuntas autoras de cazar sin autorización en un espacio protegido y durante la época de veda, según recoge Ideal.
Lo que llevaban en el coche
El material intervenido combina el arma de caza y los trofeos que delatan la actividad: una carabina de calibre 22 LR, que es un rifle de ánima rayada pensado para piezas de tamaño medio, acompañada de un visor óptico para precisar el disparo a distancia. Junto a ellos, los agentes contabilizaron hasta seis cabezas completas —tres de gamo, una de ciervo y dos de jabalí— y un séptimo ejemplar de gamo ya despiezado, es decir, troceado para su transporte o consumo. La condición de investigados no equivale a una condena: corresponde ahora a la instrucción judicial determinar dónde y cuándo se abatió cada animal y qué responsabilidad tuvo cada uno de los tres ocupantes de los vehículos. Las diligencias y los efectos intervenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.
La Sierra de Segura forma parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido más extenso de Andalucía, que además alberga una Reserva Andaluza de Caza gestionada directamente por la Junta. Cazar en ese tipo de terrenos exige puesto adjudicado por sorteo público o autorización expresa del organismo gestor, de modo que cualquier captura al margen de ese circuito queda automáticamente fuera de la legalidad, con independencia de la fecha del calendario.
Un historial de controles que no cesa en la comarca
La zona no es nueva en este tipo de episodios. En noviembre de 2022, la Guardia Civil investigó a cuatro personas en Santiago-Pontones, también en plena Sierra de Segura, después de que los agentes escucharan disparos y sorprendieran a dos hombres escondidos entre la maleza. En el registro posterior del vehículo con el que huían aparecieron un rifle monotiro con silenciador, munición, visores y, tras una batida por la zona, un gamo y un jabalí decapitados. Más recientemente, en septiembre de este año, la Guardia Civil también investigó a dos vecinos de Villacarrillo y Quesada por un presunto delito contra la flora y fauna silvestre en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas: en ese caso localizaron la cabeza decapitada de un gamo macho adulto en el Paraje Santuario de Tíscar, término de Quesada, con agravantes por haberse cometido de noche y en un espacio protegido de alto valor ecológico.
Ese patrón se repite con cierta frecuencia en la provincia. El Seprona también intervino meses atrás un jamón y un lomo de corzo durante un control en una carretera secundaria andaluza, según relató Cazaflix, un expediente distinto al actual pero que ilustra la misma preocupación de fondo: controlar el origen y la trazabilidad de la carne de caza que circula sin papeles. Para los cazadores con permiso en regla, cada uno de estos casos erosiona la imagen de una actividad que, bien gestionada, sostiene la economía rural y el control de poblaciones de ungulados en el monte andaluz.
La veda que no cuadra con el calendario general
La Guardia Civil atribuye a los investigados haber cazado «en época de veda», pero esa calificación necesita matizarse. El calendario cinegético andaluz para la temporada 2026/2027, fijado por la Resolución de 1 de junio de 2026 publicada en el BOJA, sitúa el periodo general hábil para ciervo, gamo, muflón y jabalí entre el 17 de octubre de 2026 y el 14 de febrero de 2027, de manera que el 5 de noviembre, fecha de la intervención, entraría dentro de ese margen general, tal y como también recoge Cazaflix al repasar el calendario de la temporada. La explicación más probable de la aparente contradicción está en que la Reserva Andaluza de Caza de Cazorla y Segura, al ser un terreno de gestión directa de la Junta, puede tener su propio plan técnico con fechas, modalidades o cupos distintos a los del periodo general, pero ese documento específico no ha podido confirmarse de forma independiente. Lo que sí queda acreditado por la propia actuación es que los tres investigados no contaban con autorización para cazar en ese terreno, con independencia de si la fecha concreta estaba o no dentro del calendario ordinario.
Esa distinción no es menor para quien caza de forma reglada: contar con el periodo hábil abierto no sirve de nada si no se dispone del permiso del titular del coto o, en este caso, de la reserva pública, ni si no se respeta el plan técnico aprobado para esa temporada. Es precisamente la combinación de ambos requisitos —fecha y autorización— la que separa una jornada legal de un presunto delito.
Qué puede implicar un delito contra la fauna
El Código Penal regula estos hechos en los artículos 335 y 336, dentro del capítulo dedicado a los delitos contra la flora y la fauna. El artículo 335.1 castiga cazar especies no protegidas cuando está expresamente prohibido por la normativa específica, con pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para cazar o pescar de dos a cinco años; si la conducta causa graves daños al patrimonio cinegético de un terreno con régimen especial —como ocurre en una reserva de caza—, la pena puede subir a prisión de seis meses a dos años, además de la misma inhabilitación. El Tribunal Supremo ha confirmado además que cazar en periodo de veda constituye por sí mismo un delito contra la fauna al poner en riesgo la biodiversidad, no una simple infracción administrativa. A todo ello se suma que actuar dentro de un espacio natural protegido, como el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, puede agravar la pena en un grado, según recoge el artículo 338 del Código Penal.
Más allá de la vía penal, la tenencia del arma, la carencia de documentación cinegética o la falta de trazabilidad de la carne intervenida podrían derivar en expedientes administrativos paralelos, aunque esa posibilidad no aparece confirmada en las diligencias conocidas hasta ahora. Lo que el caso vuelve a dejar claro es la distancia entre la actividad cinegética regulada, sujeta a sorteo, plan técnico y precintos, y el furtivismo que actúa de noche o fuera de temporada, dificultando tanto la gestión ordenada de las poblaciones de ciervo, gamo y jabalí como el trabajo diario de guardas y agentes forestales en una de las sierras con más tradición cinegética de Andalucía.