La Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a tres personas en el marco de la operación «QUACKERS» por su supuesta implicación en una trama dedicada a falsificar certificados sanitarios vinculados al transporte y comercialización de carne de caza menor.
Según ha informado el instituto armado, los investigados habrían utilizado de forma fraudulenta la identidad de una persona con la formación habilitante necesaria para certificar sanitariamente piezas de caza destinadas al consumo humano. Gracias a esa documentación presuntamente falsificada, las piezas abatidas en distintas cacerías celebradas en Ciudad Real, Albacete y Cáceres eran trasladadas hasta una sala de despiece y tratamiento ubicada en la provincia de Jaén, donde posteriormente eran procesadas y comercializadas.
La investigación comenzó después de que la víctima denunciara el pasado mes de marzo la suplantación de su identidad. A partir de esa denuncia, los agentes iniciaron distintas actuaciones para esclarecer unos hechos que podrían constituir delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental.
Una práctica supuestamente habitual
Durante el desarrollo de la operación, los agentes recopilaron documentación en las instalaciones donde se trataba la carne con el objetivo de comprobar la autenticidad de los certificados sanitarios empleados para el traslado de las piezas de caza menor.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, las declaraciones recogidas durante la investigación apuntan a que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica que se venía realizando de forma habitual para dar cobertura legal tanto a la inspección sanitaria inicial como al transporte de las piezas abatidas hasta la sala de tratamiento.
Los investigadores consideran que los implicados utilizaban la identidad de la víctima para amparar documentalmente el registro sanitario de las piezas y facilitar así su entrada en el circuito comercial.
Riesgo para la salud pública
La Guardia Civil ha advertido además de que estos hechos podrían haber comprometido la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, ya que la falsificación de los controles dificultaría la detección de posibles patologías antes de la comercialización del producto.
Tras reunir las pruebas necesarias durante el mes de abril, los agentes procedieron a investigar a tres personas como presuntas autoras de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.
Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a los Tribunales de Instancia de La Carolina.