El enfrentamiento entre el Gobierno de España y el sector cinegético suma un nuevo capítulo. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado un recurso contra la Orden de Control de Predadores de Andalucía, una normativa aprobada por la Junta que regula las actuaciones de control sobre determinadas especies y que el colectivo venía reclamando desde hace más de dos décadas.
La decisión ha provocado una contundente reacción de la Federación Andaluza de Caza (FAC), que considera que el recurso responde a criterios ideológicos y no a argumentos técnicos o científicos. La entidad anuncia además que ya se ha personado en el procedimiento judicial, al igual que Fundación Artemisan, para defender la validez de la norma.
Una orden esperada durante más de 25 años
La Orden de Control de Predadores era una de las principales reivindicaciones históricas del sector cinegético andaluz. Su aprobación supuso, según defendieron tanto la Junta de Andalucía como numerosas entidades del ámbito de la gestión de fauna, dotar a los gestores del medio natural de una herramienta específica para actuar sobre determinadas especies cuya proliferación puede generar desequilibrios ecológicos.
La regulación fue elaborada siguiendo criterios técnicos y científicos, con el objetivo de establecer un marco legal para el control poblacional de predadores dentro de las estrategias de conservación de la biodiversidad. Precisamente ese carácter técnico es el que ahora reivindican los cazadores frente al recurso presentado por el Ejecutivo central.
Desde la Federación Andaluza de Caza sostienen que resulta especialmente llamativo que una norma cuya tramitación se prolongó durante décadas termine siendo objeto de un recurso por parte del Gobierno, cuando consideran que responde a necesidades reales de gestión del territorio y del medio natural.
La FAC acusa al Gobierno de actuar por motivos ideológicos
El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, ha mostrado su «profunda indignación» por la decisión del Ministerio. A su juicio, el recurso supone un nuevo ejemplo de la confrontación política que, según denuncia el sector, mantiene el Gobierno con la actividad cinegética.
Mancheño afirma que la Orden no nació para favorecer la caza, sino para mejorar la conservación del patrimonio natural andaluz mediante herramientas de gestión poblacional. En este sentido, considera «incomprensible» que una regulación elaborada bajo criterios técnicos termine utilizándose como elemento de confrontación política.
El dirigente federativo insiste además en que los cazadores llevan décadas colaborando en la conservación de los ecosistemas y que el control de determinadas especies forma parte de la gestión habitual de numerosos espacios naturales cuando existe respaldo técnico y administrativo.
Fundación Artemisan también defenderá la norma
La Federación Andaluza de Caza ha confirmado igualmente que Fundación Artemisan se ha personado en el procedimiento abierto tras los recursos presentados tanto por el Gobierno de España como por Ecologistas en Acción Andalucía.
Desde la organización cinegética consideran que el proceso judicial permitirá defender la base científica de la Orden y demostrar que su contenido responde a criterios de conservación y gestión sostenible de la fauna silvestre.
Para la FAC, el verdadero debate no gira en torno al control de predadores, sino sobre el papel que debe desempeñar la caza en la gestión del medio natural. En palabras de José María Mancheño, determinados colectivos continúan intentando convertir la actividad cinegética en un adversario político, cuando, según sostiene, los cazadores forman parte de la solución para conservar los ecosistemas y mantener el equilibrio de la fauna.